Con los alimentos que se desperdician en Colombia se pueden alimentar a 4 millones de personas

Amara Jusayu murió este domingo 3 de septiembre a las 2 de la tarde, de desnutrición. La imagen de la abuela Wayúu de la comunidad de Jumulashi, flaca hasta los huesos y postrada en una hamaca pronto se esparció pronto por las redes sociales, hasta que el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Shipia Wayuu, Javier Rojas Uriana pudo confirmar su deceso.

La maldición del hambre sigue golpeando a las comunidades indígenas de la Guajira. “Nos enfocamos en los niños porque son la población más vulnerable, pero a pesar de las recomendaciones que formuló la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las tutelas que ganamos en papel, gran parte del pueblo se sigue muriendo de hambre” explica el líder por teléfono.

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Antes de relatar el caso de Juan Diego Jarariyu, un niño de 5 años, originario de la comunidad Guajirito, a escasos 10 kilómetros de Riohacha, quien nació con una discapacidad relacionada con la desnutrición que sufrió su madre durante el embarazo y podría también perecer pronto si no es atendido correctamente en medio hospitalario. Al igual que al menos otros cinco menores en su comunidad.

Si bien la situación de los Wayúu es compleja y requiere de un trabajo de fondo que permita reorganizar la capacidad productiva de las comunidades, también ejemplifica lo absurdo que es el desperdicio de cerca de 10 millones de toneladas que ocurre cada año en Colombia, enfatiza Javier Rojas.

A un año de que el dato del desperdicio fuera fuera publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una investigación del observatorio de hambre de la Universidad Externado de Colombia publicada la semana pasada reveló que con esa producción podría alimentarse a casi 4 millones de habitantes, y que existen propuestas legales para la reducción y la reorientación de ese desperdicio que no han sido votadas a la fecha.

En la práctica, hay una parte del perjuicio que es imponderable, acepta el investigador. Incluso en los países más avanzados hay alimentos que no llegan a la boca del consumidor. Pero hay otra parte que sí podría evitarse y que podría alimentar sin problema a los 500 mil niños que sufren de desnutrición crónica en el país, de acuerdo con lo que evidenció un informe de la Universidad de los Andes.

El problema es que aunque se han presentado iniciativas legales para reducir ese desperdicio, basadas en las experiencias de países como Francia o Argentina, ninguna ha prosperado hasta el momento. A pesar de que el diagnóstico es cada vez más claro, el tema no ha sido priorizado en la agenda nacional.

¿Por qué se pierde la comida?

Según la investigación del Externado dirigida por Óscar Alfonso Roa, la pérdida y el desperdicio (el primero corresponde a las ineficiencias en las cadenas de producción y el segundo a los hábitos de consumo) se dan en tres niveles de la cadena alimenticia.

El primero es la pérdida de alimentos que se produce en el ámbito de la producción agropecuaria, la cual afecta a 3.95 millones de toneladas y va ligada con la poscosecha y el almacenamiento de productos en donde nuevamente desaparecen 1.93 millones toneladas.

Entre el momento en el que el campesino cosecha sus frutas o abate el ganado y el instante en el que el producto llega a la puerta del distribuidor, ya se ha mermado cerca de una novena parte de todos los alimentos disponibles, cuyas pérdidas ascienden en total a 58% de las frutas y verduras 49% de las raíces y tubérculos, 23% de los productos lácteos y 12% de los cárnicos, según los cálculos del DNP.

En algunos casos existen lógicas perversas que ocurren cuando los costos de transporte son superiores a los de venta y un productor tiene que dejar podrir su cosecha si no quiere enfrentar pérdidas económicas. Pero en muchas ocasiones, es más bien un asunto de desarrollo tecnológico el que origina el desperdicio.  

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“En su conjunto, Colombia no tiene cadenas de refrigeración y eso hace que muchos productos perezcan en el transporte. Aquí las distancias son largas en términos de horas, los centro de producción están alejados de los grandes centros de consumo, de allí la importancia de las vías terciarias. Es un problema de infraestructura. El caso del tomate, en el que se pierde la mitad de la cosecha es el mejor ejemplo de eso” resume el presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero.

Luego viene el procesamiento industrial y la distribución al por menor en donde también resultan afectadas cerca de 2 millones 342 mil toneladas que son dañadas en el camino o caducen al no ser compradas. Nuevamente impactan este fenómeno las herramientas de transporte las que dispone la industria.

Pero también han sido fuertemente criticados los estándares y las normas de consumo que imponen tamaños y formas para las frutas o los vegetales, fuera de los cuales los alimentos son rechazados y desperdiciados. Así como el sobreabastecimiento de alimentos que son solicitados por un público que quiere tener numerosas opciones pero no siempre la consume, siendo cada vez más cuidadoso de las fechas de vencimiento a la hora de comprar.

