SEMANA destapa la increíble historia de una sencilla imprenta en Cali que se convirtió en un pulpo de la contratación, ¿hay corrupción?

En el sótano del edificio de la Gobernación del Valle funciona una de las empresas más poderosas, en términos de contratación, del país. Se trata de la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mejor conocida como Impretics.

Todo se remonta al año 1928, cuando la entonces imprenta departamental abrió sus puertas. Por décadas solo se dedicó a la impresión de libros y de la Gaceta del Valle, hasta que en 2015, producto de una fuerte crisis económica de tres años, se planteó cambiar los estatutos.

Un año después, en 2016, la Gobernación del Valle presentó una proposición a la Asamblea Departamental para ampliar la parrilla de servicios a 374. Es decir, la imprenta pasó de imprimir libros a ofrecer hasta la construcción de edificios inteligentes.

En tan solo siete años acaparó gran parte de la contratación pública. Ha firmado contratos interadministrativos para la digitalización de archivos de diferentes gobernaciones y otras entidades del Estado, la dotación de mobiliarios de colegios en el Chocó, la implementación y operación de cámaras de seguridad en Cali y hasta en el máximo pabellón de la cárcel La Picota.

Lo paradójico es que la sede física de la imprenta opera en un sótano y tan solo tienen 15 empleados de planta. Entonces, ¿cómo han logrado convertirse en un pulpo de la contratación con ese reducido personal? La respuesta, según el abogado penalista Elmer Montaña, quien le ha seguido de cerca a Impretics, es que se ganan los contratos a dedo y luego subcontratan por un valor menor de lo firmado inicialmente.

“La imprenta ofrece servicios como el diseño de edificios inteligentes, obras de construcción civil, todo lo relacionado con ebanistería, carpintería y cerrajería, así como suministros de artículos deportivos, atención de salas de primeros auxilios, entre muchos otros. Con la modificación de los estatutos, y siendo una empresa de economía mixta pública-privada, salió a ofrecer esos servicios a las mismas entidades de la Gobernación del Valle, a la Alcaldía de Cali y a otras entidades nacionales”, dice Montaña.

Agrega que “una de las modalidades de contratación son los contratos interadministrativos, es decir, que pueden contratar de manera directa. Ofrecen los servicios y luego subcontratan absolutamente todo. Esto es una manera de burlarse de la contratación pública. Lo grave es que contratan por un valor y luego salen a subcontratar por un valor mucho menor”.

Entre los casos estudiados por Montaña, figuran un contrato con la Gobernación de San Andrés por 2.000 millones de pesos para la digitalización del archivo; un convenio con la Gobernación del Chocó por 9.000 millones de pesos para dotar de mobiliario a los planteles educativos, no obstante, dicho contrato no se ejecutó en su totalidad, porque el particular subcontratado incumplió, denuncia el abogado Montaña.

Impretics también hizo un contrato en 2020 por 3.000 millones de pesos para dotar de cámaras de seguridad al pabellón de máxima seguridad de La Picota, pero, como en otros casos, subcontrató a la empresa Viotec S. A. S. Meses después, el entonces director del Inpec, Mariano Botero, advirtió de fallas en los circuitos cerrados de videovigilancia. “Las unidades de grabación presentan apagados abruptos por ausencia de fluido eléctrico y agotamiento de la carga UPS”, dijo el funcionario.

Pese a todos estos informes de presunta mala ejecución, Impretics siguió pescando contratos grandes. Uno de ellos, que ahora la tiene en el ojo del huracán de la Contraloría, es el firmado con la Alcaldía de Cali para dotar a la ciudad con cámaras de seguridad.

Frente a este último caso, la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de 5.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones de pesos nunca se ejecutaron. En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre Impretics y la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

El contrato, que no se cumplió en su totalidad, planteaba la importancia de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

El documento que justifica el cuestionado y millonario convenio asegura que la imprenta cuenta con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones. La propuesta que Impretics le pasó a la Alcaldía de Cali planteaba ofrecer como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por 426 millones de pesos. A este monto se le sumó el generoso respaldo económico del alcalde Ospina, que desde el Distrito puso sobre la mesa un presupuesto superior a los 5.300 millones de pesos. Pero ni siquiera fue Impretics la encargada de ejecutarlo y “la experiencia y la idoneidad” a la que hacían referencia se convirtió en una simple justificación. Terminaron contratando con una unión temporal llamada Windetec.

SEMANA y El País de Cali tuvieron acceso al contrato de 48 páginas entre Impretics y Windetec. El presupuesto para ese proyecto piloto era de casi 5.000 millones de pesos, a lo que se le suma un costo de 300 millones de pesos por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida. ¿Dónde está ese dinero y por qué Impretics, en lugar de ejecutar el contrato, llama a una unión temporal como Windetec?

La respuesta es simple: no contaba con la capacidad para realizar la adecuación de las cámaras, así, al momento de diseñar el contrato, la justificación dijera lo contrario.

La Contraloría puso la lupa sobre las gigantescas irregularidades y encontró un alarmante hallazgo que supera los 1.854 millones de pesos: 300 millones de la cuestionada intermediación y 1.500 millones que nunca se ejecutaron. Por esa razón fueron vinculados como posibles responsables fiscales el alcalde Jorge Iván Ospina, el secretario de Seguridad, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretics y los miembros de la Unión Temporal Windetec. La Contraloría encontró irregularidades como pagos realizados sin justificar, pagos de actividades y elementos que debieron ser instalados en las cámaras y no hay evidencia de ello, entre otros.

Responde Impretics

El gerente de Impretics, Fernando Céspedes, justificó el modelo de negocio de esa compañía: “Los proyectos son desarrollados con personal idóneo que es contratado bajo las diversas tipologías contractuales”.

“Ahora bien, con relación al desarrollo de las demás actividades establecidas en su objeto social, y de manera similar a su competencia, adopta la figura de plantas temporales conforme a la necesidad de cada uno de los proyectos a ejecutar, es decir que, de conformidad con los aspectos técnicos inherentes a la ejecución de los mismos, procede a incorporar el recurso humano requerido con los perfiles que cumplan con las exigencias”, puntualizó.

Negó que Impretics se gane los contratos a dedo, así como que los proyectos ganados no se ejecutan en su totalidad. “El señalar erradamente que ‘se gana los contratos a dedo’, demerita no solo la modalidad de selección directa establecida en la ley y la labor que adelantan las entidades contratantes en su planeación contractual, sino también el trabajo comercial que desarrolla la respectiva área de Impretics”.

Así las cosas, la poderosa Impretics, con tan solo 15 personas de planta, es uno de los pulpos más grande de contratación de Colombia.