¿Se meterá la CPI en el proceso de paz?

Con la Corte Penal Inter-nacional pasa lo mismo que hace 20 años con la extradición. Es el ‘coco’ de los grandes criminales del país y a su vez la amenaza máxima de quienes buscan ajusticiarlos. Por eso, causaron pánico las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre de que ese organismo no vería con buenos ojos que en una eventual firma de la paz los guerrilleros que hayan cometido crímenes no fueran presos. El viaje del fiscal a La Haya revivió muchos temores que han estado presentes desde que Colombia firmó el Estatuto de Roma. Pero en últimas, puede que no sea más que eso: solo miedos.

En la época de la guerra sin cuartel contra las drogas los narcos decían que preferían “una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”. Más de 30 años después la situación es al revés y hoy casi no hay capo que no busque negociar primero con los gringos que con la Fiscalía colombiana.

La Corte Penal Internacional no ha corrido esa suerte, pero tampoco le ha ido bien a pesar del temor que infunde. La crearon 160 países en 1998 con el objetivo de que los grandes crímenes contra la humanidad no quedaran impunes. Se decía que iba a ser un súper tribunal al que ningún Sadam Hussein, Osama bin Laden o Muamar Gadafi podría escapar. Sin embargo, las cosas resultaron muy diferentes.

Hasta hoy la Corte Penal no ha podido hacerles justicia a ninguno de esos megacriminales. El primer problema que ha tenido para cumplir con esa misión es que su competencia no es aceptada en todo el mundo. Aunque 122 países han ratificado el tratado de Roma, están hoy por fuera de su alcance Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, India y Siria. En sus 12 años de existencia, ese tribunal solo ha podido llevar a juicio las situaciones de los países africanos (ver recuadro). Y de estos solo ha logrado condenar a dos líderes rebeldes y sanguinarios del Congo, que además están a pocos años de salir libres.

Por esta razón, muchos expertos en justicia internacional ven poco probable que la Corte decida, como se ha especulado, meterle el diente a este país. En la teoría el caso colombiano sería difícil. Solo hay tres formas de que un Estado pueda ser analizado en ese tribunal. El primero es que este remita su problema. Eso lo han hecho Uganda, la República Democrática de Congo, la República Centroafricana y Mali. Esta vía es casi imposible porque de alguna manera sería el equivalente a reconocer que Colombia es un Estado fallido donde la Justicia no funciona. La segunda vía es que el Consejo de Seguridad lo remita, que es el caso de Darfur, Sudán y Libia en donde se libra una guerra sin cuartel con regímenes dictatoriales, lo cual tampoco es el caso de Colombia.

La única forma como el conflicto colombiano llegaría a La Haya sería que la Fiscalía de la CPI decidiera escogerlo. Hasta ahora eso solo ha pasado en Kenia y en Costa de Marfil. En ambos casos, la Corte ha abierto procesos contra los presidentes, a quienes acusa de haber participado en la muerte de miles de personas. Para que esto sea posible, la fiscal tiene que conseguir primero la aprobación de la Cámara de Asuntos Preliminares de ese organismo.

Pero más allá de eso, la Corte opera solamente cuando la justicia de un país no funciona, sea por incapacidad o por falta de voluntad. Por eso el exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo explicó esta semana que la Corte Penal Internacional actuaría solo si la Justicia colombiana no lo hace. “La CPI es la última instancia de la justicia. La primera ha de ser la justicia nacional”, dijo hace poco el presidente de ese organismo Sang-Hyun Song al explicar por qué había devuelto el caso del hijo de Muamar Gadafi a la justicia de Trípoli, decisión que había sorprendido a muchos.

Colombia siempre ha tenido miedo a que el ‘coco’ de la CPI se convierta en la piedra en el zapato de un proceso de paz. Cuando firmó el tratado decretó una moratoria de siete años por si había diálogos con las Farc. Hace un año, en las discusiones en la Corte Constitucional del marco jurídico para la paz cayeron como una bomba dos cartas de la fiscal Fatou Bensouda. Una tormenta similar, muy a tono con el parroquialismo colombiano, provocó la visita del procurador Alejandro Ordóñez a La Haya.