Mientras que en tercer lugar viene el desperdicio relacionado con los hábitos de consumo de los ciudadanos que representa 1.53 millones de toneladas echadas a la basura. Casi 10 por ciento del total.

Este punto es uno de los que más ha tratado Oscar Alfonso Roa, quien asegura que es  en gran medida representativo de nuestra forma de consumir alimentos sin planificación que induce a una pérdida de comida fácilmente evitable. Así como del accionar de la empresas que deberían -según el estudio- ajustar sus lógicas de ventas a las necesidades reales de sus clientes para limitar las pérdidas.

¿Cómo se puede resolver el problema del desperdicio y la pérdida de alimentos?

Además de las adecuaciones de infraestructura vial y cadenas de frío que solicitan los empresarios para poder reducir sus pérdidas de forma substancial, existen soluciones temporales que se desarrollan por fuera del ámbito gubernamental.

Hasta el momento, entre las diversas iniciativas que existen para mitigar este dilema, la Asociación de Bancos de Alimentos (ÁBACO) ha sido una de las más exitosas en el mercado.

Este grupo atiende a 3300 organizaciones sin ánimo de lucro entre las que se cuentan los bancos de las arquidiócesis que recuperan los excedentes alimentarios de 700 grandes cadenas, restaurantes y personas donantes para distribuirlos a poblaciones vulnerables.

Sin embargo, a pesar de que ha rescatado cerca de 20 mil toneladas el año pasado a través de sus 18 bancos, el trabajo de la asociación permite la recuperación de apenas 0.2% de las pérdidas que serían mitigables con una iniciativa mayor.

Por ese motivo, el año pasado, un grupo de políticos de diferentes partidos presentó el proyecto de ley 157 que unificó a 5 leyes, realizado en acompañamiento con los bancos de alimentos y otras organizaciones sociales.

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El representante a la cámara Santiago Valencia, uno de sus promotores, explica que el proyecto se basó en tres grandes medidas. La primera y la más polémica consiste en sancionar a las grandes empresas que incurran en desperdicio de alimentos. La segunda propone incentivos tributarios para las donaciones de alimentos que contemplan -entre otros- la deducción del IVA de los alimentos ofrecidos. En tanto que el tercer punto consiste en generar campañas educativas dirigidas a la población en general y a los niños en particular, a quienes se buscará concientizar sobre la gravedad del problema y la manera en que sus hábitos de consumo y sus decisiones pueden impactar toda la cadena alimenticia.

Respecto al motivo por el que todavía no se ha implementado la ley, puede constatarse que algunas organizaciones todavía tienen observaciones respecto al tema logístico en el que sustenta parte del proyecto. 

A pesar de que apoya el proyecto de ley, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en nombre de su directora ejecutiva, María Carolina Lorduy, advierte que la donación de alimentos puede ser complicada si los receptores de esa donación no respetaban los procesos de conservación de los alimentos.

“No siempre se sabe a donde llegan esos productos o en qué condiciones. Si alguien se enferma con un producto de marca, aunque no sea culpa del supermercado, la repercusión para la marca puede ser terrible, además del daño humano que puede producir”, explica.

Pero sobre todo se ha tratado de un problema de prioridad política, detalla Valencia. “En el momento de coyuntura actual se están discutiendo cosas del proceso de paz, del fast track, de la reforma política y de otros temas que no dejan espacio para este tipo de iniciativas. Pero esperamos que vaya a seguir su curso en el año siguiente”.

“Destruir es más fácil que donar, pero debería ser la última decisión que se tome. La idea es que trate de reducir el modo de consumo y se tiende a la satisfacción justa de las necesidades de cada quien, además de que la mayoría de los productos excedentarios sean usados para la alimentación humana más que para la animal”, aseguró por su parte la directora de Abaco, Catalino Suárez, quien también espera que este año prospere la iniciativa legal.

A pesar de que las crisis de hambruna y desnutrición han sido particularmente evidenciadas en el caso de regiones remotas como la Guajira, la cifra de colombianos con hambre asciende a 5.5 millones en todo el país, incluyendo los núcleos urbanos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por este motivo, explica el funcionario del DNP Felipe Castro, con una eficiente redistribución de los excedentes alimentarios y una mejor gestión de las pérdidas y los desperdicios que existen en la cadena alimenticia se podría erradicar la pobreza extrema -también conocida como alimentaria- que roza los 7.9% de la población en estos momentos.Para así acercarse en menos tiempo de lo previsto a los objetivos de desarrollos sostenibles a lo que se comprometió el país para 2030.