Sergio Fajardo, en apuros por Hidroituango: ¿hasta dónde lo afectará?

La de 2022 promete ser una campaña difícil para Sergio Fajardo, uno de los candidatos favoritos en la carrera por la Casa de Nariño, a juicio de las encuestas. La imputación de cargos de la Contraloría por el escándalo de Hidroituango le traerá más de un dolor de cabeza y lo convirtió en un blanco perfecto de críticas por parte de sus contradictores. La izquierda petrista y la derecha buscarán golpear al fajardismo en sus principales banderas: la ética, la moral y la lucha contra la corrupción.

El contralor Felipe Córdoba anunció que la investigación culminará en 18 meses, es decir, en junio de 2022. Esa fecha no es cualquiera y ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. La primera vuelta de las próximas presidenciales se realizará en mayo y una eventual segunda vuelta en junio. Tal como están las cosas, es poco probable que el sucesor de Iván Duque sea elegido en primera vuelta.

Ese plazo que se autoimpuso Córdoba no significa que se cumpla, pues los procesos de responsabilidad fiscal están expuestos a nulidades (ya se radicaron de hecho las primeras), aplazamientos, recusaciones y tutelas. Y mucho más en un proceso tan enredado como el de Hidroituango, que involucra a 34 personas, entre exgobernadores, contratistas, interventores y aseguradoras que se defenderán a capa y espada. “Uno supone que esto no se decidirá de la noche a la mañana”, asegura la excontralora general Sandra Morelli.

Pero mientras las investigaciones avanzan, el efecto político de Hidroituango ya se siente con fuerza. Como dice Morelli, “como en Colombia no se presume la inocencia, sino la culpabilidad, Fajardo estará en una posición incómoda y bien difícil”. En 2018, Fajardo enarboló las banderas anticorrupción sin mayores reparos.

Esta vez lo va a hacer bajo un escenario distinto, pues tendrá puesta una lupa gigantesca en su contra por un posible detrimento patrimonial de 4,1 billones de pesos en la planeación, construcción y puesta en funcionamiento de Hidroituango. Aunque el exgobernador dice que es inocente, hasta que no haya un fallo definitivo se podrá interpretar cualquier cosa. Y en una campaña presidencial eso será un bocatto di cardenale para sus contendores.

En el peor escenario, Fajardo podría ser hallado responsable fiscal del desastre de Hidroituango y, junto con los otros imputados, ser condenado a desembolsar una suma impagable, dado que se busca recuperar más de cuatro billones de pesos.

Eso llevaría a que la Contraloría lo reporte en el libro de responsables fiscales, con lo cual quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos. Una decisión de este calibre desataría una tormenta porque una autoridad administrativa, en este caso la Contraloría, limitaría los derechos políticos de Fajardo, pese a que eso lo prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos.

En su defensa, Fajardo podría tener de su lado el fallo que favoreció a Gustavo Petro, uno de sus principales rivales en la pelea por la Presidencia. En una sentencia emitida este año, la Corte Interamericana le dio la razón al exalcalde de Bogotá, luego de que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por el escándalo de las basuras. Lo que recordó la Corte es que a un funcionario elegido por el voto popular solo lo puede sancionar, destituir e inhabilitar un juez penal en doble instancia.

Hoy a Fajardo lo investigan por sus actuaciones en la junta directiva de Hidroituango cuando fue gobernador de Antioquia, es decir, cuando ocupaba un cargo de elección popular. Bajo esa lógica, algunos abogados consideran que podría tener el mismo blindaje de Petro, ya que una decisión en su contra por parte de la Contraloría le impediría ejercer responsabilidades públicas.

Algunos expertos no ven tan claro que este sea el salvavidas, ya que hay una diferencia sustancial entre los dos casos, pues Petro estaba ejerciendo como alcalde cuando recibió la sanción. En el caso de Fajardo, la investigación llega después de haber salido de la Gobernación y cuando es candidato presidencial.

