¿Se unen al paro nacional? Jueces y fiscales suspenderán funciones el 25 y 26 de mayo

Por medio de un comunicado, jueces y fiscales adscritos a ocho sindicatos anunciaron que se irían a paro los días 25 y 26 de mayo. Según el representante de Asonal Judicial, el motivo de este paro es manifestar su rechazo ante las respuestas que el Gobierno ha tenido en el marco del paro nacional.

“Anunciamos que durante los días 25 y 26 de mayo se suspenderá el servicio de administración de justicia y, por tanto, no se realizarán audiencias públicas, no correrán términos judiciales y no se realizará ningún tipo de actuación procesal, pues en todo el país participaremos en las actividades programadas en nuestras sedes judiciales (foros, conferencias y cultura) y desconectaremos el servicio virtual”, se lee en el comunicado que firman Asonal Judicial, Sintrafiscalía, Asonal Judicial S.I., Unisercti, Asojudiciales, Atraes DGN, Cormajuris y Sintrafisgeneral.

En el texto, los firmantes aseguran que el Gobierno ha agravado la crisis social y económica del país sin importar el descontento social que se ha manifestado desde que se inició el paro. Además, aseguraron que su función es garantizar los derechos, las libertades y garantías de las personas.

A través del comunicado, los firmantes realizaron un llamado a las autoridades de la fuerza pública para acatar la sentencia del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema, con la que se asegura que el Esmad no es capaz de custodiar manifestaciones sin vulnerar los derechos y las libertades de la ciudadanía.

Cabe resaltar que en función de mencionada sentencia, el pasado 20 de mayo el Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato contra la Policía, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá, pues en videos y denuncias públicas se evidenció la extralimitación de las funciones de las autoridades.

Por otro lado, en el documento las agrupaciones aseguraron que en el marco de la pandemia y las movilizaciones sociales se viene tramitando un proyecto de ley para reformar la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esta ley, según el Gobierno, busca el fortalecimiento, la eficiencia y la eficacia en la administración de justicia.

Sin embargo, los firmantes aseguraron que la medida no fue concertada con los estamentos de la Rama Judicial y que esta tampoco solucionaría los problemas estructurales porque “la Rama Judicial requiere una reforma sustancial cuyo propósito debe ser la materialización del derecho fundamental de todas las personas al acceso real y efectivo a la administración de justicia y cambiando la estructura orgánica y las reglas de funcionamiento previstas en la Constitución Nacional, de tal modo que el mérito se erija en el elemento determinante para la selección de los magistrados de las Altas Cortes y en la garantía de la independencia judicial, pues el desueto sistema de cooptación y las facultades de postulación y nominación de aquellas, el Congreso de la República y el presidente para escoger las cabezas de los órganos de control y de la nación, ha dislocado tales postulados y, por el contrario, ha incubado vicios de clientelismo, nepotismo, tráfico de influencias y corrupción que las ha deslegitimado y han menoscabado la confianza de la sociedad”, dice el comunicado.