“El Estado y las Fuerzas Armadas son los culpables”: SEMANA revela los escandalosos borradores de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto

SEMANA tuvo acceso a varios documentos de sesiones de la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de La Habana entre Juan Manuel Santos y las Farc. Los planteamientos y las recomendaciones de los comisionados los dejan en evidencia por su inmenso sesgo frente a la verdad y la dolorosa historia del conflicto armado en Colombia.

Este martes se hará público el anunciado informe final y, a juzgar por lo conocido por este medio, se confirmarían las profundas prevenciones de algunos sectores que desde un principio alertaron sobre la poca neutralidad de los responsables de escribir el relato de la guerra en el país. ¿Quieren acaso reescribir la historia, acomodando hechos, interpretando lo que pasó bajo un solo punto de vista y crucificando al Estado y a sus instituciones en un intento por exculpar a los grupos criminales que durante décadas han sembrado el terror?

Los documentos resultan explosivos. Allí, los comisionados dejan prácticamente como únicos responsables de lo ocurrido en el conflicto al Estado, a las Fuerzas Militares y de Policía y a los empresarios. Critican el modelo de seguridad, la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la misma que terminó debilitando a las Farc y llevándolas a la mesa de La Habana.

El informe final estará compuesto por varios capítulos sobre narcotráfico, terrorismo, política de seguridad, violaciones a los derechos humanos, narrativa, mujer y población LGBTI (género), entre otros. Los borradores que SEMANA revela contienen hallazgos y recomendaciones, hacen contundentes señalamientos contra la institucionalidad y sugieren un radical cambio de modelo de Estado. Entre otras, piden reducir el tamaño de las Fuerzas Militares, cambiar su doctrina; sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y la justicia penal militar; avanzar hacia la legalización de la droga; y plantean que el Estado es el gran responsable de todos los males, mientras se muestran casi condescendientes con los grupos armados, como las Farc y el ELN.

Hallazgos

El primer documento tiene 42 páginas, en las cuales es casi nula la responsabilidad de las Farc y otras organizaciones terroristas en el conflicto. Un primer hallazgo, que puede resultar obvio, es que “las víctimas son las más afectadas por la guerra”. Pero en este caso llama la atención que señalan de manera contundente que la responsabilidad es del Estado.

La comisionada Marta Ruiz advierte que “las víctimas fueron quienes más perdieron en la guerra porque fueron despojadas de sus derechos como ciudadanos y de su dignidad como seres humanos. Hay una correlación entre desprotección y victimización”.

La comisionada hace planteamientos en los que declara al Estado como cómplice al señalar que “la desprotección y falta de vigencia del Estado de derecho facilitó la violencia contra grupos de personas, territorios, organizaciones (...) el Estado actuó protegiendo intereses económicos, políticos y militares particulares por encima de los derechos de la gente. Por ejemplo, la falta de derechos de propiedad facilitó el despojo y el desplazamiento”.

La conclusión del trabajo de los comisionados en este punto es clara: “entre más desprotección, más víctimas hay en ese territorio (...) La responsabilidad es fundamentalmente del Estado”.

En otro punto al que denominaron “La Colombia herida y los impactos en la vida cotidiana”, nuevamente el responsable es el Estado. “Las respuestas autoritarias (del Estado) en lugar de más derechos humanos, más armas y menos derechos humanos. Esto tiene que ver con un modelo de seguridad que desperdicia vidas y con una narrativa que justifica todo esto en contra de la paz, el plebiscito, los paros. Discursos de odio”, se lee en el documento.

Ante este panorama surge una recomendación que se repite una y otra vez y toca de fondo el tema del adoctrinamiento desde el salón de clase, que ha sido tan polémico. Plantean una especie de nueva cátedra en la educación pública, basada en las directrices de la Comisión de la Verdad.

