“La Corte no debería prestarse para hacerle conejo al resultado del 2 de octubre”

Desde la derrota del Sí en las urnas el pasado 2 de octubre, el país ha debatido durante dos semanas cuál podría ser la fórmula jurídica para revivir los Acuerdos de Paz pactados en Cuba. Ante una aparente sinsalida sucede algo irónico y paradójico. Se ha comenzado a estudiar que una de las vías sea acoger las demandas del Centro Democrático contra el Acto Legislativo para la Paz.

Esa colectividad interpuso acciones jurídicas contra esa reforma constitucional cuando nadie esperaba que el No se impusiera en el plebiscito. La más importante de estas fue elaborada por el senador Iván Duque y presentada por la plana mayor del Centro Democrático.

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El propósito era demostrar que eran inconstitucionales las gabelas que se le daban al presidente para incluir automáticamente los acuerdos en la Constitución y para pasar de manera expedita las leyes para la implementación, lo que se denominó el Fast Track.

Duque montó una argumentación sustentada y seria contra esos generosos mecanismos transitorios. Hoy la Corte Constitucional está estudiando su demanda y si le da la razón en su totalidad, el Acto Legislativo para la Paz quedaría sepultado jurídicamente. Semana.con habló con él.

Semana.com: En los últimos días se ha rumorado sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional acoja una demanda suya contra el Acto Legislativo para la Paz y que esa podría ser la vía para quitarles el carácter vinculante a los resultados del pasado 2 de octubre. ¿Cómo sería esto posible?

Iván Duque: Eso no debería ser posible. La demanda que interpusimos fue contra el Acto Legislativo que buscaba implementar el plebiscito. Al ganar el No y dado que el Acto Legislativo dependía del triunfo del Sí, ha perdido vigencia, es decir, nunca nació jurídicamente. Sería absurdo que la Corte que validó el plebiscito ante un triunfo del No, reviva la implementación de los acuerdos. La Corte debe ser consciente de que los ciudadanos también dijeron que No a ese Acto Legislativo que quería sustituir la Constitución e incorporar abruptamente las 297 páginas de los acuerdos de La Habana.

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Semana.com: ¿Cuándo interpuso usted esa demanda?

I.D.: Esa demanda se interpuso antes de la convocatoria el plebiscito, el pasado 30 de agosto.

Semana.com: ¿Cuáles fueron las razones?

I.D.: La tesis central es que el Acto Legislativo pretende sustituir la Constitución alterando el trámite de las leyes y las reformas constitucionales. Y esto se traduce en lo siguiente: 1) Limita la capacidad del Congreso al supeditarlo a sólo hacer modificaciones si el Gobierno lo permite en referencia a la implementación de los acuerdos 2) Da al presidente facultades extraordinarias que exceden los límites de precisión que exigen la ley y la Constitución 3) Incorpora las 297 páginas de los Acuerdos de La Habana al Bloque de Constitucionalidad y 4) Crea unos compromisos fiscales no definidos que amarran los gobiernos futuros, etc.

Semana.com: Hablemos de cada uno de esos puntos. El primero seguramente se refiera al Fast Track. ¿Por qué le molesta?

I.D.: Porque la Constitución no se puede modificar en horno microondas. Las leyes tampoco se pueden crear sin un tiempo prudencial. Reformas neurálgicas para el país deben surtir el trámite que especifican la Constitución y la Ley para que la sociedad entera pueda debatirlas. El Gobierno pensaba presentar más de 50 leyes y reformas constitucionales en menos de seis meses. A eso los ciudadanos también dijeron que No en las urnas.

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Semana.com: Por eso usted y un grupo de congresistas afirmaron en su momento que no querían ser notarios del Gobierno…

I.D.: Lo que pasa es que nuestra Constitución reconoce el equilibrio de poderes y los contrapesos que requiere el Ejecutivo. En temas tan delicados como la implementación de Acuerdos con las FARC, el Congreso quedaba limitado a sólo poder modificar lo que el Gobierno le permita. Eso es una ruptura con la separación de poderes y sumado al Fast Track, la anulación de la representación del poder ciudadano. De ahí que en ese momento algunos utilizaron esa expresión.

