Sergio Fajardo: ¿cuánto pueden afectar las diligencias judiciales su campaña?

Sergio Fajardo no pudo cumplir un compromiso con sus electores este lunes en la tarde por tener que asistir a la Corte Suprema de Justicia a explicar su conducta en un contrato de sustitución de deuda, cuando era gobernador de Antioquia.

El mismo Fajardo comunicó a través de su cuenta de Twitter que la diligencia a las 3 de la tarde en el tribunal judicial no le permitía reunirse con sus seguidores.

El precandidato de la Coalición de la Centro Esperanza fue acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia de presunto peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

El pleito tiene que ver con que la decisión de Fajardo habría implicado un deterioro patrimonial de la Gobernación de Antioquia por valor de 320.000 millones de pesos.

Se señala que Fajardo dio vía libre al contrato para un crédito por 77 millones de dólares, el 5 de diciembre de 2013, entre el Departamento de Antioquia y CorpBanca S. A., y que al momento del desembolso el dólar se cotizaba a $1.926, pero en 2015 el valor de la divisa superaba los $3.140.

La diferencia en el valor de la divisa por efectos del mercado fue lo que dio origen a la pérdida de los recursos para el Departamento, por lo que Fajardo es acusado ante la Corte.

Muchos expertos en finanzas públicas han expresado que no hubo dolo en la decisión administrativa del entonces gobernador de Antioquia, que llevó a lo que la Fiscalía define como detrimento patrimonial.

Otro pleito diferente es el de carácter fiscal que Fajardo y otras 25 personas naturales y jurídicas enfrentan por la crisis de Hidroituango.

El punto es que las diligencias judiciales comienzan a interferir la agenda política del precandidato en plena campaña presidencial.

Esta tarde Fajardo tenía un compromiso con comunidades afro para explicarles lo que haría por ellas si es elegido presidente de los colombianos.

Como no pudo ir a la cita con sus seguidores, el candidato les envió por Twitter algunas ideas de lo que hará en su defensa.

Por ejemplo, les prometió que realizará un “censo de población y vivienda para superar las falencias y la invisibilidad estadística de las comunidades afro en el Censo de 2018. “El punto de partida es no seguir invisibilizándolos”, les dijo Fajardo.

Dijo que si es elegido presidente, su equipo de gobierno trabajará con profesionales afro calificados académicamente y con conocimiento del territorio para impulsar la transformación de sus comunidades, más allá de la dirección del Ministerio del Interior”.

Por ahora las redes sociales cumplieron su papel de enviar el mensaje, mientras él cumplía su diligencia judicial.

El punto es qué impacto pueden tener las diligencias judiciales sobre el curso de la campaña presidencial del candidato, si esto sigue ocurriendo.

Fajardo va a tener que atender un juicio penal y un proceso fiscal en plena campaña presidencial.

Sus contradictores no han sido implacables con él por este asunto. De hecho, Gustavo Petro, su principal adversario, ha defendido la tesis de que Fajardo “no está inhabilitado” para continuar en la carrera por la Presidencia.

Está por verse el impacto en las bases a medida que los procesos avancen.

El problema grave para el candidato surgiría si durante el curso de la campaña se presenta alguna decisión de fondo que llegue a impedir su avance en la contienda.

Fajardo se mantiene como el líder con mayor opción dentro de la coalición Centro Esperanza y a nivel general es el segundo o tercero después de Gustavo Petro.