Colombia da vía libre a la protección de sus páramos, ¿cómo llevarla del papel a la realidad?

Mientras la naufragante ley de procedimiento de la JEP se jugaba su última oportunidad en el Senado, el país daba un paso adelante a favor de la protección de sus páramos. El Capitolio saliente aprobó la iniciativa con la que los 36 ecosistemas del territorio nacional deberán ser tratados con mecanismos especiales que garanticen su preservación. Paradójicamente, la protección de los sistemas ecológicos y las especies animales en el país no ha sido una tarea fácil. Los colectivos ambientalistas han defendido la preservación de los páramos y otros ecosistemas naturales como los humedales, logrando pequeñas victorias que han llegado como cuentagota.

Los páramos viven en medio de una salvaje fragilidad. Aunque se imponen, han quedado a merced de la mano del hombre y en ellos se realizan actividades como la minería, ya prohibidas por la Corte Constitucional. Estos ecosistemas poseen condiciones geológicas estratégicas, pues cuentan con subsuelos que esconden minerales como el petróleo, carbón, arena silícea, oro y zinc. Sus características los hacen susceptibles a la aprobación de títulos mineros que ya han sido restringidos por la sentencia C-035 de 2016. Sin embargo, el precedente no ha sido suficiente.

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La ley de páramos, que hoy tiene vía libre para su implementación, buscará en este sentido dar respuestas técnicas y jurídicas. De ellas se encargarán los Ministerios de Ambiente, Minas y Agricultura. El proyecto fue aprobado con unanimidad por todas las bancadas que participaron en la creación del texto final en un ejercicio de concertación con comunidades de diferentes regiones en el país. “El agua es una responsabilidad que no podemos eludir y por eso lo que queremos es transformar o reconvertir las actividades de alto impacto que pongan en riesgo los páramos”, explicó Carlos Eduardo Guevara, uno de los ponentes del partido Mira.

Desde hace ocho años, la bancada de ese partido presentó el proyecto que se aprueba casi después de una década. Junto a otros congresistas como Luciano Grisales, trabajaron en los lineamientos del proyecto que hoy tiene luz verde. Al tiempo, las instituciones ambientalistas y los expertos le insistían al Senado la necesidad de avanzar con la iniciativa que, entre otras cosas, fijaría las reglas para controlar la explotación minera en estos ecosistemas.

La urgencia no era menor, el territorio colombiano posee el 50 por ciento de los páramos en el mundo, en los cuales se produce al menos el 70  por ciento del agua que utilizan los colombianos. Tomar medidas más estrictas a las que ya existían, ayudaría a darle un respiro a la asfixiante lucha de las poblaciones que habitan en ellos. Las comunidades indígenas han abanderado una batalla por la protección de estas zonas, denunciando actividades de extracción de hidrocarburos y agricultura a gran escala y defendiendo su derecho a seguir practicando actividades de carácter ancestral que no representarían un riesgo alto para los ecosistemas. 

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Los pasos de Colombia hacia la preservación

En enero de este año, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos alcanzó a delimitar 30 de los 36 páramos que hay en el país. Desde entonces, el trabajo en estos complejos naturales no se ha paralizado. Estos ecosistemas se extienden en 12 departamentos y 138 municipios mientras abastecen acueductos para más de 12.5 millones de habitantes en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga.

Además, son el nido de una biodiversidad absorbente. Por eso, la necesidad de una regulación más estricta no daba espera para Instituciones como WWF, que hoy celebran que el Senado haya despejado el camino para avanzar en la creación de figuras que a largo plazo resguarden estas fábricas de agua. “Los  páramos son ecosistemas que tienen un altísimo valor para la sociedad colombiana, el haber promulgado esta ley lo consideramos como algo muy importante y celebramos que finalmente queden protegidos, incluso en los escenarios del cambio climático, proteger este ecosistema va a tener mucho impacto para las generaciones futuras”, aseguró Mauricio Cabrera Leal, representante de la organización conservacionista.

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Como el conflicto minero en el país no ha sido de proporciones pequeñas, la aprobación de la ley tuvo que surtir más de un traspiés. Lo que plantea el nuevo instrumento normativo es que se establezcan programas de sustitución y reconversión de las actividades que han sido prohibidas en estas áreas, con el propósito de que las comunidades que habitan en los páramos tengan oportunidades de mantener ingresos a través de trabajos sostenibles. Con el proyecto, se crearon además herramientas financieras que se cordinarán con las poblaciones para diseñar las estrategias de recuperación de las zonas. La ley tendrá una fuente con recursos propios que surtirá efecto una vez sea firmada por el presidente saliente, Juan Manuel Santos. 

Sin embargo, varias asociaciones y comunidades ya habían demostrado su desacuerdo y preocupación con el proyecto de ley. Para la Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturban), la iniciativa pone en riesgo el empleo de al menos 25.000 mineros artesanales que subsisten de la minería artesanal que realizan en los páramos. “Personas que han hecho minería desde épocas prehispánicas se deben someter a una conversión de la única actividad de subsistencia que han conocido por generaciones”, explicó la institución.

Para Ivonne González, vocera de Asomusanturbán, la aprobación de la ley no los deja conformes, pues cree que las soluciones planteadas para los pequeños mineros y agrícolas de las regiones no son claras y no salvaguardan la tradición de los pueblos. “Pareciera que estuvieran haciendo leyes contra la industria y no les importa llevarse a personas como nosotros que tenemos más de 400 años trabajando en el territorio”, dijo y agregó que “quedamos desconcertados con lo que pueda pasar con nosotros, ahora debemos estar pendientes de cómo vaya a reglamentar el gobierno entrante esta ley”. 

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“Se debe señalar que la aptitud de uso de los suelos en esta región no permite el desarrollo de otras actividades económicas como agricultura o ganadería. Otras opciones como ecoturismo o pago por servicios ambientales son muy limitadas y su potencial de desarrollo difícilmente podrán sustituir parcial o totalmente a la minería como principal generador de empleo, ingresos y condiciones dignas de vida para sus habitantes”, aseguró Ivonne González.

Pese a la inconformidad, Mauricio Cabrera explicó que con la aprobación de la ley lo que se logró fue ratificar lo que la Corte Constitucional ya había ordenado. “Ya existía la sentencia 6035 de 2016 que excluía totalmente la actividad minera de los páramos, todos los estamentos han sido claros en decir que efectivamente la minería es una actividad de alto impacto y no se debe desarrollar en páramos, la corte cerró la discusión y dijo que la minería en estos lugares es imposible", aseguró.

Para él, lo que permite la nueva reglamentación es entregar soluciones más efectivas para resolver los vacíos que quedaron tras este fallo. "El escenario peor que tenían los mineros era en el que estaban, no es que ellos vayan a salir por esta ley sino por las anteriores, lo que hace este proyecto es ratificar lo que ya está dicho y dar opciones planteando unos regímenes de transición y de acceso a recursos”, explicó Cabrera.

Lo que es cierto, es que este es un primer paso para la protección de uno de los ecosistemas que no contaba con una legislación clara frente a los planes de manejos para su preservación. Con el proyecto, la custodia de los páramos podría dejar de ser una iniciativa simbólica para convertirse en el respiro que estos fabricadores de agua necesitan.