Semana.com: El segundo tiene que ver con lo que se denominó la ley habilitante. ¿Verdad?

I.D.: Sí. Los presidentes pueden tener facultades especiales, pero deben ser limitadas a asuntos puntualmente definidos. Con el Acto Legislativo se pretendía que el presidente promulgara decretos con fuerza de ley sobre cualquier materia relacionada con la implementación de los acuerdos. Eso es lo más parecido que hayamos visto en Colombia a una ley habilitante, por su falta de concreción y el poder que se le entrega a un gobernante.

Semana.com: Esos argumentos han sido bastante debatidos, pero usted sumó uno adicional: que el acto legislativo amarraba los planes de desarrollo. ¿A qué se refiere?

I.D.: En el Gobierno nadie ha dicho cuánto cuestan los acuerdos y de dónde saldrán las fuentes para financiarlos. El Acto legislativo creaba una obligación a los Planes de Desarrollo futuros para otorgar los recursos que permitieran la implementación y eso limita la función aprobatoria presupuestal del Congreso y la autonomía de las próximas administraciones. Lo que escribimos en nuestra demanda es que esa creación del Acto Legislativo, sin precisar el costo y amarrando los planes de desarrollo futuro, también sustituye la Constitución y pone en riesgo la estabilidad fiscal del país.

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Semana.com: ¿No le parece una ironía que una demanda interpuesta por ustedes termine quitándoles peso a los resultados del plebiscito?

I.D.: Espero que la Corte no se preste para hacerle conejo al resultado del 2 de octubre. No sólo los acuerdos quedaron sin vida jurídica, sino que también fue rechazada su implementación. En pocas palabras, el Acto Legislativo quedó sin vida. Creo que el deber de la Corte se debe orientar a evitar que se haga conejo al pronunciamiento ciudadano y no revivir los mecanismos sustitutivos de la Constitución que fueron rechazados en las urnas.

Semana.com: Usted ha sido muy duro en sus críticas a la Corte y ha dicho que esto es una trampa… ¿Por qué trampa, si ustedes sí demandaron esa norma?

I.D.: No he sido duro sino claro. La Corte no se puede dejar presionar por el Gobierno para dejar con vida un acto legislativo que pretendía sustituir la Constitución y al mismo tiempo incorporar en la Carta Política los Acuerdos de La Habana. Al ganar el No, el Acto Legislativo no nació y debe ser inaplicable.

Semana.com: Si su demanda es acogida, ¿se reviviría el Acto Legislativo?

I.D.: Espero que si la demanda es acogida sirva para dejar claro que procedimientos como el Fast Track, las facultades habitantes o la incorporación en el bloque sustituyen la Constitución y son avionadas que afectan las instituciones.

Semana.com: ¿Qué implicaciones tenía el triunfo del No el pasado 2 de octubre?

I.D.: El triunfo del No fue también un rechazo a ese acto legislativo y por eso nuestra demanda fue acompañada por cientos de miles de firmas de ciudadanos.

Semana.com: Usted ha asistido a las reuniones con los promotores del No. ¿Cree que hay salidas?

I.D.: Creo que sí mientras exista la voluntad de hacer modificaciones sustanciales a los acuerdos.

Semana.com: ¿Es decir?

I.D.: El país necesita un gran Pacto Nacional para modificar los acuerdos acogiendo el mandato popular del 2 de octubre. Con ese Pacto podríamos darle una implementación institucional y dentro de la Constitución a un nuevo acuerdo que acoja las sugerencias de quienes votaron No.

Semana.com: El uribismo presentó un documento de 26 páginas con sus propuestas. Si el Gobierno o las FARC no lo acogen, ¿qué pasaría?

I.D.: El país debe entender que este documento y los demás presentados por voceros del NO son caminos para construir ese acuerdo nacional. El Gobierno y las FARC aceptaron el plebiscito como mecanismo de refrendación. Las mayorías votaron No y ahora ellos deben oír y obrar para incorporar el veredicto de las urnas.