Las cuentas en rojo de la Gobernación de Antioquia

Si algo ha caracterizado a Sergio Fajardo es su independencia política y su capacidad como matemático y administrador. En los cuatro años que ejerció como gobernador se destacó por su programa Antioquia la más Educada y por manejar de forma transparente los recursos. Sin embargo, la nueva Administración afirma que algo falló en su fórmula y le han llovido críticas por supuestamente haber dejado la olla raspada.

Si bien una parte importante de la polémica proviene del actual gobernador y gran adversario de Fajardo, Luis Pérez, SEMANA conoció que la Contraloría departamental y la Auditoría General de la República han puesto en evidencia el delicado momento por el que están pasando las finanzas departamentales. Y que además han denunciado presuntas irregularidades, algunas de las cuales ya reposan en la Fiscalía y la Procuraduría.

El actual secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, le dijo a esta revista que los gastos de la Administración anterior fueron mayores a los ingresos, la deuda se disparó, el departamento por primera vez incumplió la Ley 617 de desempeño fiscal y que, según la Contraloría Gen eral, quedó como el de mayor déficit en el país. Además, entidades como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), Teleantioquia, la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) y Savia Salud EPS tuvieron pérdidas significativas, especialmente en el último año.

Uno de los casos que ayudaron a profundizar la crisis y que más ha llamado la atención de los organismos de control es un crédito que la Secretaría de Hacienda tomó por 77 millones de dólares en 2013 con el Findeter, en el que Corpbanca actuó como banco intermediario. La actual Gobernación no entiende por qué, si Antioquia recibe el 98 por ciento de sus ingresos en pesos, decidieron incurrir en una deuda en moneda extranjera para pagar obligaciones en moneda nacional.

Pero el mayor agravante, y la principal trinchera de la lucha política, es que el departamento no blindó la transacción con un seguro de riesgo cambiario. El desembolso salió en diciembre de 2013 cuando el dólar costaba 1.926 pesos, pero un año después subió a 2.392 pesos y para diciembre de 2015 estaba disparado, en 3.149 pesos. Por este motivo, los entes de control evalúan un presunto detrimento fiscal, ya que solo por la devaluación del peso el pasivo del departamento creció 100.000 millones de pesos. Hoy el 16,6 por ciento de la deuda total de Antioquia, según la Contraloría, corresponde solo a esa operación financiera.

El auditor general, Carlos Felipe Córdoba, le expresó a esta revista su preocupación por el deterioro fiscal y la sostenibilidad del departamento. Asimismo, advirtió sobre el posible conflicto de intereses de la entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar Navarro, que en ese momento tenía 14.000 acciones preferenciales del Helm Bank, absorbido posteriormente por Corpbanca.

Para disipar las dudas, la exfuncionaria le dijo a SEMANA que “sacamos una oferta y la mejor propuesta era la de Corpbanca. Yo tenía unas acciones en el Helm Bank que correspondían a 7 millones de pesos. Me da hasta pena porque la cifra es irrisoria, así que no tenía por qué declararme impedida”. Y añadió que “no sacamos la cobertura porque la ley no nos obligaba y porque se encarecía el crédito. Hubiera pasado de una tasa de 6,3 a 10. Además el departamento ya tenía créditos anteriores con el BID y el Banco Mundial y ninguno con cobertura de riesgo”.

Más allá de esta polémica puntual, lo cierto es que la deuda de Antioquia en 2011 era de 630.000 millones de pesos, pero ascendió a 1,4 billones en 2015. El índice de desempeño fiscal de Planeación Nacional demuestra el retroceso económico de Antioquia. En 2009, ocupó el primer lugar del país, pero en cinco vigencias cayó 18 posiciones en el ranking nacional. Aunque este es un indicador técnico, en la práctica obliga a la Administración actual a disminuir los gastos de inversión y le dificulta el acceso a nuevos créditos.

Esto sucede pues el departamento está incumpliendo la Ley 617 de 2000, lo que podría traducirse en la pérdida de su categoría especial y que llevaría a disminuir los salarios de los funcionarios, y a perder apoyos financieros de la Nación y la posibilidad de cofinanciación. Además, Antioquia estaría obligada a adoptar un programa de saneamiento fiscal para restablecer la solidez financiera.

Frente a las dudas sobre los gastos de funcionamiento, Escobar Navarro explicó que el saldo en rojo de 2015 obedece a los malos resultados de la Fábrica de Licores. “Los ingresos dependen de las ventas de la FLA. Cuando el gobernador actual se posesionó hizo unas declaraciones que atemorizaron a los distribuidores. Nosotros le advertimos al actual secretario de Hacienda: si la FLA no cumple, el departamento va a cerrar 2015 con déficit y nos vamos a volar la Ley 617”, aseguró a SEMANA.

Precisamente, Sergio Fajardo y la exdirectora de planeación departamental María Eugenia Ramos le dijeron a esta revista que esas críticas son “una trampa” y la exfuncionaria aseguró que “la actual Administración dice que va a perder la categoría especial, pero es solo una situación coyuntural que la Ley 617 permite demostrar. Quieren aprovecharla para quedar como los salvadores de las finanzas, mientras lo único que están haciendo es trasladar los ingresos de un periodo a otro”.

Entonces, más allá del duro enfrentamiento entre Pérez y Fajardo, las cifras no mienten y Antioquia parece estar contra las cuerdas. Los organismos de control deberán aclarar los puntos en discusión para que se corrijan los errores que supuestamente se cometieron, y las finanzas del departamento vuelvan a puntear en los rankings del país. n