En el 80 % de los barrios de Medellín hay extorsión

La reducción de homicidios en los últimos diez años en Medellín ha sido tan significativa que además de salir de la lista de las 50 ciudades más violentes del mundo, 2015 fue el de menos homicidios en los últimos 40 años. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la extorsión, un fenómeno que se ha expandido sin freno por toda la ciudad.

Hoy, son miles de negocios y familias las que tienen que pagarles a cerca de 240 grupos armados por la ‘seguridad’ o para que los ‘dejen trabajar’. Los armados cobran a tenderos, taxistas, buseros, propietarios de carros y motos, a cualquiera que tenga un negocio. El sistema es simple: o pagan o están expuestos a un atraco.

El fenómeno preocupa tanto a los paisas, que la administración de Aníbal Gaviria le encargó una investigación al Grupo de Microeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia para que estudiara este fenómeno y la forma como las bandas cobraban el dinero. El documento, que fue publicado hace poco, se llama Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín.

Dentro de las conclusiones del estudio, unido a otras investigaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, se determinó que en 247 barrios, de 308, hay extorsión. Es decir, que el 80 por ciento de los barrios “están vacunados”, como se dice en el argot popular a las víctimas de este flagelo. También determinaron que los extorsionados pagaron 9.244 millones de pesos en extorsiones en 2015, una cifra que varios expertos consideran sumamente conservadora si se tiene en cuenta la magnitud del fenómeno.

Los investigadores encontraron que los grupos armados tienen diversas formas de intimidar y la tecnología los ha ayudado a expandir el negocio. Desde la Secretaría de Seguridad informan que, de los casos denunciados, 117 personas fueron perjudicadas de manera directa, 93 fueron con llamada a celular,13 con llamada a un teléfono fijo y cinco casos por Internet.

Aunque durante cuatro años el alcalde Aníbal Gaviria le hizo el quite a las denuncias que se presentaban desde el Concejo, le dijo a Semana.com antes de dejar el cargo que esa era una de las deudas que dejaba y uno de los retos que tiene la nueva administración. “Los criminales, ahora más arrinconados, buscan la plata fácil en su mismo sector, amenazando a la población con la que viven”.

El alcalde, Federico Gutiérrez, dijo sobre el caso que “lo primero que estoy haciendo es no negar que existe esa problemática. En la medida que en la ciudad bajaron los homicidios también se consolidaron las bandas en algunos sectores de la ciudad y se metieron con el microtráfico y la extorsión. Estamos interviniendo hoy en zonas del Centro de la ciudad, en Castilla, en Robledo”.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), que se alimenta de la base de datos de la Sijín de la Policía, el año pasado sólo hubo 243 denuncias por extorsión en la ciudad, casi que una denuncia por ‘barrio vacunado’. Los sectores donde más se quejaron ante las autoridades son: La Candelaria con 39 denuncias, Castilla 30, Belén 26, Laureles 22, Robledo 18. Pensar en que solo se presentaron 243 denuncias es absurdo, pues esos pueden ser los casos “de extorsión en un solo día en una comuna”, dijo el alcalde.

Es paradójico, pero a Gutiérrrez, que fue uno de los mayores críticos de la seguridad durante los cuatro años pasados, le estalló una ‘papa caliente’ que el gobierno de Gaviria nunca quiso aceptar del todo.

Sin embargo,  las conclusiones más inquietantes a las que llegó el Grupo de Microeconomía Aplicada, dirigido por el profesor David Tobón, no son las cifras. Se conoció, por ejemplo, que entre más capturas, más crece la extorsión: “Porque las condenas son muy pequeñas o sueltan a los involucrados fácilmente, así que la gente percibe que es una carrera criminal rentable y entre comillas segura”.

En más del 80 % de las capturas, los procesados responden que no pertenecen a ninguna red criminal, como si fueran ruedas sueltas, “y los investigadores no ahondan en los casos”, dice Tobón, quien agrega que la información presentada por las autoridades es muy precaria y llena de vacíos: “Parece que desde adentro no quisieran colaborar”.

Esta investigación, que se demoró ocho meses en ver la luz, dice David Tobón, fue hecha con la misma metodología que aplica la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services y sólo costó 150 millones de pesos.