“Se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia”, la dura advertencia del fiscal Barbosa al proyecto de humanizar las penas

El fiscal General, Francisco Barbosa hizo fuertes cuestionamientos ante el Congreso de la República al proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia y el cual busca, principalmente, humanizar las penas en Colombia, para bajar el hacinamiento que se registra en la mayoría de centros carcelarios, penitenciario y de paso que hay en el país.

Barbosa le pidió al Gobierno “jugar limpio” y decir las cosas de frente, puesto que en uno de los parágrafos aparecen beneficios a personas vinculadas con narcotráfico. “Nos metieron un parágrafo donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. ¡Juguemos limpio! Si el escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia pues se tiene que decir, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Según explicó el jefe del ente acusador, este artículo lo que permite es que se meta en el mismo saco a pequeños cultivadores de coca junto a los grandes narcotraficantes y a quienes proveen los insumos para este negocio criminal.

“El proyecto permite la salida de la cárcel de quienes dan los insumos para el narcotráfico, justamente a quienes el presidente ha dicho que hay que atacar, le están echando cuentos y mentiras al presidente”, agregó el fiscal.

Visiblemente molesto desde la Comisión Primera del Senado, el Fiscal General aseguró que se quisieron hacer varias modificaciones a delitos muy graves como el concierto para delinquir y el terrorismo. En su intervención, incluso, hizo un llamado de atención para que se revise mejor la forma de hacer “micos” cuando se presenten este tipo de propuestas. “Me parece que no fueron imaginativos si querían camuflar pequeñas normas no lo debieron hacer en parágrafos puesto que son fácilmente detectables”.

Por esto, le pidió a los representantes del Gobierno que no hagan trampa en este tipo de propuestas y manifiesten sus intenciones de frente ante el Congreso, que al final de cuentas será el encargado de aprobar los proyectos. “Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”.

“He venido, desde hace un mes y medio, planteándosele al país una serie de temas. Cada vez que voy a hablar con el presidente me dice, fiscal, yo no sabía, porque no tengo interés en beneficiar a narcotraficantes, y yo le creo al presidente. Así negamos esas órdenes de captura y ese levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, pero le están diciendo mentiras al presidente”, puntualizó Barbosa.

Para Barbosa, las medidas que se han tomado recientemente afectan a la administración de justicia y los operativos que se deben adelantar en contra de los que infrinjan la ley y actúen en contra de la población civil. “Esta es mucho más dolorosa, tenemos 356 órdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, contra sus familiares”.

El proyecto, cuyo borrador causó gran revuelo por sus propuestas, por modificar considerablemente el Código Penal y establecer la eliminación de delitos tales como el incesto, la injuria, la calumnia y la inasistencia alimentaria. Así como permisos y beneficios a la población carcelaria, como salir a trabajar por el día y volver a sus respectivas cárceles en las noches, así como medidas especiales a condenados por delitos de lesa humanidad.

En las observaciones al proyecto, radicado el pasado 6 de febrero, el jefe del ente investigador advirtió que no se pueden borrar de un solo tajo varios de los delitos mencionados puesto que afectarían a las personas del común que pueden reclamar la protección de sus derechos con las denuncias por injuria, calumnia e inasistencia alimentaria, este último, siendo uno de los más comunes en Colombia.

La mayor crítica del Fiscal General estuvo centrada en la entrega de beneficios jurídicos y excarcelación a aquellos sentenciados por delito de lesa humanidad. En una oportunidad calificó como “repugnante” el hecho “que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a este país?”.