Sergio Fajardo ganó primer round en su proceso en la Corte Suprema de Justicia

Cinco millones de correos electrónicos tendrán que ser revelados en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama por las presuntas irregularidades en la firma de un contrato por 98 millones de dólares contrato con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) el 5 de diciembre de 2013.

El constante e intenso cruce de correos se presentó entre la Gobernación de Antioquia, la Auditoría General y la Fiscalía General en un periodo de tres años. Tras resolver una petición de la defensa de Fajardo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó que justificó la necesidad de estas pruebas para el juicio.

En la decisión judicial se determinó que llama la atención la abundante cantidad de correos electrónicos cruzados sobre el tema específico del contrato firmado por Fajardo para pagar las deudas que tenía la Gobernación de Antioquia.

En este sentido se indica que es necesario establecer el interés inusitado que existía dicho contrato, más si se tiene en cuenta que existían –para ese momento- 147 casos similares a los cuales no recibieron un trato parecido.

El pasado 6 de diciembre, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros (a título de autor).

El ente investigador reprochó que el contrato firmado se hubiese hecho en dólares y no en pesos colombianos. Esto provocó que -al hacer el cambio- se presentaran sobrecostos cuando se quería pagar el respectivo préstamo de sustitución de deuda. En este punto se indica que se omitió el concepto que presentó el Ministerio de Hacienda.

Esta acción generó un daño patrimonial a las finanzas del departamento de Antioquia ya que cuando querían cancelar la deuda el dólar había triplicado su valor inicial. Pese a que se entendía el evidente riesgo de firmar un contrato con esas características y las afectaciones a corto plazo que se podían presentar.

En otro de los apartes de la acusación se señala que se desconoció la advertencia que hizo el Comité Financiero y de Tesorería Departamental sobre la línea de redescuento en dólares que hizo Findeter S.A. frente a la forma de financiamiento, alternativas de mercado, conveniencia financiera y fiscal de la operación como lo exige la ley.

Por su cargo, Fajardo -reprochó la Fiscalía- tenía la obligación y competencia para adelantar una evaluación razonada y técnica, el gobernador no lo hizo y continuó con el proceso de celebración y ejecución del millonario contrato. Estas omisiones -resaltó el fiscal- afectaron gravemente las finanzas del departamento y un detrimento en su patrimonio.

El ahora precandidato presidencial se ha declarado inocente, asegurando que el proceso de contratación siguió todos los lineamientos que exige la ley y la forma en cómo se adelantó el mismo tiene una justificación.

Mauricio Pava, el abogado que lidera la representación jurídica de Fajardo, asegura que existen intereses políticos dentro de este proceso penal. En la audiencia de acusación, el jurista le solicitó a la Fiscalía General que adelante el descubrimiento probatorio en lo que tiene relación con la denuncia que presentó el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez; así como el conocimiento del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba; y las acciones que adelantó en 2016 entonces fiscal Luis Gustavo Moreno –considerado hoy por hoy como el testigo clave del escándalo del Cartel de la Toga-.

Fajardo le ha pedido a la Corte Suprema celeridad en el proceso para así demostrar en el menor tiempo su inocencia y que esto no sea un impedimento para participar en la carrera presidencial.