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SEMANA revela las pruebas de cómo algunas estaciones de Policía en Bogotá se convirtieron en centros de tortura; esta es la historia
SEMANA conoció aterradores casos de tortura ocurridos en los llamados “espacios transitorios de reclusión” de Bogotá. Las celdas de las URI fueron cerradas y la delicada situación se trasladó a las estaciones de Policía. La Alcaldía se lava las manos.
Mientras el Tren de Aragua, la banda de criminales de origen venezolano, intentaba desmembrar un hombre en las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy; en las salas “transitorias” de detenidos de una estación de Policía, algunos internos fueron confinados en el shut de las basuras para salvarles la vida.
Aterradoras historias como estas fueron escritas en una docena de denuncias conocidas por SEMANA y se convirtieron en la pólvora que alimentó el estallido de las URI en Bogotá. Las celdas “transitorias” se convirtieron, con complicidad de agentes de la Policía, en espacios macabros con hechos de tortura, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto y hasta homicidio. Uno de muchos casos es el de Juan Pablo González, el presunto abusador de Hilary Castro, a quien mataron, literalmente, a patadas.
La investigación de la Fiscalía concluyó que la permanencia, hasta por tres años, de cabecillas de organizaciones criminales en espacios que no fueron pensados como celdas permitió que las irregularidades se esparcieran como un peligroso y mortal virus en las URI, a tal punto que la solución fue acabar con estos improvisados espacios de reclusión, aunque la decisión nunca se hizo pública.
SEMANA conoció una determinación que dejó fuera de circulación las celdas en las URI de Engativá, Usaquén, Kennedy y Ciudad Bolívar, que en promedio alojaban más de 2.000 detenidos, entre sindicados y condenados. El problema cambió de dueño y la crisis fue endosada a la Policía, sin derecho a devoluciones.
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Las torturas
Desde el año pasado, la Fiscalía avanza en una investigación que dejó registrada en video la violenta costumbre del Tren de Aragua, la tortura a un hombre detenido en la URI de Kennedy. La víctima tuvo la mala fortuna de caer en la misma celda hacinada con los responsables de desmembramientos en Bogotá. Desde el primer día, su vida quedó empeñada. Lo torturaron y grabaron su sufrimiento como prueba de la crueldad. Los videos fueron enviados a la familia, que quedó encargada de pagar las extorsiones. Si quería un espacio para dormir, ir al baño o comer, tenía que consignar. Las imágenes llegaron al CTI, que de inmediato adelantó diligencias y logró identificar a los responsables.
El problema fue que el fiscal a cargo no compartió el mismo impulso de los investigadores, olvidó el caso y quedó engavetado, pese a la violencia y crueldad de las pruebas. La angustiosa situación de la URI las denunció la Fundación Cárceles al Desnudo y los hechos fueron confirmados por la Personería de Bogotá, que tras realizar visitas y acompañar los operativos lograron determinar que las torturas fueron una constante.
El análisis de la Personería incluye la falta de capacitación de los policías encargados del “tratamiento” de personas privadas de la libertad, justamente porque no es su labor; son policías, no hombres de custodia del Inpec. Es más, están siendo destinados a cuidar detenidos mientras la delincuencia en las calles hace de las suyas. Las denuncias, advertencias e investigaciones se convirtieron en el argumento para cerrar, con candado, las celdas de las URI en Bogotá, solución improvisada cuyo coletazo puede llevar a la ciudad a un hacinamiento sin precedentes.
Celdas a presión
El problema de las URI pasó a las estaciones de Policía. Actualmente, hay 3.187 personas privadas de la libertad que todos los días amenazan con amotinarse, y mientras la alcaldesa Claudia López pide más uniformados en las calles, indirectamente los obliga a permanecer en las estaciones cuidando a los detenidos.
Más de 500 uniformados, 100 de policía judicial que deberían estar investigando y resolviendo crímenes, son destinados al cuidado de los privados de la libertad. Se trata de la misma cantidad de policías que cubrirían 74 cuadrantes, la cantidad que requieren para vigilar una ciudad intermedia, pero que deben permanecer en tres turnos, haciendo el trabajo del Distrito y el Inpec.
La situación es de tal magnitud que el hacinamiento está en 257 por ciento. Hay más de 350 condenados, algunos llevan más de tres años en espacios que se supone están diseñados para alojar detenidos por máximo 36 horas. Un dato alarmante, 150 tienen enfermedades como VIH, hemofilia, situaciones de discapacidad y hasta problemas mentales. Con todo esto deben lidiar los uniformados, entrenados para otra clase de servicio.
Los casos de tortura, extorsiones y hechos de corrupción cambiaron de sede. Ahora las celdas en las estaciones de Policía concentran las denuncias. En Kennedy, por ejemplo, la situación es dramática. El hacinamiento es del 378 por ciento. Las celdas se reventaron y la Policía tuvo que ubicar carpas en un parqueadero para “encerrar” a los detenidos en condiciones, tal vez, menos inhumanas.
“No cuentan con tecnología para la vigilancia, tampoco personal capacitado en el manejo de población carcelaria ni recursos oficiales asignados para este manejo operativo (…) Es necesario resaltar que las estaciones de Policía no son sitios oficialmente reconocidos como lugares de reclusión”, señala el fallo.
Las imágenes que dejan en evidencia la grave crisis de hacinamiento que vive la estación de Policía en Kennedy fueron suficientes para que el Tribunal de Bogotá confirmara la decisión de primera instancia y mantuviera la orden perentoria a la Alcaldía de Bogotá y al Inpec de trasladar la totalidad de los detenidos. Pero no han cumplido.
Una “papa” caliente
Esta grave crisis solo tiene un doliente: la Policía. El resto de autoridades se lanzaron la pelota y sacudieron la responsabilidad, pero la norma es clara: de las personas sindicadas se hace cargo el Distrito; de los condenados, el Inpec. La Alcaldía dice, a pesar de las crudas imágenes, que el tema está “resuelto” con las decisiones de la Corte Constitucional.
Desde el Inpec aseguraron que, de manera paulatina, han hecho los traslados a las cárceles de acuerdo con la disponibilidad de cupos. Advierten que incluso lo hicieron con personas en calidad de sindicados, en teoría, responsabilidad del Distrito, que insiste en que “carece de competencia”.
Así las cosas, mientras la Alcaldía advierte que el tema está “resuelto” o que carece de competencia, en el caso de los condenados en las estaciones la crisis se desbordó e inundó la capacidad de la Policía. Es una bomba que amenaza con estallar todos los días. El caos está servido y la tragedia, anunciada.
