Secretaría de Salud habría incurrido en detrimento patrimonial de $5.000 millones por compra de productos tecnológicos

La Secretaría Distrital de Salud en Bogotá habría incurrido en un posible detrimento patrimonial de más de $5.000 millones por la compra de diferentes elementos tecnológicos con sobrecostos mayores al 100 %.

La compra de teléfonos fijos, impresoras y computadores portátiles por parte de la Secretaría de Salud se habría hecho a un precio mucho más elevado que el valor que se ofrece en el mercado, lo que obligó a destinar muchísimos más recursos para la adquisición de estos elementos.

Estas compras se hicieron por medio del contrato de comisión CO1.PCCNT 3123046 DE 2021, por el cual la Secretaría Distrital de Salud aprobó la compra de equipos en la infraestructura TIC de las cuatro subredes, como parte de la implementación de la estrategia Transformación digital en salud.

Tras revisar los estudios previos y el estudio de mercado realizado por la Secretaría Distrital de Salud, el concejal de Bogotá, Jorge Colmenares, denunció que es evidente que los productos tienen valores que no corresponden con la realidad del mercado nacional, aun cuando se consideraron tres firmas para cotizar: SDT Ingeniería, Comsistelco y Coinsa.

“En muchos de los productos, las tres empresas muestran valores unitarios sumamente diferentes entre sí, y mucho más costosos, considerando también que se trataba de una compra por volumen”, afirmó Colmenares.

En su análisis al contrato en cuestión, Colmenares identificó que conforme al estudio de mercado, se requieren 460 unidades de Teléfonos IP para el año 2022 y 560 para el 2023, es decir, 1.020 unidades en total.

El cabildante explicó que según la ficha técnica de productos cargada en el Sideap, se realizó una búsqueda en Internet de un teléfono que ofreciera los mismos requerimientos técnicos allí señalados. Como resultado, se obtuvo que, todas las opciones son más económicas que las ofrecidas por las firmas en las que se basó el estudio del sector.

Tomando como referencia un teléfono cuyo precio es elevado respecto de las opciones del mercado, aún continúa siendo muy inferior al ofrecido por las firmas, y cumpliendo con las mismas funciones básicas que se requieren del producto, Colmenares indicó que le significaría a la administración 1.819.879 pesos de ahorro por unidad, es decir, al menos 1.800 millones de pesos podría ahorrarse el distrito solo en la compra de los 460 teléfonos.

Ahora, en cuanto impresoras térmicas de etiqueta, conforme al estudio de mercado, se requieren 11 unidades para el 2022 y 10 unidades para 2023.

Al respecto, el concejal del Centro Democrático explicó que la unidad más costosa en el mercado es de 2.015.000 pesos, valor muy inferior a la cotización del contrato y que le significaría a la Secretaría de Salud 2.358.796 pesos de ahorro por unidad, es decir, al menos 49,5 millones de pesos de ahorro en la compra de las 21 impresoras.

De otro lado, con relación a la compra de los portátiles, según el contrato, se requieren 7 unidades para el año 2021, 22 para el 2022, y 67 para el año 2023, es decir, 96 unidades en total.

Tomando como referencia la opción de 3.199.901 pesos unidad, que es la más costosa respecto del promedio, le significaría a la administración 3.945.107 pesos de ahorro por unidad, es decir, al menos 378.730.272 millones de diferencia podría ahorrarse el distrito en la compra de los 96 equipos portátiles, aclarando que se consideró el valor de la firma más económica para el producto, argumentó Colmenares.

“Tan solo con estos tres ejemplos de productos ya se está hablando de un presunto detrimento patrimonial de más de $.5.550 millones. Ahora bien, si consideramos que se trata de 12 categorías de productos diferentes, que representan la compra de 2.257 productos, el detrimento resulta gigantesco”, puntualizó el concejal.

“Todo esto obedece a un error cometido por la Secretaría Distrital de Salud: tomaron como referencia precios unitarios mucho más altos a la realidad del mercado, lo correcto hubiera sido que la Secretaría realizara un estudio de mercado acorde con la realidad comercial de los productos a adquirir, y no aplicar este estudio de mercado con valores cotizados astronómicos”, concluyó.

El concejal Jorge Colmenares hizo un llamado urgente a la Contraloría General de la Nación y a la Personería Distrital para que adelanten una investigación al respecto.