‘El 69 % de los esquemas de seguridad son para líderes sociales’: UNP

En entrevista con SEMANA, Daniel Palacios, viceministro del Interior y director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), respondió a las más recientes críticas que se le han formulado a esta última entidad, encargada de los esquemas de seguridad de las personas cuyas vidas corren riesgo en el país.

SEMANA: En las últimas semanas se ha cuestionado el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y se ha dicho que protege a quien no debería proteger. ¿Qué responde?

D.P.: De manera muy clara les digo que esto es totalmente falso. Hoy la UNP tiene en su programa de protección a más de 7.222 personas que corresponden a las 18 poblaciones que son objeto de protección, de acuerdo al Decreto 1066 de 2015. Ahí encontramos líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, políticos, líderes de la oposición, servidores públicos, funcionarios públicos, congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, etc. Esto quiere decir que el espectro de protección por parte de la Unidad es amplio y en la entidad no existen protegidos de primera y de segunda, aquí la protección es objetiva y se les brinda a todos. Quiero indicar que actualmente de estos 7.222 protegidos, 4.966 son líderes
sociales, es decir, que representan el 69% de nuestra población protegida.

SEMANA: ¿Qué otras estrategias tienen para la protección de los líderes sociales?

D.P.: El Presidente de la República ha dado una instrucción clara y es la de protegerlos y salvaguardar sus vidas e integridad. En consecuencia, se viene liderando el Plan de Acción Oportuna, con la participación de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Min Defensa, Min Justicia, Fuerzas Militares, Policía Y UNP, como principales, pero contando también con la importante participación de la comunidad, esto con el fin de coordinar y articular programas de protección a defensores de derechos humanos, lideres sociales, comunales y periodistas. Aprovecho la pregunta para decirles a los líderes sociales que hoy están bajo algún tipo de amenaza, que notifiquen de manera inmediata a la autoridad más cercana; ya sea la Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría, Alcaldías y Gobernaciones, quienes ejercen como primeros respondientes. También pueden hacerlo frente al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía. Esto lo digo, porque de los lideres sociales que han asesinado, solo teníamos conocimiento de que el 9% tenían alguna amenaza o habían iniciado alguna ruta de protección, mientras que de la gran mayoría, que representa el 91%, no se conocía que hubiesen recibido algún tipo de amenaza. De ahí la importancia de que den aviso si se encuentran en riesgo.

SEMANA: ¿Cuál es el proceso que se hace en la UNP para evaluar el riesgo en materia de seguridad de una persona?

D.P.: Mucho se especula frente a cómo una persona llega a obtener una medida de protección. Hoy tenemos dos caminos: la ruta ordinaria y los trámites de emergencia. La ruta ordinaria es cuando se inicia un proceso de solicitud de protección y allí, un grupo de valoración preliminar, el cual está conformado por analistas de la UNP, el Min Defensa, Policía Nacional, la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Víctimas, hacen una valoración inicial del riesgo, certificando que la persona haga parte de las poblaciones beneficiarias de medida de protección y haciendo un análisis sobre si efectivamente se encuentra en riesgo y cuál sería su nivel de riesgo.

Luego, esto pasa al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, quienes hacen un proceso objetivo y concluyen si hay lugar para implementar medidas de protección y a su vez notifica al Director de la Unidad Nacional de Protección de las recomendaciones del comité. Es decir, el Director, sencillamente debe acatarlas. Por otro lado, están los trámites de emergencia que tienen una duración de 3 meses y estos deben ser para la población objeto de protección y debe traer una consideración de un riesgo inminente o la necesidad de aplicar medidas preventivas mientras se adelanta la ruta de protección. Al finalizar este proceso, se puede llegar a tres conclusiones: Si el riesgo es ordinario, extraordinario o extremo.

SEMANA: El representante David Racero incluso dijo que la UNP estaría inventándose los riesgos de los concejales de Bogotá para asignarles camionetas blindadas. ¿Qué responde?

