Investigación por asesinatos durante protestas contra la Policía se queda en la Fiscalía

En la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de tres uniformados de la Policía implicados presuntamente en el asesinato de cuatro ciudadanos, que participaban de las protestas que ocurrieron en Bogotá durante el 9 de septiembre motivadas por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, la defensa de dos uniformados interpuso un conflicto de competencias.

El objetivo de este recurso era que el proceso en contra de los policías pasara de la Fiscalía a la Justicia Penal Militar por considerar que los actos y los hechos investigados, ocurrieron en el marco de las funciones de Policía.

La Fiscalía y la representación de las víctimas se opusieron a esa solicitud de los abogados y el juez de control de garantías, que estaba pendiente de escuchar la imputación de cargos que haría el ente acusador en contra del patrullero John Andrés Gutiérrez, decidió tomarse un tiempo para resolver este conflicto de competencias.

Este jueves, durante la audiencia que definirá el camino que tendrá que seguir esa investigación contra el Patrullero Gutiérrez, el juez de garantías tomó la determinación de mantener el proceso en la justicia ordinaria, en otras palabras cerrarle, por ahora, la puerta al patrullero y su defensa de acudir a la Justicia Penal Militar.

El juez aseguró que, aunque se confirmó la vinculación del patrullero con la Policía Nacional, estos argumentos no son suficientes para remitir el proceso a la jurisdicción castrense, pues lo que se investiga aquí son los asesinatos de cuatro ciudadanos y eso no haría parte del servicio de policía.

A través de algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el juez argumentó su decisión de mantener el proceso en la jurisdicción ordinaria, en manos de la Fiscalía y continuar así con la imputación de cargos por el delito de homicidio simple.

Los investigadores y fiscales del caso anticiparon que presentarán en la imputación de cargos algunas declaraciones y pruebas de balística para demostrar que los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas salieron de las armas que portaban o que tenían como dotación los uniformados ese 9 de septiembre de 2020.

El juez aseguró que tampoco le dará trámite, ante la Judicatura, al conflicto de competencias invocado por la defensa del patrullero John Gutiérrez, así la Fiscalía tomó la palabra para la imputación de cargos que estaba prevista para el pasado lunes, pero aplazada mientras determinaba y estudiaba la solicitud que hicieron los abogados.

Este miércoles otro patrullero, Jorge Andrés Lasso, implicado en los presuntos asesinatos de los cuatro ciudadanos durante las protestas del 9 de septiembre del año pasado, fue imputado por el delito de homicidio simple, cargo que no aceptó y donde la defensa no interpuso conflicto de competencias.

El que está pendiente por imputar o definir competencia en el proceso, es el patrullero Andrés Díaz Mercado, pues la audiencia se fijó para el 28 de enero para que el juez determine si deja en manos de la Fiscalía el proceso o lo remite a la Judicatura para que definan competencia, en este caso también está pendiente de la imputación por el delito de homicidio simple.