La corrupción hizo metástasis

"Hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones”, dijo Julio Cesar Turbay cuando era presidente, y la polémica y conmoción que causó siguen vivas varias generaciones después. Lo irónico es que esa premisa, que lo caracterizó negativamente, se quedó muy corta frente a la realidad de lo que está pasando en el país.

Casi a diario los colombianos se despiertan para enterarse del escándalo de turno o de los avances o nuevos involucrados en los ya conocidos. Reficar, Saludcoop, Cafesalud, regalías, la alimentación infantil, el cartel de la hemofilia, los escándalos en la contratación pública, las coimas de Odebrecht, la sed de La Guajira o los múltiples elefantes blancos que hay por todo el país hacen difícil determinar cuál es el caso de corrupción más grande, grave o aberrante.

El robo de los recursos públicos es más indignante si se tiene en cuenta que el gobierno se vive quejando por falta de plata y que el Congreso acaba de aprobar una reforma tributaria para recaudar más de 6 billones de pesos, que toca los bolsillos de todos los colombianos. Aunque no hay cifras concretas, esta semana el contralor general, Edgardo Maya, dijo que la corrupción le costaba al país 50 billones de pesos al año, mientras que un informe de la Procuraduría estima que puede ser de cuatro puntos del PIB al año, es decir, unos 22 billones de pesos. Esta entidad cree que un contratista está dispuesto a dar entre 10 y 25 por ciento de valor de un contrato para quedarse con la obra.

El escándalo del momento, que amenaza con convertirse en un tsunami judicial, político y económico, el de Odebrecht, ha servido para demostrar que la corrupción no es de izquierda o derecha, de un partido político, de ciertos estratos, regiones o culturas, ni respeta fronteras. En efecto, en diciembre la Justicia de Estados Unidos reveló que durante más de 15 años la constructora brasileña, una de las más grandes del mundo, había pagado más de 788 millones de dólares en plata e inmuebles a gobernantes, funcionarios, políticos, partidos, empresas y personas para quedarse con contratos de obras en países como Angola, Mozambique, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y, por supuesto, Colombia.

Gracias a un acuerdo entre esa empresa con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, altos directivos reconocieron los delitos que cometieron en todos estos países. De ese modo se conoció que en Colombia habían pagado 11 millones de dólares para garantizar que les adjudicaran la licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol, por 2,4 billones de pesos en 2009, y la ampliación de la vía Río de Oro-Aguachica-Gamarra por 900.000 millones. Otros proyectos, como el interceptor Tunjuelo-Canoas en Bogotá, al igual que varios tribunales de arbitramento, también están en la mira.

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En una rápida actuación, la Fiscalía General logró que Odebrecht colaborara y denunciara todas sus actuaciones non sanctas ante la Justicia colombiana. En pocas semanas, se comprobó que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien en 2009 ejerció como director encargado del extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco), recibió 6.500.000 dólares para darles la licitación a los brasileños. Tras su captura ha revelado que más de diez exfuncionarios, políticos y personas independientes hicieron parte de esta trama y habrían recibido parte de la mordida.

Los otros 4.600.000 dólares habrían hinchado las arcas del exsenador de Córdoba Otto Bula Bula, de funcionarios del gobierno y de congresistas para garantizar que a la Ruta del Sol 2 se le adicionara la vía Río de Oro-Aguachica-Gamarra en los términos que pretendía Odebrecht. Varias fuentes le dijeron a SEMANA que Bula, quien habría influido ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también está colaborando y que muy pronto habrá más detenidos. Incluso, en el teléfono que portaba el día de su captura aparecieron pruebas tanto o más reveladoras de las que tenían las autoridades.

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Al igual que pasó con los hermanos Nule, que pasaron de prestantes constructores a ser parte del famoso cartel de la contratación que se robó a Bogotá durante la Alcaldía de Samuel Moreno, muchos van a resultar afectados por el escándalo de Odebrecht, pero también habrá muchas víctimas, como miles de empleados, contratistas, proveedores, socios y, desafortunadamente, todos los colombianos. Muy seguramente el contrato de la Ruta del Sol terminará liquidado, lo que detendrá esta obra por un buen tiempo. Además, los brasileños son los socios mayoritarios de Navelena, empresa que ganó en 2014 la rehabilitación del río Magdalena por 2,5 billones de pesos. Aunque el fiscal Néstor Humberto Martínez descartó que en ella hubiera actos de corrupción, no se sabe si el escándalo terminará por afectar esta y otras obras vitales para el desarrollo del país.

