Seguridad para las 'locomotoras'

Todo el mundo sabe que la explotación de la riqueza petrolera y de minería es tal vez el mayor reto que tiene el país, desde el punto de vista ambiental y de desarrollo. Lo que hasta ahora no está muy claro es que también es uno de los grandes desafíos para la política de seguridad.

Así lo demuestran varios hechos ocurridos en el último mes. Cuatro ciudadanos chinos de la petrolera Emerald Energy fueron secuestrados en Caquetá, y se han producido atentados contra oleoductos en Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. Esta serie de actos violentos pone de presente que se necesita reforzar la seguridad para los inversionistas que están llegando a territorios donde la presencia del Estado sigue siendo muy débil y que la guerrilla, aunque debilitada, todavía está en capacidad de volar el tubo. El gobierno está consciente, pero la respuesta se demora.

La explosión de inversiones extranjeras en el campo petrolero y de minería no tiene antecedentes en el país. Las mejoras en seguridad en los últimos años han estimulado un incremento de ocho millones de hectáreas exploradas y produciendo hidrocarburos, en 2004, a 38 millones de hectáreas contratadas hoy. La cantidad de títulos mineros entregados se multiplicó por nueve desde 2002 (hoy hay casi nueve mil).

Lo primero que hay que preguntarse es si el país está ante un crecimiento de la inseguridad en las zonas de exploración y explotación minero-energética, como podrían indicar los recientes atentados.

Por un lado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia señala que los ataques contra la infraestructura petrolera aumentaron de 4 a 13, entre enero y abril del año pasado, comparados con el mismo periodo en este año. Y el ataque contra la infraestructura energética pasó de 5 a 20 en el mismo tiempo. Más delicado aún, según las cifras de ISA, es que hasta este 17 de junio se habían derribado 25 torres de energía en Antioquia y Arauca, cifra muy superior a las 20 que se derribaron en el país durante todo 2010.

La extorsión sigue preocupando. El presidente Juan Manuel Santos dijo en Cartagena que hace siete años se registraron 2.400 denuncias de extorsión en el sector de hidrocarburos, y hoy no llegan a 1.400. Pero hay razones para pensar que hay un subregistro de estos casos por la desconfianza y el temor a denunciar.

En Meta, de donde sale el 43 por ciento de la producción total del petróleo en todo el país, en los primeros cuatro meses de este año la extorsión aumentó un 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Además, esta región tiene un agravante: entre Meta y Guaviare, donde se calcula que hay 12.620 hectáreas cultivadas con coca, la guerrilla y las bacrim se disputan el negocio del narcotráfico.

En las compañías mineras la extorsión también acecha. Antioquia, donde abundan este tipo de proyectos, fue el departamento en el que más denuncias hubo por este delito: aumentaron un 18 por ciento -54 casos- entre enero y abril de este año. Un alto ejecutivo de una empresa que busca oro asegura que la extorsión es una "dificultad importante" en su sector, pero que es un tema casi vetado y por eso prefirió mantener su nombre en reserva. "A muchas empresas les parece que es mejor arreglar con el delincuente que chantajea, que poner en manos del Gaula el caso, porque se sienten más en riesgo, se exponen más".

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, dice que la seguridad ha mejorado notablemente y que sí ha habido inconvenientes en zonas como Putumayo, Caquetá, y la región del Catatumbo, pero dice que "esto no es nuevo, estas siempre han sido zonas complicadas". Otros colegas suyos creen, además, que la situación de violencia ahora es más visible y tiene más impacto.

El gobierno, por otro lado, no habla de un deterioro de la seguridad para este sector, sino de ser "víctimas de su propio éxito". Andrés Villamizar, director de orden público del Ministerio del Interior y de Justicia, señala que a mayor presencia de las petroleras (hace cinco años había treinta operadoras, hoy existen unas noventa), el riesgo aumenta. "El secuestro de los chinos y de los operarios de Talisman, en marzo, tiene un alto impacto mediático, pero un bajo impacto real. Hoy día, a las multinacionales les preocupa más su relación con la comunidad, que el guerrillero armado que le va a volar el oleoducto", asegura.

La magnitud de los desafíos queda clara si se tiene en cuenta que 11 por ciento de los efectivos del Ejército y la Armada -cerca de treinta mil hombres- están dedicados hoy a cuidar pozos, oleoductos y prospecciones mineras. Con la llegada masiva de inversionistas, los cuales se instalan en zonas en las que históricamente la presencia estatal ha sido entre débil y nula, no habrá pie de fuerza que dé abasto.

Poner a los militares a cuidar cada nueva explotación no tiene sentido, según Francisco Lloreda, alto consejero de Seguridad, encargado de trazar la nueva estrategia para blindar al sector minero, petrolero y energético de las acciones violentas. Actualmente, el riesgo se evalúa a partir de la necesidad de cada empresa y se envían los hombres necesarios para cuidar el proyecto. Ahora quieren replantear esa situación para evaluar las necesidades de la zona en la que se encuentre cada empresa. "Con eso hacemos más eficiente el uso del pie de fuerza y utilizamos mejor la inteligencia y la tecnología", dice Lloreda.

Un tema que también ha hecho daño es la politización del debate de la seguridad. "La presión de los uribistas y de Uribe diciendo que hoy hay más inseguridad, siempre está ahí rondando", dijo a SEMANA un funcionario actual del gobierno que prefiere mantenerse en el anonimato.

El tema de la seguridad es un riesgo que las multinacionales reconocen, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por eso las compañías trabajan en conjunto con la fuerza pública y desde hace 11 años se guían por un código conocido como Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos que utilizan en zonas de conflicto, y en la que participan las Fuerzas Armadas, seguridad privada y las empresas.

Ahí es donde está el desafío: volver efectiva la estrategia común entre la seguridad privada de las empresas y la acción de la fuerza pública. Lo cierto es que sin los rieles de la seguridad, las locomotoras minera y de infraestructura podrían descarrilarse, y lo que se perdería no sería poca cosa: una bonanza que concentra grandes esperanzas en el gobierno, en el sector privado y en los inversionistas extranjeros.