El pasado de cinco generales candidatos al ascenso

En menos de una hora, y con un precario quórum, la Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso al grado de general de 34 oficiales de las Fuerzas Armadas. Los habían nominado el propio presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras un completo estudio de la trayectoria y los antecedentes de cada uno de los uniformados.

Los senadores, además, hicieron lo propio entre el martes y miércoles de esta semana. Se entrevistaron con los generales, otros ya se conocían, y revisaron los documentos allegados. Según pudo comprobar Semana.com, la Fiscalía y la Procuraduría certificaron que todos los oficiales promovidos carecían de antecedentes penales y disciplinarios.

Una de las ponentes de los ascensos, la senadora Thania Vega, defendió la idoneidad de los oficiales; esta promoción de generales -dijo- tiene unas hojas de vida “intachables”. “Los 33 hombres y una mujer llevan más de 25 años en la carrera militar, entraron desde muy jóvenes y han pasado muchísimos filtros en su vida. Son dispuestos a entregar la vida por el país, ya han pasado pruebas y exámenes de todo tipo. No se ganaron ese ascenso en una rifa”.

Sólo un senador se opuso a los ascensos, o al menos, se abstuvo de votar por ellos. Iván Cepeda, del Polo, denunció que fue el único senador al que no le dejaron conocer hojas de vida de los oficiales. Por eso no votó. Pero además porque reveló sus hallazgos sobre cinco de los 34 generales que aspiran al ascenso, a quienes vinculó con falsos positivos.

“Tenemos tres casos de oficiales en cuyas unidades brigadas se presentaron una proliferación inusitada e inexplicada de ejecuciones extrajudiciales que podrían tratarse de falsos positivos”.

“Igualmente hay un caso de uno de los brigadieres que estando al mando de unas unidades que registra ese ascenso de ejecuciones o de resultados operacionales, como se les llama en el lenguaje de las Fuerzas Militares, al mismo tiempo tiene investigación preliminar por homicidio”, fue la denuncia de Cepeda.

Según el senador del Polo, el brigadier general Nicasio Jesús Martínez Espinel, quien aspira al grado de mayor general, tuvo bajo su jurisdicción en la Décima Brigada, en la que oficiaba como jefe del Estado Mayor y segundo comandante de La Guajira. Allí se reportaron 72 casos de ejecuciones extrajudiciales.

El ascenso de este oficial le correspondió defenderlo a la senadora conservadora Nidia Osorio. En su ponencia señaló: “Su formación personal, profesional, y su trayectoria como militar, que conforman el perfil del brigadier general Martínez, fortalecen la confianza en los senadores de la República y su ascenso permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el respeto a las instituciones, en especial a nuestra democracia”.

El otro caso es el del brigadier general Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra. Aspira también al grado de mayor general, y de él Cepeda dijo que bajo su comandancia en la Decimocuarta Brigada se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia).

El senador Carlos Fernando Galán, encargado de revisar la hoja de vida de Segura Manonegra, certificó lo siguiente en su ponencia: “De acuerdo con la información contenida en las certificaciones de la Procuraduría, la Contraloría y la Policía, anexas a su hoja de vida, (…) no reporta antecedentes disciplinarios, fiscales ni judiciales. Adicionalmente, consultadas a la Justicia Penal Militar y el Equipo Interinstitucional para la Transparencia de las Fuerzas militares, no se registran antecedentes que pongan en duda su calidad militar y su honorabilidad”.

Al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, aspirante a brigadier general, Cepeda también lo salpicó. Dijo que bajo su mando en el batallón de Artillería No. 2 de La Popa, entre junio del 2005 y diciembre del 2006, “ocurrieron hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Codazzi y Manaure (Cesar), y San Juan del Cesar (La Guajira)”.

El liberal Luis Fernando Velasco pidió que “por la intachable hoja de vida, por su experiencia y recorrido a lo largo de su carrera al servicio de las Fuerzas Militares y del país, se considera meritorio y pertinente que el Senado autorice el ascenso al coronel”.

Pero más graves fueron las acusaciones al general Emilio Enrique Torres Ariza. Cepeda dijo que bajo su mando como jefe del Estado Mayor de la Decimosexta Brigada se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en Aguazul, Trinidad y Monterrey, en Casanare, pero adicionalmente “tiene una investigación por homicidio”.

La senadora uribista Paola Holguín aseguró en la ponencia que “la verificación de todos los documentos requeridos por ley indica que el señor brigadier general Emilio Enrique Torres no registra antecedentes disciplinarios en curso por hechos relacionados con violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ni sanciones fiscales, administrativas o penales vigentes. (…) Reúne todas las calidades y cualidades para ascender al grado de mayor general”.

Y el quinto oficial cuestionado fue el general Gabriel Hernando Pinilla Franco. Cepeda dijo que también tiene una investigación en etapa preliminar por homicidio, “por hechos que acontecieron en el año 1995 en Fortul (Arauca)”.

El senador Mauricio Lizcano concluyó su ponencia diciendo: “El brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco no reporta antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales (…) Incorpora todas las calidades humanas, profesionales, de dirección y de mando que exige su ascenso al cargo de Mayor General del Ejército. Los múltiples reconocimientos a través de su carrera militar son evidencias de constancia, disciplina y vocación de servicio a la patria, que agradece y distingue su labor.

Los ascensos igualmente fueron aprobados. Pero en 15 días deberán ser ratificados por la plenaria del Senado. Y allí seguramente se resolverán los interrogantes que el Polo Democrático sembró sobre cinco futuros generales.