“Se sigue investigando relaciones de la UNP con narcotráfico”: Procuraduría sobre escándalo de corrupción

Tal como reveló SEMANA, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), abrió tres Investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección luego de que se conocieran públicamente presuntos casos de corrupción e irregularidades denunciados por el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y por los medios de comunicación.

No es para menos. De hecho, fue SEMANA la que reveló la existencia de falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad. Todo esto aparece en el expediente.

Se abrieron tres Investigaciones disciplinarias. La primera en el caso de falsos blindajes de vehículos en los que se estableció que la denuncia realizada por el director de la UNP concierne a cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018 y que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos, pero luego de un año de ejecución se encontró que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.

En este caso, se abrió investigación contra el entonces subdirector de Protección, Ronald Rodriguez Rozo y el coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.

En el mismo caso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, jefe jurídico encargado -hoy coordinador del Control Interno Disciplinario- y Mariantonia Orozco Durán, jefa jurídica titular para la época, quienes presuntamente por más de dos años y cinco meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, donde casi opera la caducidad.

La segunda investigación se refiere a los hechos del 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, donde fue incautada una camioneta con 168 kilos de cacaína, vehículo asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de Protección de la UNP Ronald Rodríguez Rozo.

Según pudo establecer SEMANA, y tal como lo arroja el expediente en poder del ministerio público, el único servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, oficial de Protección de la UNP, quien presuntamente incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades del esquema, no aceptar descansos dados por el protegido y al parecer su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta.

Si bien el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, el señor Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, se sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.

Finalmente, se abrió investigación contra Wilson Javier Devia Pérez, actual oficial de Protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.

Lo anterior a raíz de la conversación publicada por SEMANA con Manuel Antonio Castañeda Bernal, detenido en los hechos del Cauca, quien además habría denunciado días antes tales conductas ante el director de la UNP.

Cabe recordar que la UNP es una entidad creada en 2011 con aproximadamente 2.000 trabajadores donde casi el 95 % corresponden a contratistas, atendiendo a más de 8.000 protegidos, sin un sistema de información, con el 75% de sus servicios de vehículos y escoltas tercerizados y un solo perito balístico forense para verificar el blindaje de todos los vehículos.

Ahora, la Procuraduría practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados, actuando con celeridad y contundencia contra la corrupción.

El testigo clave

Manuel Antonio Castañeda, el conductor de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al esquema de seguridad del exsubdirector de la entidad Ronald Rodríguez Rozo, y quien cayó con un cargamento de cocaína en una carretera del Cauca, es el principal testigo de una poderosa red de corrupción enquistada en la entidad desde hace varios años. Según las primeras informaciones, estaría liderada presuntamente por Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos de la entidad.

Las denuncias de Castañeda fueron recibidas semanas atrás por el propio director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien ante la gravedad de los hechos y las pruebas entregadas decidió trasladarlas de urgencia a la Fiscalía General de la Nación.

En su relato, conocido en exclusiva por SEMANA, Castañeda reveló que en la Unidad Nacional de Protección existe una organización criminal en la que estarían comprometidos algunos presidentes de sindicatos, funcionarios, exfuncionarios de la entidad y contratistas.

Castañeda es un expolicía que se dedicó durante años a la promoción de artistas de música popular. En ese oficio, asegura, fue secuestrado y extorsionado por alias Jhon 40 en los Llanos Orientales, por lo cual tuvo que conformar un esquema de seguridad que le costaba 15 millones de pesos mensuales.

En esas circunstancias, dijo, conoció en 2019 a Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección y analista en la Subdirección de Resgo de esa entidad.

Castañeda asegura que Devia le alquiló un esquema de seguridad que estaba asignado por esa entidad a un protegido firmante de los acuerdos de paz de 2016 con las Farc, identificado como Yesid Torres, por un valor de siete millones de pesos mensuales, más un millón de pesos mensuales para combustible.