Esta semana el fiscal Martínez ordenó investigar la licitación del sector 3 de la Ruta del Sol, al advertir la existencia de evidencias que podrían exponer un nuevo delito. Este tramo, que une San Roque con Valledupar, está a cargo de la firma italiana Impregilo, Conalvías y Grodco. El lado positivo de este caso, si es que lo tiene, es que en la medida en que más personas caigan y confiesen, más se sabrá cómo opera la corrupción en Colombia. En efecto, por lo registrado en los últimos meses parece tener presencia en todos los sectores y ramas del poder público, ya sea a través de sofisticadas operaciones técnicas o de burdas maniobras en las que no importa hacer las obras o cumplir los contratos sino robarse la plata. Hay ejemplos de sobra.

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La Contraloría General de la República anunció que iniciará una nueva auditoría para examinar otros 1.000 millones de dólares en contratos para la modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), considerado antes de Odebrecht el caso de corrupción más grande en la historia reciente del país. En una primera auditoría, la entidad había hecho hallazgos fiscales por 943 millones de dólares (cerca de 3 billones de pesos) y un lucro cesante de 1.936 millones de dólares, es decir, que había cerca de 9 billones de pesos en interrogantes. Esa cifra, con la que el Estado hubiera podido regalar más de 200.000 casas gratis o no hacer la reforma tributaria, se entregó a través de contratos para construir una refinería que ni Ecopetrol sabía cómo hacer, lo que permitió que hubiera todo tipo de improvisaciones y gastos desmedidos. En las próximas semanas, la Fiscalía va a ordenar las primeras capturas de directivos y personas que tuvieron relación directa con los contratos y las obras. Incluso para imponer justicia y llegar hasta el origen final de los fondos, se ha llegado a mencionar la palabra extradición.

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Otro caso que estaba eclipsado por el escándalo de Odebrecht tiene que ver con el manejo de las regalías y de la salud en Córdoba. La semana pasada las autoridades capturaron a los exsecretarios de Salud Edwin Preciado Lorduy y Alfredo Aruachan, así como al auditor médico Juan David Nader Chejne, quienes estarían relacionados con los pagos millonarios a unas IPS que atendieron a unos falsos pacientes hemofílicos.

Como si fuera poco, el proceso por el asesinato en 2014 del director de regalías de ese departamento, Jairo Alberto Zapa Pérez, no avanza a pesar de la confesión del autor material. Este funcionario concentró todo el poder para manejar más de 100.000 millones de pesos de ciencia y tecnología. De los convenios firmados de forma apresurada dos están en la mira de la Fiscalía y explicarían su muerte. Uno, por 17.000 millones de pesos para investigar cómo repoblar de carneros el departamento de Córdoba y así ayudar a mitigar los efectos del TLC, y otro, por 47.561 millones de pesos, para crear un corredor agroecológico Córdoba-La Guajira. De estos se desembolsaron en poco tiempo 60.000 millones de pesos. En unos hechos confusos, Zapa desapareció tras un almuerzo en el que estuvo su primo y uno de los operadores de estos convenios.

Al parecer, alguien asesinó a Zapa porque quiso incrementar el monto de su comisión, que sería del 10 por ciento. El cuerpo estuvo perdido tres meses, hasta que Joyce Hernández, desmovilizado de las autodefensas y quien participó en el almuerzo de ‘despedida’, ayudó a las autoridades a ubicar el cuerpo en Pueblo Nuevo, a hora y media de Montería. La Fiscalía no ha podido avanzar en la imputación de cargos a los supuestos responsables por las continuas dilaciones, pero investigadores tienen indicios de que detrás de este caso hay una organización criminal para robarse los recursos públicos. Entre los beneficiados estaría el exgobernador Alejandro Lyons y otros políticos del departamento. Lyons llegó a la Gobernación de la mano de los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Morales, y en 2013 se casó con la hermana de Elías. Las dos familias son de Sahagún.

Un artículo de Las 2 Orillas, publicado por un colectivo de indignados de Córdoba del año pasado, dice que “Lyons está involucrado en escándalos por corrupción como el saqueo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), botín que se repartió entre los contratistas que ellos mismos recomendaron; la muerte del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa; la inejecución de un programa sobre la cría de carneros y de otro más para incentivar las artesanías, con recursos de ciencia y tecnología… El desfalco, solo en este tinglado, llegaría a los 500.000 millones de pesos, los cuales habrían sido feriados por comisiones del 30 por ciento”.

Fuentes saludables

No es nuevo que la salud sea el sector en donde más se han ensañado los políticos para robar. Gracias a los billonarios recursos que empezaron a llegar con la Ley 100, los hospitales y EPS públicas se convirtieron en un botín predilecto. Uno de los casos más grandes es el de Saludcoop, un grupo solidario convertido en el emporio de su expresidente Carlos Palacino. A él y a su equipo directivo la Contraloría los condenó en 2013 a responder por 1,4 billones de pesos que habrían desviado para todo tipo de actividades, y la Procuraduría inhabilitó a Palacino para contratar con el Estado por 18 años. Sin embargo, en la Fiscalía el caso nunca prosperó, hasta que en octubre pasado, tras la llegada de Néstor Humberto Martínez, lo llamó a indagatoria. Hoy lo investiga por enriquecimiento ilícito, destinación de recursos de la salud para usos diferentes a la misión de la entidad y recobros injustificados al Fosyga.