Quienes conocen del tema, como el experto alemán Florian Huber, aseguran que la magia de esos tribunales es precisamente que “se cree que son más poderosos de lo que realmente han resultado ser”. El propio presidente de la Corte ha reconocido que el más importante logro de ese tribunal es “la disuasión”. Para el caso de Colombia, lo cierto es que el rol de ese organismo depende mucho del proceso de La Habana. En un mundo en guerra en varias latitudes, es muy poco probable que una corte internacional entre a entorpecer prematuramente un proceso que pueda traer la paz.

Los más buscados

Estos son los casos que lleva actualmente la corte penal internacional. Todos son africanos.

Thomas Lubanga

Congo. 14 años de prisión

El líder rebelde del Congo fue la primera sentencia de la CPI. Su grupo participó en la muerte de 60.000 personas, todo tipo de torturas y vejámenes sexuales, sin embargo Lubanga solo fue sentenciado a 14 años por reclutamiento de niños. La segunda sentencia fue contra Germain Katanga, quien fue condenado a 12 años. Mathieu Ngudjolo, miembro de otra milicia congolesa fue investigado, pero absuelto por falta de pruebas.

Joseph Kony

Uganda del Norte. Prófugo

El líder del Lord’s Resistance Army es uno de los criminales más temidos de la humanidad. La Corte abrió investigación contra él hace diez años y, aunque emitió orden de captura, no ha podido encontrarlo. Tiene en su contra 12 cargos por crímenes contra la humanidad y 21 cargos por crímenes de guerra. Se le atribuye el secuestro de 40.000 niños y el desplazamiento de 1,8 millones de personas.

Jean-Pierre Bemba

República Centroafricana. Detenido

El caso contra el ex vicepresidente y magnate africano acusado de masacres, crímenes sexuales y hasta canibalismo está en la Corte Penal desde 2004. Fue arrestado en Bruselas y trasladado a La Haya en 2008. Sin embargo, la etapa probatoria finalizó hasta abril de este año. Cerca de 700 víctimas fueron reconocidas pero aún no hay condena.

Saif Gaddafi

Libia. Libre

La CPI intentó hacer justicia por el baño de sangre del régimen de Gadafi. En junio de 2011 dictó tres órdenes de captura contra el dictador, quien gobernaba desde 1969, su hijo, y el militar Abdullah Al-Senussi. El proceso contra el líder libio se cerró por su muerte en 2011, su hijo sigue en libertad y el caso contra el antiguo jefe de inteligencia, Al-Senussi, fue declarado inadmisible ante la Corte. Esta decidió que en Trípoli existían las garantías para realizar ese juicio.

Uhuru Kenyatta

Kenia. Libre

El presidente de Kenia está siendo investigado por los cerca de 1.200 muertos y 600.000 desplazados que hubo en las elecciones entre 2007 y 2008. Está en juicio, pero ha sido difícil para la Corte porque el país no ha cooperado para conseguir las pruebas que se necesitan. Hay otros dos procesos en curso contra el vicepresidente William Ruto y el periodista Joshua Arap Sang por los mismos hechos.

Omar Hasan Ahmad Al-Bashir

Darfur/Sudán. Prófugo

El Consejo de Seguridad remitió el caso de Al-Bashir por el genocidio de Sudán que ha dejado 400.000 muertos y 2,7 millones de desplazados. Se enfrenta a cargos por cinco crímenes de lesa humanidad (homicidio, exterminio, traslado forzoso, torturas y violación), dos crímenes de guerra y tres de genocidio. Fue el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por la Corte, pero no ha podido ser detenido. Por cuenta de su orden de captura, Sudán expulsó a 13 ONG y dejó sin ayuda humanitaria a los refugiados.

Laurent Gbagbo

Costa de Marfil. Detenido

El expresidente y la exprimera dama Simone Gbagbo están bajo juicio desde 2011. Él está privado de la libertad y ella sigue libre en Costa de Marfil. La Corte lo investiga por la guerra civil que generó cuando no reconoció la victoria electoral del otro candidato presidencial. Fue tan álgido ese conflicto que ocasionó más de 3.000 muertos y Francia envió tropas para detener la guerra.