Otro hallazgo sorprendente, en un país donde los grupos armados ilegales han violado el derecho internacional humanitario y usado armas no convencionales, es el relacionado con lo que llamaron “mezcla de armas y política”. Señalan que “los oponentes políticos son eliminados con armas, de tal manera que lo que existe no es una relación de adversarios, sino de enemigos, esto ha contribuido a debilitar la cultura democrática”. Definitivamente, se trata de una apreciación insólita, cuando las Farc, el ELN y los paramilitares se tomaron pueblos, masacraron a civiles, robaron bancos, dinamitaron oleoductos, entre otras atrocidades, bajo la fuerza de las armas.

En este contexto, la Comisión de la Verdad propone como solución cambiar las normas, reformar la Constitución y hasta crear una nueva.

La recomendación es “hacer un pacto político que saque las armas de la política. Es posible que ese pacto sea una Constitución o un gran acuerdo al más alto nivel político”. Curiosamente, este planteamiento coincide con algunas propuestas del gobierno electo de Gustavo Petro, e incluso con algunas de sus posturas de 2018, cuando se mostró partidario de una Asamblea Nacional Constituyente.

Fuerzas, en la mira

Otra conclusión a la que llegaron la titularon “criminalización de la protesta y respuesta militar a los conflictos sociales” y tiene que ver con la respuesta del Estado a las manifestaciones, muchas de ellas extremadamente violentas, como las que se vivieron en abril del año pasado, que colapsaron las ciudades y algunas quedaron casi destruidas, como fue el caso de Cali.

Pese a la necesaria intervención de la Policía, con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), nuevamente la Comisión señala como único responsable al Estado: “La protesta se ha manejado como problemas de orden público, por eso el Estado se ha inclinado a la criminalización, estigmatización de líderes, comunidades y territorios”. Ni una palabra frente a la arremetida violenta de algunos encapuchados y vándalos contra las autoridades, los civiles y las instituciones. Menos tocan el tema de la infiltración de los grupos criminales en las protestas y los dineros del narcotráfico que han servido de combustible.

Uno de los puntos más críticos son los cambios que sugieren para las Fuerzas Militares y de Policía. “Poner límites a la intervención policial y militar en las movilizaciones y conflictos sociaguares. Hay que evitar que la primera respuesta sea policial. La Policía Nacional tiene que salir del Ministerio de Defensa, debe haber un cambio de doctrina hacia la seguridad humana, tiene que haber mayor control a los organismos sobre las intervenciones militares o control judicial sobre la criminalización”, advierte el documento.

Coincidencia o no, en este caso se usa un término que plantea Petro en su programa de Gobierno, en donde se lee un cambio extremo. “Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana, basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social”, señala el programa de Gobierno de Petro.

En otro fragmento llamado “modelo de seguridad”, los comisionados concluyen que dicho modelo “está pensado para la defensa del poder y la riqueza, y no para la defensa de la vida y la dignidad igual de todos los colombianos. Se necesita un modelo de seguridad para la paz y, por tanto, una reforma de fondo al sector de seguridad y defensa, que hasta el momento no ha sido posible, dado los privilegios, el falso prestigio y autonomía relativa de las Fuerzas Militares”. Un verdadero insulto para miles de mujeres y hombres honestos que todos los días se juegan la vida por los colombianos sin contar a quienes la ofrendaron.

Sobre el particular, el propio presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, sostiene: “La seguridad es en Colombia para el poder y la propiedad. Máxima seguridad, para máxima propiedad. No es seguridad para la vida con dignidad”. La comisionada Alejandra Miller agrega: “Esta relativa autonomía de las FF.AA. en el manejo de la seguridad nacional se ha superpuesto a la demanda de paz del país”.

Un tono similar, de reclamo, es el del comisionado Alejandro Valencia, quien argumentó: “Los privilegios y el falso prestigio de los militares impiden una reforma sustantiva de las políticas de seguridad. La fuerza pública es intocable, lo fue en la Constitución de 1991 y en el acuerdo de paz con las Farc”. Sorprende el sesgo con el que son miradas las Fuerzas Militares y de Policía en dichas discusiones, lo que demuestra una deformación de lo que ha ocurrido y el poco interés por entender los problemas de manera justa para plantear soluciones.