Lo increíble es que los malos manejos se siguieron presentando en esta EPS después de que el Estado la intervino en 2011. Ahora la Fiscalía tiene en la mira estas actuaciones y la contratación por más de un billón de pesos en Cafesalud.

Y no es de extrañar que esto ocurra en este sector. La Andi acaba de presentar los resultados de la encuesta sobre cómo perciben sus afiliados la corrupción. Al preguntarles cuáles son los sectores más afectados a nivel nacional, dijeron que la salud (74,7 por ciento), aduanas (70,1 por ciento), impuestos (58,6 por ciento), transporte (51,7 por ciento), minería (39,1 por ciento), ambiental (37,9 por ciento) y educación (28,7 por ciento). Según ellos los trámites que presentan mayor incidencia de insinuaciones, favorecimientos o entrega de dinero son: aduanas (62 por ciento), Alcaldías municipales (40,3 por ciento), Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Dian (37,3 por ciento), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) (29,9 por ciento) y las Secretarías de Tránsito Distritales o Municipales (28,4 por ciento).

Lo más preocupante son los datos sobre cómo perciben los empresarios la corrupción en las regiones. De acuerdo con la encuesta, los departamentos en donde más se presenta corrupción son: La Guajira (50 por ciento), Chocó (45 por ciento), Atlántico (42,5 por ciento), Bolívar y Bogotá (37,5 por ciento), Cundinamarca (23,8 por ciento), Magdalena (17,5 por ciento), Córdoba (16,3 por ciento) y Valle del Cauca (15 por ciento).

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Esa percepción tiene fundamentos reales. Desde hace más de dos años Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, encontró en un estudio que en 2015 el 65 por ciento de la contratación de los municipios y el 35 por ciento de la de los departamentos se hizo mediante pliegos amañados o hechos ‘a la medida’ para beneficiar a un único proponente.

Esa modalidad ha sido una de las principales formas de despilfarro del erario y ha dejado innumerables elefantes blancos como las obras de los escenarios que albergarían los XX Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué. Allí la Alcaldía le entregó a un único proponente el proyecto para construir un parque deportivo por un valor de 90.000 millones de pesos que incluía complejo de raquetas y acuático, estadio de atletismo, tejódromo, pista de BMX, patinódromo, estadio de softbol y coliseos. Igual suerte corrió la unidad deportiva de la calle 42, que tenía un valor de 39.000 millones de pesos.

Los juegos nunca pudieron realizarse en Ibagué y tuvieron que trasladarse a otras ciudades porque los contratistas no cumplieron el cronograma de las obras y finalmente las abandonaron, dejando tras de sí más de 33 hectáreas de ladrillos y varillas abandonadas. Ahora los organismos de control comenzaron a desenredar un complejo entramado de corrupción del que Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué, sería el artífice.

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Caicedo no ha sido el único que ha documentado cómo en las regiones la contratación se queda en manos de unos pocos. En agosto del año pasado SEMANA reveló un informe de la Auditoría General de la Nación que detalla cómo un grupo pequeño de empresarios crearon entre ellos unas redes para quedarse con el mayor número de contratos. Tras revisar los 20 billones de pesos que las Alcaldías y Gobernaciones contrataron entre 2014 y comienzos de 2016, los investigadores de la auditoría encontraron que 8,1 billones quedaron en 78 redes o, como las llamó la entidad: mallas empresariales. De todos esos grupos solo uno recibió el 80 por ciento del dinero de los contratos, es decir, 6,3 billones de pesos.

Los numerosos estudios, auditorías y encuestas demuestran que Colombia padece del cáncer de la corrupción e hizo metástasis. Eso ya no es lo importante, pues como se dice en el argot médico la enfermedad está sobrediagnosticada. La prioridad en este momento es buscar un tratamiento eficiente. Pero no es fácil y requiere no solo del trabajo mancomunado de los órganos de control, sino un cambio de actitud de la sociedad colombiana ante el problema. Es necesario que se reduzca la impunidad, que los empresarios y funcionarios corruptos paguen sus condenas, que los colombianos denuncien y condenen socialmente a los corruptos y que eviten que los empresarios que financian las campañas luego obtengan los contratos.

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Sobre todo se necesita que la corrupción no se convierta en algo natural en la sociedad colombiana, ya que como ha dicho el papa Francisco sobre este flagelo: “Se ha vuelto natural, al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, a una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación que implica a agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable”.