¿Es cierto que más de la mitad de actos de violencia contra desmovilizados han sido esclarecidos por la Fiscalía?

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la violencia contra algunos sectores de la sociedad, lejos de disminuir, ha empezado a aumentar. Especialmente han sido recurrentes las denuncias sobre amenazas y hechos de violencia en contra de los excombatientes de la guerrilla, líderes sociales y defensores de derechos humanos y, recientemente, contra candidatos de distintos partidos políticos. 

En el caso de la violencia contra los desmovilizados, los principales líderes del partido político de las FARC denunciaron queva en aumento el número de los hechos de violencia que vienen presentando en contra de algunos de sus miembros.

En este sentido, aseguraron que han sido asesinados 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares; además de las multiples amenazas de todo tipo que reciben tanto ex combatientes de base como dirigentes del partido político.

La Fiscalía salió al paso a este preocupante cifra y señaló que más de la mitad de estos hechos de violencia contra los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc han sido esclarecidos.

Según cifras del ente acusador, de los 171 casos de víctimas certificadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, 87 ya han sido esclarecido por la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General en cumplimiento de la labor que le fue encomendada tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc-EP.

No obstante, de acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, “si bien la Fiscalía tiene buenas hipótesis, en este informe se exageran los resultados, ya que en este tema hay mucha impunidad. En el comunicado presentado por la Fiscalía este lunes, se hace referencia al problema de la violencia política como si existiera un único móvil, y no estructura compleja de violencia”.

Incluso, dice Ávila, la afirmación del ente investigador queda desmentida al constatar que en el derecho penal el concepto de esclarecimiento no existe. “La Fiscalía la utiliza para referirse al hecho de identificar a los autores materiales de los hechos, pero no hace referencia a sentencias efectivas ni al descubrimiento o captura de los autores intelectuales de los hechos”. En síntesis, a Ávila y a otros opinadores les preocupa que la respuesta de la Fiscalía se queda en una respuesta policiva contra los gatilleros sin alcanzar a los determinadores que son la real fuente del fenómeno. El punto es clave porque precisamente atendiendo a ese cuestinamiento se creó una estructura específica en la Fiscalía cuyo nombre vale la pena repetir en pleno: Unidad Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.

Con esta apreciación, si se toman en cuenta las sentencias en firme en las que han sido condenados autores materiales o intelectuales, el porcentaje de resultados positivos cae a mucho menos de la mitad de los casos esclarecidos.

Sin embargo, recuerda Ávila, es necesario reconocer los esfuerzos que viene adelantando la Fiscalía en esta materia por medio de su estructura especialiazada, un cuerpo de investigación relativamente reciente y al que hay que darle más  tiempo.

Un panorama nada optimista

Frente a este panorama, hay que decir que desde el gobierno las respuestas han sido contradictorias y, en varios casos, desafortunadas; como en el caso de las declaraciones hechas por el ministro de Defensa Guillermo Botero en relación con el asesinato del ex miliciano Dilmar Torres en extrañas circunstancias; o las realizadas por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, quien aseguró que: “no existe sistematicidad en las amenazas y homicidios de líderes sociales y ex combatientes de las Farc”, a pesar de las cifras parecen demostrar lo contrario.

Precisamente en días pasados, la ministra Gutierrez reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió una solicitud del partido Farc para que le fueran asignados esquemas de protección a sus más de 300 candidatos en todo el país, los cuales se encuentran en un alto riesgo.

Lo grave de todo esto es que a la violencia y a las amenazas contra los desmovilizados de las Farc y los candidatos de su partido político, hay que sumar la ola general de actos de violencia política que está viviendo el país, especialmente en los territorios que anteriormente ocupaba las Farc, en donde la situación es cada vez más compleja.

En las últimas semanas han sido asesinados siete candidatosd de distintos partidos y en varias regiones. Además, se ha dado un aumento en las amenazas contra decenas muchos aspirantes a cargos en las próximas elecciones de octubre. Es tan grave la situación, que hace unos días el procurador General, Fernando Carrillo, informó que hay en el país 45 candidatos que requieren atención prioridad por la gravedad de las amenazas que han recibido. Además de por lo menos 315 municipios con alto riesgo electoral según datos del Indicador de Riesgo Electoral del Ministerio Público.

El panorama se agrava aún más al tener en cuenta una triste realidad que ha venido aquejando al país: el asesinato de los líderes sociales. Desde finales de 2016, activistas ambientales, líderes de restitución de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y defensores de sus comunidades han venidos sufriendo todo tipo de actos violentos. Solamente entre entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de mayo de este año, la Defensoría del Pueblo informó  que se presentaron 1.608 conductas contra la vida e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 334 municipios.

 Falta de coordinación

Ante esta situación, lo lógico sería una respuesta coordinada e integral entre las distintas institucion del Estado. Desde el gobierno, la fuerza pública y los entes encargados de las investigaciones.

Sin embargo, en la práctica lo que se ha evidenciado es la incapacidad del gobierno para poner en marcha una política efectiva, que reconozca la complejidad del fenómeno y la multiplicidad de causas, y que contribuya a ponerle fin.

Y es que una de las grandes difícultades para hacer frente a la violencia política que se vive ha sido, según Ariel Ávila, “que no existe desde el gobierno una lectura estructurada de estos fenómenos. Estos no son procesos aislados sino en estrecha conexión, y sus causas no pueden reducirse a señalar al narcotráfico o a las economías ilegales”.