Secretaría de Salud de Bogotá responde a la polémica de domiciliarios de droguerías

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas denuncian que la Secretaría de Salud de Bogotá se estaría sobrepasándose en sus funciones y generando normas que pondrían en riesgo la empleabilidad de cientos de personas. Frente a esto, Manuel González, subsecretario de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, dice que en referencia a los procesos de inspección, vigilancia y control a establecimientos que dispensan medicamentos, es importante tener en cuenta que esta es una función asignada a la unidad territorial en el marco normativo nacional.

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá aseguran que han tenido múltiples espacios de diálogo y construcción con diferentes agremiaciones, así como con el Ministerio de Salud, para desarrollarlo, según González, de la mejor manera posible basados en el marco normativo. “En ese sentido, los instrumentos de inspección, vigilancia y control, que usa la entidad territorial de Bogotá, corresponden a una construcción conjunta, siempre en cumplimiento del marco normativo nacional, las cuales son del tanto del Ministerio de Salud Nacional, como del Invima”, manifestó el funcionario del distrito.

Frente a la molestia que han presentado los gremios en medio de las actividades de inspección, vigilancia y control, desmintió que se hubieran sancionado a establecimiento farmacéutico por enviar paquetes con domiciliarios que no tengan estudios en temas de salud. Ni que tampoco han iniciado un proceso de investigación por estos hechos.

“Nos permitimos aclarar que las mismas dan estricto cumplimento a la norma nacional. En ese sentido, los perfiles de aquellas personas que deben transportar los medicamentos, se hizo la consulta al ministerio y estamos a la espera de esa respuesta. Hasta tanto la misma no se dé, esta entidad territorial no está aplicando esta exigencia como se ha mencionado”, fue lo que dijo puntualmente.

Además, frente a la denuncia que estarían exigiendo tanques de agua en cada droguería sin ser productores de medicamentos, resaltó que: “En aspectos como los tanques se aclara que la exigencia está relacionada con la disponibilidad de agua potable y que a la fecha en Bogotá no existe ninguna medida sancionatoria relacionada con ese tipo de exigencias”, puntualizó.

Cabe recordar que el gremio de las droguerías manifestó que desde diciembre de 2021 la secretaría estableció que en las actas de visita de inspección, vigilancia y control toda droguería que preste el servicio de domicilio en la capital del país debe garantizar que la persona que transporte el pedido debe contar con estudios en salud. De no ser así, el establecimiento podría ser sancionado con multas, decomiso de mercancía o incluso cierre del establecimiento, según lo determine la investigación que adelanten.

Esto fue calificado por Viviana Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), como insólito y arbitrario.

Advirtió que la medida está basada en normas plasmadas en un acta de inspección sin previa consulta pública, como lo establece la norma, lo que dejaría sin validez el requerimiento de la Secretaría Distrital de Salud. Pese a lo anterior, el gremio de las droguerías denuncia que se está presentado abuso de poder por parte de contratistas de la Secretaría de Salud. “En el norte de la ciudad ya hay droguerías que han tenido que despedir a sus empleados para evitar sanciones”, dijo Bueno en medio de una rueda de prensa.

En Bogotá existen alrededor de 1.300 droguerías y más del 50 % de ellas se verían afectadas con el acta de visita, inspección y vigilancia, que en este momento está sirviendo de rasero a los establecimientos comerciales, sin que esta acta esté aprobada formalmente. Lo que aclaran desde el gremio de las droguerías es que están haciendo efectiva una norma que no ha sido aprobada, lo que podría caer en irregularidades administrativas graves.

Esa preocupación fue presentada directamente al Ministerio de Salud, desde mayo de 2022, y aunque hubo pronunciamiento de la entidad, este fue en vano. Su orden fue: “Que, desde el ministerio, a través del funcionario competente, ordene la suspensión inmediata de la implementación de la nueva acta de inspección y vigilancia y control a establecimientos farmacéuticos minoristas, empleada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C., la cual fue implementada a partir del mes de diciembre de 2021, debido a su expedición irregular, por desconocer abiertamente a las normas previstas en el Decreto Único de Reglamento 780 de 2016″.