POLÍTICA
Senado aceptó la renuncia que presentó Eduardo Pulgar a su curul
El senador del Partido de La U presentó su carta a la mesa directiva del Congreso, argumentado que le es imposible seguir asistiendo a las sesiones por su situación jurídica en la Corte Suprema de Justicia.
El senador del partido de La U, Eduardo Pulgar, presentó su renuncia a la curul que estaba ocupando en el Senado de la República. El documento lo presentó el pasado 10 de febrero y se lo envío al presidente del Congreso, Arturo Char, para que se le diera el trámite necesario.
En el documento, Pulgar argumenta que “desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”.
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De inmediato, la mesa directiva del Senado dio trámite a la renuncia de Eduardo Pulgar y dicha solicitud está en proceso de recolección de firmas para aceptar la petición sin problema alguno.
No obstante, el senador Eduardo Pulgar ya había sido suspendido por parte del Senado y del partido de La U por la medida de aseguramiento que hay en su contra.
Esta noticia se conoce justamente después de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, negara por unanimidad la objeción –por error grave– presentada por la defensa del senador Eduardo Pulgar, con la que se pretendía desvirtuar o tumbar la autenticidad de los audios que involucran al congresista en un presunto caso de soborno a un juez de Usiacurí, Atlántico.
La Sala confirmó la validez de las grabaciones. Fueron seis votos apoyando negar también el concepto enviado por un ex-FBI que participó en el caso Clinton-Lewinsky en el que se ponía en entredicho los audios que son parte de las pruebas.
Es decir, la Corte Suprema confirmó la validez de las grabaciones del caso. Esto se da una semana después de que la Corte Suprema señaló que mantiene la detención preventiva por tráfico de influencias contra el congresista, también investigado por los delitos de cohecho y violación de topes electorales.
Por unanimidad se acogió lo señalado por la Procuraduría que insistió en que no se accediera a una petición que hizo la defensa del senador Eduardo Pulgar, en cabeza del abogado Jaime Granados. La petición que hacía el Ministerio Público era de no acceder a una objeción, por error grave, que señala que audios que involucran al senador fueron editados. Fuentes le confirmaron a SEMANA que dentro de los argumentos está que cuando la defensa de Pulgar inicia la objeción al dictamen, no solicitan prueba como lo pide Ley 600. Simplemente argumentaron que un concepto cuestionaba la solidez de los audios.
Ahora vendrán dos discusiones: la primera, si habrá lugar a que Pulgar sea reemplazado por el siguiente en la lista de La U o si se mantendrá la denominada ‘silla vacía’. Y la segunda, si el proceso se mantendrá en la Corte Suprema de Justicia o si pasa a la Fiscalía General de la Nación.
Todo este caso de Pulgar inició el pasado 12 de diciembre cuando en la mañana de ese martes, en el aeropuerto El Dorado, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al senador Eduardo Pulgar, por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El caso del senador inició a mediados del año pasado cuando se revelaron grabaciones en las que, presuntamente, intenta convencer al juez Andrés Rodríguez Caez, del municipio de Usiacurí, Atlántico, para que acepte un soborno a fin de favorecer a algunos de sus patrocinadores.
El pasado mes de octubre se llevó a cabo una indagatoria en la que por espacio de cinco horas Pulgar fue escuchado en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda por ese supuesto caso de intento de soborno.
Tras esa indagatoria, Pulgar había quedado formalmente vinculado a la investigación ante el despacho del magistrado Rueda, de la Sala de Instrucción de la Corte. Días después de esa diligencia, el magistrado citó al juez Rodríguez Caez para escuchar su testimonio, pieza clave para el proceso.
El congresista del partido de La U es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y posible corrupción electoral.