Ser o no ser

Ambos se alzaron en armas con la ilusión de transformar el país. Cuando se les planteó la posibilidad de dejarlas para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, el uno no lo pensó dos veces y se reinsertó a la vida civil. El otro, en cambio, siguió aferrado a su fusil. Hoy, 10 años después, ni el jefe del EPL, Francisco Caraballo, ni Carlos Franco, ex miembro del mando central de esa guerrilla, se arrepienten de su decisión. Pero coinciden en que la Constitución del 91 los puso en orillas distintas y partió en dos la historia del EPL.

Caraballo venía de una familia de clase media de Mompós y desde muy joven se involucró con las Juventudes Comunistas. Eran los años 60, llenos de fervor revolucionario, y cuando la Juco se dividió se fue al monte y fundó el EPL en 1967, recién cumplidos sus 31 años.

Mucho más joven, pero con la misma convicción de que la justicia social no se lograría en Colombia por la vía legal, Carlos Franco ingresó al EPL a los 18 años. Nació en Caucasia, Antioquia, hijo de un obrero que luego se volvió comerciante y de un ama de casa. Era uno de seis hermanos y estaba muy influido por el movimiento estudiantil, por las protestas contra la guerra de Vietnam, por el ejemplo de Camilo Torres y por las luchas campesinas. Con el tiempo pasó a comandar un frente y luego, en 1987, cuando murió Ernesto Rojas —el entonces jefe del EPL— y Caraballo fue nombrado comandante de la guerrilla, Franco fue ascendido al mando central del EPL. Comenzó así una relación estrecha y de confianza entre ambos. A pesar de ello tenían varias diferencias, sobre todo porque Franco creía que debían negociar con el gobierno mientras que Caraballo estaba menos convencido. Aún así trabajaron juntos hasta 1990 cuando Franco fue detenido.

Su captura coincidió con el arranque del proceso de negociación con Gaviria. El pleno del EPL votó a favor de negociar, aunque no tenían muy claro hacia dónde los llevarían las conversaciones. En la segunda reunión con el gobierno Bernardo Gutiérrez, vocero del EPL, aceptó recoger los frentes de la guerrilla y agruparlos en un campamento. Pero Caraballo lo desautorizó públicamente. “Ahí fue cuando comenzó a marginarse”, dice Franco.

Sin embargo, y pese a la decisión del jefe máximo de abandonar la negociación, unos 400 delegados guerrilleros acordaron seguir adelante con las conversaciones. En febrero del 91 firmaron la paz y en marzo alrededor de 2.000 guerrilleros del EPL ya estaban desarmados. “Los que firmamos la paz teníamos una gran ilusión”, afirma Franco, quien fue asesor de uno de los constituyentes y coordinó la reinserción de los guerrilleros del EPL desde la Fundación Progresar, que adelanta proyectos de educación para la democracia, construcción de paz y atención a población vulnerable. “Pensamos que iba a salir un nuevo país, que iba a haber nuevas herramientas de poder para los ciudadanos, que iban a desaparecer las discriminaciones. Teníamos la esperanza de que con la nueva Constitución habría reales garantías para una nueva fuerza política”, dijo Franco.

Caraballo, por el contrario, era muy escéptico. Cuando se instaló el gobierno de Gaviria los comandantes de la Coordinadora Guerrillera —Manuel Marulanda, Manuel Pérez y Caraballo— le propusieron convocar una Asamblea Constituyente con amplia participación popular en la que harían parte, sin desarmarse, 20 dirigentes guerrilleros, incluidos ellos tres. Gaviria dijo que no aceptaría a nadie armado en la Constituyente. “Nos dio en las narices con la puerta”, recuerda ahora Caraballo, recluido desde hace siete años en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. “Ya era evidente que Gaviria quería la Constitución para ponerse a tono con el neoliberalismo, con la apertura económica, con los reacomodos políticos que consistían en fortalecer la estructura política en contravía de lo que proponíamos nosotros, que era un verdadero diálogo nacional ”.