La Comisión de la Verdad reconoce que el “narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”. Pero más allá de eso, plantean “una política propia partiendo de que Colombia es el país más afectado del mundo por el narcotráfico. Hasta ahora la política antidrogas se ha enfocado en solucionar el problema de consumo en los Estados Unidos y no los problemas nuestros, es necesario un nuevo paradigma” y agregan que se debe crear una comisión que “debe desembocar en un gran proceso de sometimiento a la justicia y con factores de justicia transicional”. Cualquier parecido con el llamado “perdón social” del petrismo sería coincidencia.

Al hablar de narcotráfico, no hay referencia alguna a los cultivos de coca que se dispararon luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Tampoco se habla de la vocación narcotraficante de las organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc, el ELN y las bandas criminales, y menos de las condiciones para que ese eventual sometimiento no se traduzca en impunidad.

Empresarios

En cuanto a la responsabilidad de terceros, se van a fondo. “Existe consenso en que sectores y actores económicos y empresariales se han beneficiado de la guerra y han acumulado poder y riqueza gracias a la violencia. Algunos financiaron y promovieron la guerra como estrategia de acumulación, otros guardaron silencio y aceptaron los beneficios que la guerra les entregaba”. ¿Y dónde quedan aquellos terceros que fueron sometidos y obligados y que en realidad fueron víctimas de los grupos armados ilegales? Sobre ellos no hay referencia alguna.

SEMANA también tiene en su poder un borrador de recomendaciones, cuyo acatamiento, en teoría, es opcional para el gobierno de turno. Pero en la práctica no es así. En el decreto de creación de la Comisión de la Verdad queda claro que tan pronto se entregue el informe final, se conformará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación y será la misma Comisión la que “reglamentará el procedimiento para su composición, funcionamiento, mecanismo de selección y duración”.

En el documento de 85 páginas se contemplan varios ejes temáticos. En su índice, que pueden haber cambiado en su denominación, pero no en su fondo, hay asuntos como: protección integral de los territorios rurales; régimen político y participación; garantías de seguridad para las poblaciones en los territorios; justicia frente a graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al DIH; reparación integral; memoria y reconocimiento para la construcción de la paz; organizaciones armadas persistentes; narcotráfico, entre otros.

Protección de territorios rurales

En este capítulo, la Comisión de la Verdad parte de un hecho: “Garantizar el reconocimiento político y los derechos del sujeto campesino”. Y le piden al Gobierno y al Congreso “reconocer al sujeto campesino, como ciudadano de especial protección por parte del Estado en la Constitución Política”, lo que sucede en la actualidad con las minorías étnicas. Uno de los comisionados le dijo a SEMANA que este punto en particular tendría que ver con las llamadas “zonas de reserva campesina”, de las cuales se habló en La Habana, y que para ponerlas en práctica se requeriría una reforma constitucional y, ante el cúmulo de recomendaciones, todo lo que dice la comisión, si se pone en marcha, desembocaría en una asamblea constituyente.

A diferencia de las negritudes o los indígenas que son minorías y de alguna manera se pueden ubicar geográficamente en resguardos y propiedades rurales, en este caso se plantea dar la misma autonomía, que implica casi una renuncia a la soberanía del Estado para ceder el control del territorio y “extender la consulta previa a las comunidades campesinas como una forma de participación activa y efectiva y de protección de su identidad cultural”. En las zonas donde hay campesinos, es decir, en toda el área rural del país, ellos tendrían la última palabra. ¿Tiene eso alguna conexión con los diálogos regionales propuestos por Petro en el discurso de victoria, en la noche del pasado 19 de junio?

A esto se suma lo que la Comisión de la Verdad llama “gobernanza eficaz e incluyente de las tierras y territorios”, en donde se señala, entre líneas, que el Estado debe abandonar la soberanía que en alguna medida tiene para la entrega de predios o asignación de espacios para la explotación de recursos no renovables.

