“A la ministra de Transporte no se le puede creer ni lo que reza”: Robledo

SEMANA: ¿Qué opina del laudo del Tribunal de Arbitramento que evitó el pago de los 1.2 billones a los bancos que pusieron la plata para la Ruta del Sol II?

Jorge Enrique Robledo: Al conocer la decisión mi primera reacción fue de alegría porque estábamos cambiando 1.2 billones de pesos que nos iba a sacar la ministra de Transporte por 211.000 millones. La otra buena noticia era que el Tribunal había declarado nulos todos los contratos de la Ruta del Sol II por causa ilícita, es decir, por corrupción. Sin embargo, al mirar la decisión con más detenimiento nos dimos cuenta de que aún quedan vacíos por aclarar. 

SEMANA: ¿Cuáles?

J.E.R.: El tribunal dijo que deja abierta la puerta para nuevas reclamaciones de los banqueros en razón del artículo 20 de la Ley 1882 del 2018. Esa ley absurda, que el Polo votó en contra, dice que en estos casos si el contratista no les paga a los banqueros entonces el Estado tiene que pagarles. En su momento el contralor pidió que ese artículo fuera declarado inconstitucional pero lamentablemente la Corte lo mantuvo vivo y le agregó que sólo se les pagaría a los terceros que hubieran actuado -en especial a los banqueros— “de buena fe”. Esa fue una ley calculada para que los colombianos les paguemos a los banqueros las platas que no puedan cobrar, y el Congreso la aprobó de aplicación retroactiva, para que se aplicara en este caso, por lo que se la llama ley Sarmiento Angulo. Entonces mi preocupación y la de otros no es gratuita. El Tribunal, además menciona a todos los banqueros como “de buena fe”, aunque no sustenta tamaña afirmación. 

SEMANA: Pero no todos los bancos que pusieron la plata pertenecen al Grupo Aval. ¿No es arriesgado pensar que ninguno de los bancos es un tercero de buena fe?

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J.E.R.: Hay dos grupos de banqueros entre quienes prestaron la plata. Los del Grupo Aval y los demás. El tribunal terminó diciendo que todos son de buena fe. Entonces le pregunto al tribunal: ¿Cómo pueden haberle declarado nulo el contrato por corrupción a Odebrecht y a su socio el Grupo Aval y, al mismo tiempo, decir que sus banqueros y sus bancos si son de buena fe? Esa es una teoría insostenible e incoherente. Lo de los otros bancos es un caso aparte. Pero la mitad de los 1.4 billones de reclamaciones pertenece a bancos de Sarmiento Angulo. ¿Entonces para poder regalarle esos 700.000 millones de pesos del bolsillo de los colombianos a Sarmiento los declaran a todos de buena fe? Yo no puedo aceptar eso.

SEMANA: Uno de los argumentos de quienes defendían el acuerdo preliminar que buscó la ministra era que no pagarle a los bancos frenaría el desarrollo de la infraestructura del país. ¿Eso va a pasar?

J.E.R.: Con esa teoría, que no puede aceptarse, nos comería la corrupción. Si cada pillo en Colombia pide que no lo traten como pillo, sino que le regalen plata porque si su negocio se daña se afecta el progreso de la nación, pues ahí sí apague y vámonos. Eso son inventos de este capitalismo de amigotes que se está montando en el país y que solo se les aplican a un puñado, porque a los demás empresarios, cuando se ven en problemas, que se quiebren.

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SEMANA: Mucha gente está culpando a la ministra de Transporte por esta situación. ¿Quiénes son los responsables en todo este episodio?