Para Caraballo y los líderes de la Coordinadora no había lugar a la reinserción y su posición no difería mucho de la que tienen ahora las Farc. “Lo que queríamos era que entre todos construyéramos la Nueva Colombia ”, afirma este hombre que tiene hoy 65 años y está aún a la espera de una condena por secuestro y rebelión. “Pero vimos la imposibilidad de las castas de comprometerse en un proceso serio de cambios y de ceder sus privilegios”.

Entonces Caraballo se marginó de la negociación con el gobierno, se fue para la Uribe con los únicos 200 hombres que decidieron quedarse con él y comenzó a trabajar para reencauchar el EPL en Urabá con un fuerte respaldo de la Coordinadora Guerrillera.

Ni para Franco ni para Caraballo fue fácil su decisión. “Nos costó aprender que no bastaba con cambiar la ley para cambiar el país. Que no puede haber un nuevo régimen político si no cambian los ciudadanos”, dice Franco. Pero también aprendió muchas otras cosas: que no puede ordenar, sino persuadir; que los enemigos eran más humanos de lo que se imaginaban; que tocaba conciliar. “He aprendido que la verdad no está en una sola parte”.

Caraballo, por su parte, tuvo que enfrentar el hecho de quedarse sin buenos comandantes y con menos del 5 por ciento de su gente. ‘Gonzalo’, uno de sus subcomandantes, tras perpetrar varias masacres de desmovilizados en Urabá de la mano de las Farc, se acogió al programa de reinserción del gobierno en 1996 con mas de 100 hombres, muchos de los cuales entraron a engrosar las filas de Carlos Castaño. El otro frente del EPL sembró el terror en Santander hasta que el ‘Nene’, jefe de ese grupo, fue muerto por el Ejército y los guerrilleros que quedaron se unieron a las Farc. Quedó un pequeño grupo que opera en Norte de Santander y del cual Caraballo es su vocero desde que fue detenido por el Ejército en una finca en Cajicá, a media hora de Bogotá.



No se arrepienten

Pese a no saber aún cuántos años más le esperan tras las rejas pues no ha sido condenado, Caraballo no se arrepiente de su decisión de haberse marginado de la Asamblea Constituyente. “Si hacemos un balance, lo que hizo la nueva Constitución fue hacer una prolongación de los años perdidos porque no se lograron cambios, se agravaron los problemas y la exclusión sigue incluso multiplicada, afirma. En la Constitución uno se cansa de leer un listado de derechos, pero en la vida práctica no se cumplen porque es una Constitución que excluyó a la mayoría de los colombianos en el proceso”. Por eso cree que sigue siendo justa la bandera de luchar por las transformaciones políticas desde las armas. “Se necesitan cambiar muchas cosas, lo cual quiere decir que la Constitución no satisface a la mayoría de la población. Lo que vemos, y está a la vista con los procesos de paz de ahora, es que todo está por hacer. Por la situación del país, las armas se convirtieron en un factor que promueve el cambio”, dice.

Franco opina todo lo contrario. Consciente de que la nueva Constitución no ha tenido plena vigencia porque la dirigencia política no cambió, las Farc y el ELN se marginaron del proceso y se desbordó el conflicto, y los ciudadanos siguen alejados de la política, cree que la nueva Carta creó mecanismos de protección de los derechos humanos, fortaleció el poder ciudadano y limitó los estados de excepción. “Hoy las nuevas fuerzas políticas pueden ganar el poder por la vía legal, sin necesidad de las armas. Ahí están las alcaldías y gobernaciones de Barranquilla, Pasto, Cúcuta, Cali, Yumbo, La Dorada, Cauca y Tolima”, dice Franco, quien tras la desintegración de la AD M-19, de la que fue presidente, se integró al movimiento político Convergencia Ciudadana, que ya ha jugado un papel importante en Urabá, Santander y la Costa. “Esta Constitución deslegitimó la insurgencia armada y la violencia oficial. Lo más revolucionario en los años 70 era ser guerrillero, en los 90 era apostarle a la paz”.