Y hablan de promover “un diálogo con los actores y autoridades territoriales que garantice la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones sobre los proyectos de exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, así como otros proyectos de interés nacional o de utilidad pública, en particular los de gran escala en el uso de la tierra”. Una discusión que ya se había saldado cuando la Corte Constitucional tumbó las consultas populares como mecanismo para frenar estos proyectos y se mantuvo la soberanía estatal, que ahora entrará de nuevo en discusión.

Seguridad en las regiones

Los comisionados dicen que se debe dejar de lado el monopolio de la fuerza del Estado y se cede la autoridad a otros actores regionales.

En primera instancia se habla de la creación de la “Policía Rural” para fortalecer los mecanismos de autoprotección, convivencia y formas propias comunitarias (guardias indígenas, campesinas y cimarronas) y más adelante proponen “instancias de coordinación entre los mecanismos de autoprotección, las autoridades étnicas y la fuerza pública”. Esto en síntesis plantea la pérdida de autonomía de la Policía en las regiones y la necesidad de consultar sus actuaciones con las “guardias”. Para los expertos en seguridad, este punto es un disparate.

Otro capítulo llamado “recomendaciones para avanzar en las garantías de seguridad de las poblaciones y los territorios” señala la necesidad de “debatir y aprobar una ley de seguridad y defensa” y “la transformación de las Fuerzas Militares y de Policía, así como de los organismos de inteligencia civil del Estado, adaptándolos al nuevo escenario de construcción de la paz”.

Ese cambio se haría, de acuerdo con el documento, a partir de “una comisión técnica e independiente que lidere un proceso de escucha amplio y plural con el fin de revisar la doctrina y construcción de una nueva visión de seguridad”. Otra fuente de la Comisión aseguró que todo dependerá de quiénes van a conformar esa instancia, ya que de su inclinación política dependerá el resultado, tal como se está viendo con el informe de la verdad.

El golpe más duro viene para la Policía, pero aquí de nuevo los comisionados coinciden con las propuestas del gobierno entrante. Hablan de la necesidad de una “transformación” que va desde separarla del Ministerio de Defensa y por esa vía retirar a este cuerpo de la justicia penal militar y enfocarla en seguridad rural. Además, promover reformas al Esmad.

Para eso proponen “desarrollar un marco jurídico (más leyes) para garantizar el derecho a las protestas, con la protección de líderes y manifestantes”, que incluye asuntos como “fortalecer las capacidades de diálogo como mecanismo de respuesta ante las demandas ciudadanas que no involucren el uso de la fuerza de las instituciones para levantar bloqueos” y complementan con la necesidad de “limitar” y hasta “eliminar” la asistencia militar para el control de los disturbios.

En un momento en el que extensos territorios del país están en manos de los narcotraficantes, hay más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, y el Clan del Golfo y las disidencias son cada vez más poderosos, la Comisión de la Verdad ve necesario “transformar las Fuerzas Militares”. Esto mediante “un proceso para reestructurar y reducir el tamaño de las fuerzas militares sobre la base de una nueva visión de seguridad y redefinición de roles y misiones”. Además, aseguran que hay que “reducir el presupuesto, eliminar progresivamente el servicio militar obligatorio, así como la figura del soldado campesino”.

Cooperación internacional

La Comisión de la Verdad también se refiere a la cooperación internacional (DEA, la Europol, la Interpol, el Plan Colombia, etc.), que ha dado resultados en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, la recomendación es “promover nuevos enfoques en la política de cooperación internacional”, partiendo de la base de “formular una nueva política de cooperación en materia de seguridad y defensa que se ajuste a la nueva visión de seguridad, transformación de las Fuerzas Militares y de Policía y el cambio de enfoque en la regulación del mercado de drogas”.

