Sergio Fajardo, una campaña política en medio de su defensa judicial

Mientras Sergio Fajardo enfrenta la acusación de la Fiscalía ante la Corte Suprema por un contrato que firmó en la Gobernación de Antioquia, oportunidad perfecta para defenderse ante los altos magistrados, la decisión judicial a escasos nueve meses de las elecciones presidenciales genera un impacto en su campaña política.

La Fiscalía consideró que el exgobernador habría cometido irregularidades en un contrato de un empréstito o préstamo suscrito en 2013 con Corpbanca S.A. porque no se hizo un estudio de necesidad y la volatilidad del dólar no terminó favoreciendo las arcas del departamento paisa, un hecho que, en su momento, generó todo tipo de reacciones en favor de Fajardo.

Gustavo Petro, su más fuerte competidor político en las encuestas, salió a defenderlo porque consideró que la decisión judicial de la Fiscalía tenía un tinte político. “A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial, la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, aseguró en su momento el líder de la Colombia Humana.

“Si Sergio Fajardo debe responder penalmente porque subió el dólar hace 10 años. ¿Tendrán que responder actuales mandatarios del mundo por incremento de tapabocas en los basureros por la pandemia?”, se preguntó la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano.

“¡Pero esto sí es ridículo! Ahora Sergio Fajardo es culpable por no poder predecir la volatilidad del dólar”, reaccionó la congresista Katherine Miranda.

Cuando la Fiscalía confirmó el llamado a imputación de cargos a Fajardo a comienzos de 2021, pocos le hallaron la razón al organismo judicial porque consideraron que es impredecible conocer el comportamiento del dólar a futuro. No obstante, el problema para el matemático es que, aunque pide celeridad en su proceso judicial, la Corte Suprema, en la mayoría de los casos, podría extenderse más de un año en tomar decisiones y determinar si el precandidato presidencial paisa es o no responsable.

Mientras tanto, sus opositores aprovecharán la duda como caballito de batalla para entorpecer su carrera por la Casa de Nariño. ¿Qué pasará si gana la presidencia y la Corte falla en su contra? Es el manto de duda que sembrarán sus contradictores ante la opinión pública.

“Por fin la Fiscalía atendió nuestra reiterada solicitud de respetarnos el plazo razonable y proceder, después de cinco años de proceso, a acusarme ante la Corte Suprema de Justicia. Actué correctamente y así lo demostraré”, respondió Fajardo frente a la imputación de la Fiscalía ante la Corte.

El otro gran problema que enfrenta el exgobernador de Antioquia es que mientras él se defiende ante la Corte y espera que le resuelvan su investigación antes de los próximos nueve meses, el contralor Felipe Córdoba avanza en la investigación fiscal por el escándalo de Hidroituango, donde Sergio Fajardo resultó investigado.

Él ha insistido en su inocencia, en que no tuvo responsabilidad y que espera optimista la decisión fiscal del organismo de control que a juzgar por los tiempos podría resolver pronto. Al fin y al cabo, la administración del contralor Córdoba en la institución fiscal se agota y ese proceso se convertirá en el trofeo con el que seguramente se despedirá del cargo. Del resultado final podría marcarse la ruta de la candidatura de Fajardo, un precandidato que se sostiene de segundo en las encuestas con un 14.5 % de favorabilidad, según la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol.

Esa posición -con una diferencia de 15 puntos por encima de Gustavo Petro- la ha venido manteniendo desde hace varios meses Fajardo, pese a sus procesos judiciales.

El antioqueño no está condenado y nadie conoce con certeza cómo terminarán su dos procesos judiciales en la Corte Suprema y la Contraloría. Sin embargo, lo distraen de su campaña política, tendrá que seguirse defendiendo, manteniendo la atención de su electorado y evitar que otros precandidatos presidenciales que no tienen enredos porque no han sido funcionarios públicos lo aventajen en la carrera por la Casa de Nariño.