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¿Se torció millonario contrato para el servicio de transporte escolar en Casanare? Grave denuncia llegó a la Fiscalía
El contrato avaluado en 49 mil millones de pesos tiene como objetivo prestar el servicio de movilidad a estudiantes de 18 municipios en el departamento.
SEMANA conoció una delicada denuncia que dejaría en el aire varias irregularidades que se presentaron en la adjudicación de un millonario contrato que pone en juego la movilidad de los estudiantes de por lo menos 18 municipios de Casanare, pues el objeto de dicha licitación es prestar el servicio de transporte escolar en el departamento.
La denuncia penal, que ya tiene número de radicado de la Fiscalía General de la Nación, se presentó contra Karen Santafe, jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare, y otros integrantes del comité evaluador como Javier Colina y Libia Fernández. El millonario contrato estaba avaluado por 49 mil millones de pesos para 173 días de servicio.
El actual gobernador del departamento de Casanare es César Augusto Ortiz, quien resultó elegido en la pasada jornada electoral con más de 100 mil votos. Pero esta grave denuncia hace serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de su administración.
La licitación arrancó el pasado 16 de julio, cuando la gobernación publicó el proceso, y los Consorcios Trollanos y Nuevo Amanecer se terminaron presentando el 2 de agosto para hacer parte de la selección abreviada por subasta inversa, la forma en como se iba a entregar el millonario contrato.
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En una primera evaluación, ninguna de las compañías aprobó los resultados de la oferta, pero tuvieron varios días para enmendar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que exigía el contrato. Sin embargo, en esa segunda valoración habrían empezado una serie de irregularidades.
La denuncia que presentó Claribel Vallejo, representante legal del Consorcio Trollanos, ante la Fiscalía, señala que el comité evaluador y asesor de la Oficina Jurídica de la Gobernación les rechazó técnicamente su propuesta, a pesar de que argumentaron que cumplían con la capacidad transportadora para prestar el servicio público fluvial de pasajeros solicitado en el pliego.
“Se evidencia una incongruencia porque, pese a que advierte que el oferente cumple, al final concluye que es rechazada técnicamente, algo ilógico, ya que si cumplía ese requisito no podía ser una causal de rechazo en el aspecto técnico”, dice la denuncia.
Es nuestro deber atender su llamado.
— César Ortíz Zorro (@CesarOrtiZorro) July 18, 2024
Como servidores públicos nos debemos a ustedes y es nuestro deber acudir a su llamado, esperamos mostrar pronto los resultados sobre los acuerdos realizados.
Nuestras comunidades indígenas convocaron una mesa de trabajo para trabajar sobre… pic.twitter.com/eWmCq5B3z2
El comité asesor y evaluador también habría rechazado la propuesta de Trollanos porque no presentó los certificados de capacidad transportadora de las empresas colaboradoras; sin embargo, en la denuncia, dicha empresa mostró varias pruebas de que entregó todos los documentos que se habían pedido en las condiciones del contrato.
Pero sobre el Consorcio Nuevo Amanecer, el que se quedó con el contrato por 49 mil millones de pesos, dice la denuncia que “no presentó el Registro Único de Proponente (RUP) de los integrantes Flotasugamuxi S.A., Transportes El Morro S.A.S., Cooperativa Multiactiva Nacional de Transportadores Independientes Contrain Ltda y de Cooperativa de Transportadores Rápido Chicamocha”.
Pese a que esa situación fue una causal de rechazo para Trollanos, el comité evaluador le habría dado el visto bueno al Consorcio Nuevo Amanecer, quien ahora se deberá hacer cargo del transporte escolar de estudiantes en 18 municipios del departamento de Casanare.
En el documento que ya está en poder de la Fiscalía también se lee que el profesional que propuso Nuevo Amanecer para quedarse con el contrato no cumplía la experiencia certificada.
La denuncia argumenta que la situación deja evidencia una afectación del derecho a la igualdad entre los dos consorcios, pues existió un trato diferente y discriminatorio contra Trollanos. Por esa razón, se pide a la Fiscalía que investigue a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.