En el caso de Estados Unidos sugieren condicionar el apoyo que da ese país en la lucha contra las drogas ilegales: “Dejar atrás la agenda de cooperación militar con los Estados Unidos que se basa en la agenda antidrogas, delimitar y transparentar a través de reglas públicas el campo de acción de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y acordar el traslado de la reserva de los acuerdos a los que hayan llegado los narcotraficantes procesados en ese país”. Curiosamente, uno de los escándalos que sacudió la campaña presidencial estaba relacionado con los ofrecimientos de no extradición que hizo gente del Pacto Histórico a los extraditables en las cárceles, en caso de que Petro fuera elegido presidente, como se escuchó a Roy Barreras en los ‘petrovideos’ revelados en exclusiva por SEMANA.

¿Y las Farc?

Llama la atención que en los documentos conocidos por SEMANA solo haya dos pequeños párrafos en los que se refieren a los uniformados que resultaron víctimas del conflicto armado. “Fortalecer y adecuar los programas de indemnización y rehabilitación a los que tienen derecho las personas que fueron víctimas del conflicto armado, pertenecientes a la Fuerza Pública, garantizando su implementación y rehabilitación de forma integral e idónea”, señala el documento. Luego hacen referencia al reconocimiento de responsabilidades por parte de todos los actores del conflicto armado al recomendar “a los excombatientes de las Farc a seguir avanzando en el reconocimiento de responsabilidades como un proceso extenso de reconstrucción del tejido social”. Y ni una palabra más.

Negociación con el ELN

Frente a una temática denominada “organizaciones armadas persistentes” el primer punto es “buscar una salida negociada y definitiva al conflicto con el ELN”, sin exigencias de fondo y casi de forma unilateral.

Piden “priorizar la salida negociada”; “tener en cuenta las lecciones aprendidas de los cinco intentos de conversaciones de paz con el ELN para lograr un proceso resolutivo hacia la solución negociada del conflicto”; “buscar colaboración de Venezuela”; “avanzar en acercamientos regionales para el diálogo con distintos frentes en función del diálogo nacional”; y “continuar exigiendo el cese de hostilidades e impactos contra la población civil”.

Sin importar que los comandantes del ELN han estado protegidos por el régimen, plantean que Maduro sea el facilitador. Petro ya inició acercamientos con el Palacio de Miraflores.

La Comisión de la Verdad insiste en “la necesidad de negociar o lograr el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y disidencias”, algo que se ha intentado en el pasado y no se ha logrado.

Narcotráfico

La Comisión plantea la expedición de normas para llegar a la despenalización o legalización de las drogas. “El Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, debe transitar a una nueva regulación legal estricta que contempla la despenalización y legalización”. Así lo expuso una funcionaria de la JEP que incluso explicó la diferencia entre los dos conceptos.

También le reclaman al Gobierno “renunciar a abordar los cultivos ilícitos de coca y procesamientos primarios como un problema de seguridad nacional y abordarlo desde la relación del Estado y la ciudadanía (...) desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos, renunciar definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión del glifosato”, lo repiten una y otra vez en las recomendaciones, “redefinir los roles y misiones de las Fuerzas Militares y de Policía”.

Y nuevamente proponen cambios en las normas, esta vez una nueva reforma a la ley de extinción de dominio. Le “recomiendan” al Gobierno y al Congreso “modificar el marco normativo con el fin de garantizar que los recursos recuperados sean destinados para atender los impactos causados en los territorios y en las comunidades afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y el conflicto armado”, y hacen una claridad: “En ningún caso, los bienes serán asignados a actividades relacionadas con sector defensa y lucha contra las drogas”.

El informe final se conocerá este martes 28 de junio. Si el documento mantiene las posturas aquí reveladas, le hará un inmenso daño al país y, en lugar de contar la verdad, profundizará la polarización y la desconfianza. La comisión quedará sin autoridad moral y sin credibilidad para reconstruir la verdad, y todo quedará reducido a una visión sesgada y de izquierda sobre la guerra donde los malos son buenos y los buenos son malos. ¿Cuál verdad? n