El camino, en cualquier caso, será largo. Si Fajardo es declarado responsable fiscal, es posible que primero se defienda en Colombia y agote todas las instancias antes de acudir a la Corte Interamericana, en un proceso que puede demorar años. La otra opción es tocar las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que dicte una medida cautelar y mantenga viva la posibilidad de ejercer un cargo público. Frente a un fallo en su contra, Fajardo podría aspirar a la Presidencia y, si eventualmente ganara, tendría líos para posesionarse.

“Es un riesgo jurídico para Fajardo tener sanciones de la Contraloría que lo inhabilitarían por el régimen jurídico interno, pero él tendría una decisión internacional convencional que es referente jurisprudencial para que eso no lo afecte”, explicó el abogado Juan Manuel Charry.

El futuro del caso Fajardo es incierto, pero sí pondrá en la palestra nuevamente el papel de los organismos de control, cuyas facultades no son reconocidas por el sistema interamericano. En el fallo de Petro, se le pidió al Estado adaptar la Constitución a dicha normatividad, con lo cual la Procuraduría y la Contraloría se quedarían sin herramientas para combatir la corrupción.

Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contemplaba pedir una aclaración del fallo de Petro, hasta ahora no lo ha hecho. SEMANA conoció que en silencio se está trabajando en un proyecto de ley con el fin de modificar parcialmente las facultades de estos dos órganos de control, tal como pidió el tribunal. Trascendió, por ejemplo, que perderían la potestad de imponer sanciones, pero no de adelantar las investigaciones. Otra alternativa que se estudia es que la Procuraduría y la Contraloría, en el caso de los funcionarios elegidos por el voto popular, puedan sugerirle a un juez las decisiones que se deberían imponer.

Mientras tanto, los organismos de control asumen que siguen con la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por el voto popular porque oficialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia no está rigiendo en el país. De hecho, Fajardo y los otros imputados están afinando la defensa.

Al exgobernador le han llovido críticas luego de que señalara que no asistió a todas las juntas sobre Hidroituango. “Eran tantas que me era imposible asistir a todas, no es que yo fuera perezoso”, dijo en una entrevista radial. De esa manera, salió a defenderse de la imputación descargando la responsabilidad en sus delegados. Todos se exponen a que la Contraloría embargue sus bienes como prenda de garantía ante un posible fallo.

Para Fajardo, eso supondría un tsunami que lo desgastaría políticamente. Luego vendría el fallo de primera instancia, que se conocería en más de un año. La apelación sería revisada por la sala fiscal y sancionatoria, que tardaría otros seis meses más. Bajo este incierto escenario, los seguidores del exgobernador de Antioquia no cesan en su empeño de señalar que hay motivaciones políticas detrás de la decisión del contralor Córdoba, cuya investigación sobre Hidroituango va a terminar por marcar el futuro de toda su gestión.

El fajardismo va a estar centrado en decir que se busca minar el principal atributo de su líder, que ha sido la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el anuncio de Córdoba de que la investigación concluirá justo cuando habría una segunda vuelta presidencial en 2022 tuvo una lectura política. “Gobierno y partidos tradicionales montaron a un contralor que quiere sacar del camino a Fajardo”, dijo la representante a la Cámara Juanita Goebertus, de la Alianza Verde.

Sin embargo, hay que reconocer que en Hidroituango han pasado muchas cosas graves, que han puesto en peligro centenares de vidas y en suspenso la entrada en operación del proyecto energético más importante para el país. Por eso, los organismos de control y la Fiscalía están en la obligación de investigar y encontrar a los responsables, sin pensar en calendarios electorales ni en intereses particulares.

No sería entonces adecuado dar por cierta la teoría de que todo es una persecución política. Fajardo y los otros investigados tendrán que enfrentar los requerimientos de las autoridades y tener las mismas garantías de cualquier ciudadano.

Si Fajardo sale declarado inocente, el resultado se convertirá en su principal trofeo en la campaña y el profesor confirmaría que siempre tuvo razón en decir que actuó correctamente en la junta de directiva de Hidroituango. El problema es que un fallo que lo declare responsable o inocente no se va a conocer antes de las próximas elecciones de 2022, mientras que el impacto político de esta investigación crece y le está pasando una costosa cuenta de cobro a Fajardo.