D.P.:  Esa afirmación no es más que una cruzada política y esa tesis no está acorde, ni obedece a la verdad sobre lo que maneja hoy la UNP. Las corporaciones públicas, los concejales, los congresistas, así como los alcaldes y gobernadores, son objeto de protección, como indica el Decreto 1066 de 2015. Sin embargo, establece este decreto que las entidades que tengan recursos; ministerios, gobernaciones, alcaldías, el Congreso de la República, concejos y asambleas, deberán firmar convenios para que ellos asuman el costo de la protección. Esto quiere decir que la medida de protección, debe ser a solicitud del beneficiario y en este caso particular, quien pide la protección es el Concejo de Bogotá, que además debe tener los recursos para proveerla, por su puesto también se lleva a cabo el estudio de riesgo correspondiente, para poder implementar las medidas.

Siguiendo con el caso de Bogotá, hoy tenemos 18 concejales con medidas de protección, de los 45 que integran el Concejo, porque tienen un riesgo
extraordinario y justamente eso es lo que hoy está pagando el Concejo de Bogotá a través de un convenio. En este momento hay otros concejales que se encuentran en estudio, solo hasta obtener los resultados se determinará si habrá más beneficiarios. Cabe resaltar que hay 5 concejales de la ciudad que rechazaron las medidas y no pidieron iniciar un proceso de estudio de riesgo. Recalco, este convenio es pago por el Concejo, es decir, no genera ningún costo a la UNP.

SEMANA: ¿Por qué le asignaron un esquema de seguridad a María Claudia Daza, exasesora del senador Uribe e involucrada en el escándalo de la Ñeñepolítica?

D.P.: Este caso se dio a mediados de septiembre de 2019, época en que yo no estaba vinculado al Gobierno Nacional. Ese caso, corresponde a una medida
de trámite de emergencia que dio el director pasado de la UNP, por unas situaciones de riesgo que adujo la señora María Claudia Daza. Hay que recordar que el trámite de emergencia solamente opera mientras se va adelantando la ruta ordinaria de protección. Cuando asumí como Director (e) de la UNP, se surtió esa ruta y la recomendación del Comité de Evaluación del Riesgo fue que la señora María Claudia Daza tenía un riesgo ordinario, por lo tanto, se recomendó el desmonte del esquema de protección; orden que di de manera inmediata. Es decir, hoy la señora Daza, no cuenta con esquema alguno.

SEMANA: María Jimena Duzán advirtió en su más reciente columna de SEMANA que algunos integrantes de la UNP podrían estar haciendo tareas de espionaje a sus protegidos…

D.P.: La UNP no es un organismo de inteligencia del Estado, esta entidad es un organismo de protección de las personas que requieren esta clase de
medidas. Nosotros rechazamos cualquier práctica que viole la privacidad de un protegido. Hoy, la gran mayoría de los hombres de protección que tiene esta entidad son hombres de confianza, es decir, son personas que recomienda el protegido y se vinculan a través de la unión temporal, para que hagan parte
de sus esquemas. 

Quiero dejar algo claro; quien tenga conocimiento de que alguna situación irregular se esté presentando en la Unidad, le solicitamos que lo denuncie de manera inmediata a las autoridades competentes. Si nosotros llegamos a tener conocimiento de alguna actividad irregular por parte de cualquier miembro de la UNP, seremos los primeros en denunciarlo y tomar las medidas correspondientes.

SEMANA: ¿Usted es partidario de reformar la UNP?

D.P.: Hoy la UNP es una entidad que debe ser más ágil, necesitamos cumplir la meta que ha puesto el Presidente de la República, que consiste en reducir los tiempos de la ruta de protección y en ese esfuerzo estamos con la reingeniería que adelantamos en la entidad y así poder priorizar la implementación de esquemas a quienes realmente lo necesitan.

También necesitamos un sistema de depuración más rápido. Hoy la UNP recibe más de 4 mil solicitudes de protección mensuales y ahí necesitamos tener una capacidad de diferenciar quiénes no son objeto de protección y quiénes no están en situación de riesgo de forma más rápida, para así darle prioridad a quienes sí la requieren con urgencia.

Otro de los compromisos de este Gobierno es lograr una entidad más austera. Por eso, estamos adelantando las licitaciones de vehículos convencionales y vehículos blindados, con las que aspiramos presentar un ahorro de más de  3 mil millones de pesos, con relación a los convencionales y de más de 18 mil millones de pesos con los blindados. Esto estableciendo requisitos como precios techo y por su puesto sin desmejorar la calidad, es decir vehículos que no tengan más de cinco años de antigüedad. Estamos muy satisfechos con estas metas, pues cada recurso que ahorremos es un recurso que podemos invertir para la protección de alguna persona que lo necesite.