J.E.R.: Sin contar los sobornos, las primeras decisiones equivocadas se tomaron en el gobierno de Santos y la ley 1882 la aprobaron sus congresistas y los del Centro Democrático. Pero ahora, además de la ministra, hay varios responsables en esta jugadota que ella nos intentó montar. Ya María Jimena Duzán ha dicho que este negocio lo armó tras bambalinas Marta Lucía Ramírez. Juega también Alberto Carrasquilla porque esa plata se tendría que pagar con TES y eso no sale sin el permiso del ministro de Hacienda, y juega Duque que es el jefe de todos estos, con un agravante: todos ellos han tenido negocios con el Grupo Aval. La ministra tiene que renunciar porque entre el 7 de agosto de 2018 y el 19 de julio pasado, como ministra, ha actuado de manera ilegal en todas sus actuaciones sobre el Grupo Aval, porque una empresa de su propiedad y dirigida por ella -R&O- hasta por lo menos el 8 de agosto pasado tuvo entre sus clientes al Banco de Bogotá y al Banco de Occidente, parte del Grupo Aval. Marta Lucía Ramírez fue nada menos que presidenta del Grupo Financiero Aval y abogada del Luis Carlos Sarmiento, cuyos bancos fueron los principales financiadores de la campaña de Duque. Y Carrasquilla también trabajo con Aval. Qué aquelarre.

SEMANA: Es decir, ¿más allá de los debates puramente éticos sobre el actuar de los funcionarios del Gobierno, usted ve posibles consecuencias legales?

J.E.R.: Yo creo que sí. Aquí la ministra está cogida con las manos en la masa. Está violando la ley 1437 sobre conflictos de intereses y eso es clarísimo. El otro punto son los asuntos éticos, políticos y morales. Aquí no nos pueden seguir con la mentira de que todo lo que sea legal puede hacerse. Antes el esquema era “hecha la ley, hecha la trampa”. Ahora, primero diseñan la trampa y después hacen la ley. Eso fue lo que pasó con la 1882.

SEMANA: ¿Qué explicación hay para que el gobierno haya buscado un acuerdo faltando tan poco para que se conociera la decisión del tribunal?

J.E.R.: La explicación que me han dado varios abogados es que si el gobierno hubiera logrado hacer ese acuerdo, que afortunadamente se desbarató gracias a la acción valerosa de María Jimena Duzán, todo el texto de 700 páginas no se hubiera conocido. El país se habría quedado con un acuerdo de 5 páginas que incluía la declaratoria de terceros de buena fe.

SEMANA: La ministra había planteado que el acuerdo significaba un ahorro para la nación porque transaba por el más bajo de los peritajes. ¿Era muy difícil prever que, como en efecto ocurrió, el Tribunal declarara la nulidad del contrato y no hubiera lugar a pagos de esas cuantías?

J.E.R.: Eso que ella hizo de anticipársele a un tribunal es, por lo menos, una irresponsabilidad. Ella le estaba apostando a una lotería. La señora nos estaba conduciendo a una pérdida de un billón de pesos. Eso solo es para que renuncie, por irresponsable. Ella puede coger su plata e irse para Las Vegas a jugar a la ruleta y sería problema de ella. Pero aquí lo que hizo fue apostar con la plata de los colombianos. ¿O es que tenía información secreta que no conocíamos porque se la había pasado el Grupo Aval? De no ser por la denuncia de María Jimena Duzán ningún colombiano se habría enterado de la estrategia para favorecer a Sarmiento.

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SEMANA: La ministra dijo en entrevista con RCN que el acuerdo no fue de espaldas al país y que iba a hacerse público. ¿Usted no le cree?

J.E.R.: Por supuesto que no le creo. El pacto ya estaba hecho. El tema fue que con la columna que destapó el escándalo se acobardaron y se echaron para atrás. A esa ministra no se le puede creer ni lo que reza. Ella ha estado actuando de manera dolosa, y está engañando a los colombianos para hacerle favores a sus compañeros de negocios. Eso está probado hasta la saciedad.

SEMANA: Pero si las transgresiones a la ley son tan evidentes como usted afirma, ¿Habrá consecuencias legales para alguno de los implicados?  

J.E.R.: Espero que me permitan hacer en el Senado el cuarto debate sobre este y otros aspectos del caso Odebrecht-Grupo Aval. Entre esos, la plata que entró a las campañas presidenciales y el papel de Néstor Humberto Martínez. Como ha contado Vicky Dávila, la Fiscalía tenía las pruebas reinas de la corrupción en grabaciones que no usó, para proteger a algunos. Éstas involucraban de manera grave a la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos. También debe aclararse la plata a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Espero que de aquí al fin de semana pueda anunciar la fecha de ese debate. El país tiene derecho a conocer lo que pasó aquí.

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