¿Se entregarán?

EL martes de la semana  pasada, el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, hizo un sorprendente anuncio. En una entrevista en Caracol Radio afirmó que cerca de cinco mil integrantes de las llamadas bandas criminales estarían dispuestos a someterse a la justicia. También, que entregarían las armas y abandonarían las actividades ilegales, incluidas las relacionadas con el narcotráfico.

"Ellos son más de cinco mil personas en todo el país. Estos son grupos de mafiosos, no necesitan negociar, sino determinar qué personas van a hablar, cuántas son, en qué lugar, en qué fecha, la cárcel que va a ser destinada, el juez que los va a juzgar, todo lo que incluye un sometimiento a la justicia", dijo el prelado. Reveló que en la eventual entrega estarían, entre otros, los hermanos Luis y Javier Calle Serna, conocidos como Los Comba, jefes de Los Rastrojos. Y mencionó otras estructuras, como Los Paisas y Los Urabeños.

A lo largo de la semana anterior, Vidal fue enfático en reafirmar que no se trata de una negociación, como ocurrió con los grupos paramilitares, y en la cual él jugó un importante papel, sino de un sometimiento a la justicia. El presidente Santos y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, han afirmado que si bien es claro que el gobierno no realizará ningún tipo de negociación con las bacrim, la puerta para que se sometan a la justicia y se entreguen está abierta.

No es la primera vez que el tema de entregas de integrantes de bandas sale a relucir. Pero a diferencia de oportunidades anteriores, en esta ocasión el proceso parece ir mucho más adelantado. Los primeros sondeos entre jefes de bandas para someterse a la justicia comenzaron desde finales del año pasado, cuando algunos comenzaron a explorar la posibilidad de entregarse. La idea era una entrega masiva y simultánea de las principales estructuras de las bacrim. Eso implicó el cruce de mensajes entre diferentes jefes, muchos de ellos rivales, con el fin de garantizar la entrega de todos, o por lo menos de los principales cabecillas de esas organizaciones. "La idea era buscar una solución real y de fondo. Si se entregaban un jefe y su grupo, ese espacio iba a ser copado por el amigo o el enemigo, y ahí no se hace nada. Por eso se buscó comprometer a la mayoría", dijo a SEMANA una persona cercana al proceso.

Ese cruce de comunicaciones entre capos durante meses terminó en que hoy están dispuestos a someterse Los Comba y 'Diego Rastrojo', jefe militar de la estructura de Los Rastrojos. Otro de los personajes que están involucrados es Daniel 'el Loco' Barrera, considerado uno de los grandes capos del país. También estaría José Eberto López, alias 'Caracho', quien quedó al frente del llamado Erpac, el grupo del oriente del país que lideraba alias 'Cuchillo', muerto en una operación policial. Estaría, además, Héctor Germán Buitrago, alias 'Martín Llanos', jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, que no ingresó al proceso de desmovilización de las AUC. El único de los grandes grupos sucesores de los paramilitares que hasta ahora ha sido renuente a hacer parte de este plan es el de Los Urabeños, liderados por Juan de Dios y Darío Úsuga, quienes están aprovechando estos procesos para expandirse a sangre y fuego hacia otras zonas del país, diferentes al Urabá, en donde tradicionalmente actúan.

El anuncio de la intención de someterse ha despertado muchas suspicacias respecto a las verdaderas intenciones de estos capos. Varios de esos jefes, consultados por SEMANA, coinciden en afirmar que ven en el gobierno Santos una verdadera voluntad y seriedad en consolidar "procesos de paz". No obstante, la ofensiva que el gobierno ha lanzado contra ellos tiene mucho que ver. Tan solo en los primeros cinco meses de este año, cerca de mil setecientos integrantes de estas bandas han sido arrestados por la Policía, unos cien con fines de extradición. Muchos de los mandos medios y altos de esos grupos han caído arrestados. En países vecinos, principalmente Venezuela, en donde algunos de los capos se escondían, las cosas han cambiado y ya no son territorios donde puedan permanecer tranquilos. Sin una retaguardia segura en el exterior y con una alta posibilidad de ser arrestados o morir en Colombia, muchos parecen haber entendido que la opción de entregarse parece ser la mejor. Sin embargo, el asunto no es fácil y por ello los capos tienen un plan A y un plan B.

La primera opción implica entregarse a la justicia colombiana. Como no se trata de una negociación estilo AUC, sino someterse a las normas existentes en el Código Penal, muchos de ellos saben que no tendrán beneficios como los de los exjefes paras, lo que implica que en varios casos las penas de cárcel pueden llegar a ser altas y rondar los 10 o 15 años de prisión. Para evitar que, como ya pasó con los grupos paramilitares, haya un reciclaje y surjan nuevos grupos, SEMANA conoció que en la propuesta de los jefes de bacrim, estos afirman que pueden garantizar que no surgirán nuevas estructuras siempre y cuando puedan purgar sus penas en el país. No solo incluirían entregas de cultivos, laboratorios, rutas aéreas y marítimas, sino la garantía de controlar o colaborar para que quienes son sus "socios" en diferentes zonas no continúen con el "negocio". Esto, en otras palabras, implica dar información que sirva a las autoridades para evitar que la guerrilla, con la cual estos grupos tienen alianzas en algunas regiones, se apodere del tráfico de drogas.

El plan B, que muchos de estos capos adelantan de manera simultánea a la propuesta de sometimiento en Colombia, es más sencillo y rápido: entregarse a las autoridades de Estados Unidos y realizar una negociación directa con la justicia de ese país. Varios de ellos tienen muy adelantadas esas conversaciones, en las que reducirían sus penas a cambio de colaborar con los estadounidenses con información de narcotráfico sobre Colombia, pero también sobre el negocio en Venezuela, México y Centroamérica, que es lo que más les interesa en este momento a los gringos. Desde el año pasado, los representantes de los capos han sostenido varias reuniones con miembros del Departamento de Justicia de Estados Unidos para tal fin. Ese plan B es denominado jocosamente por algunos de los capos como 'Sálvese quien pueda'. "Si se opta por esa alternativa, los jefes solucionarían sus problemas con la justicia. La parte negativa es que eso implica inevitablemente que el problema de fondo no se solucione porque surge otro nuevo jefe y todo se vuelve a reciclar en una espiral infinita", explicó a SEMANA un miembro de la Iglesia que ha estado cerca al proceso.

La negociación está en plena marcha y, aun si el gobierno mantiene un discreto silencio y la Iglesia asume el protagonismo, están pendientes varias decisiones complejas: ¿cuál será el tratamiento que recibirán estos capos; ¿a qué beneficios pueden acceder de acuerdo a la ley, como descuentos de penas o aplicación del principio de oportunidad; y, quizá lo clave, ¿hasta dónde, una vez en la cárcel, podrán garantizar que otros no los reemplacen al frente del negocio?