Secretaría de Infraestructura de Ibagué, a dar explicaciones en la Procuraduria, ¿por qué?

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos por determinar de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato para la rehabilitación de la malla vial de la avenida Mirolindo de Ibagué.

El Ministerio Público busca establecer si se omitió la construcción de obras complementarias, como cunetas, desagües y/o canalizaciones de aguas lluvias necesarias para evitar las filtraciones de agua, empozamientos y el deterioro de la capa asfáltica de dicha vía.

Según un artículo publicado en un medio de comunicación local denominado El Olfato, el 3 de marzo de 2023, la “Alcaldía de Ibagué tuvo que invertir $ 700 millones para corregir la chambonada de la pavimentación de la avenida Mirolindo”, adicionales a los casi dos mil millones que habría costado la obra inicial. En la misma hacen referencia a una nota del mes de enero en la cual se denunció que “(...) la pavimentación de la avenida Mirolindo fue una “chambonada” y en seis meses podría deteriorarse de nuevo”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, ofició a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Ibagué para que informe si adelanta actuación disciplinaria por los mismos hechos, y así, revisar si deberá remitir esta actuación para que sea acumulada al proceso que allí cursa, o si se cumplen los presupuestos para asumir este proceso disciplinario en ejercicio del poder preferente.

El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, determinar la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron, y establecer si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado.

Indagación a la Alcaldía de Ibagué

Por otra parte, la Procuraduría General inició una investigación preliminar contra los funcionarios públicos de Infibagué y la Alcaldía Municipal de Ibagué, para examinar posibles irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado público en la ciudad.

El Ministerio Público busca determinar si hubo deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado, si se han producido retrasos en la ejecución del contrato 159 de 2022, firmado por Infibagué para modernizar las luminarias en la ciudad, y si en la realización del convenio bilateral suscrito por la administración anterior, se incumplieron las condiciones de calidad acordadas para garantizar el adecuado funcionamiento de las luces instaladas.

De acuerdo con la publicación de un diario local, y que recolectó la Procuraduría, “si bien el contrato Nro. 159 de 2022 al parecer estaría dirigido a modernizar el 100 % del alumbrado público en la ciudad, en la anterior administración municipal, concretamente durante la vigencia 2019, ya se habrían cambiado las luminarias de sodio a tecnología LED en algunos sectores”.

En el artículo periodístico también se denunció, según el organismo de control, que “las luminarias instaladas por la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo y la empresa Celsa S.A.S. entre 2018 y 2019, por valor de casi seis mil millones de pesos, habrían dejado de funcionar apenas un año después, por lo que debió exigirse la garantía de diez años, pero una vez revisadas y hecha la reposición estás volvieron a fallar”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar e individualizar los servidores públicos presuntamente comprometidos, establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado.

Finalmente, el Ministerio Público indicó que remitió copias a la Contraloría Municipal de Ibagué para lo de su competencia.