¿Sería mejor que se cayera la Ley de Financiamiento?

Los magistrados de la Corte Constitucional darán un margen de espera, hasta octubre, para decidir de fondo sobre la Ley de Financiamiento del Gobierno de Iván Duque. A raíz de los informes contenidos en el proyecto de fallo del magistrado Alejandro Linares, y que indican que a partir del próximo año la Ley de Financiamiento generaría cifras en rojo para los ingresos fiscales del país, los magistrados decidieron extenderle la petición a varias entidades para que emitan conceptos técnicos sobre la materia.

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Uno de los informes proviene del Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, que como lo reveló SEMANA, encontró que a partir de 2020 el recaudo caerá en 5 billones de pesos y al corte de 2022, esta cifra llegará a los 9 billones. Esta investigación alerta sobre el enorme desafío que representa perder los 6 billones de pesos que el fisco dejaría de recibir cada año, por el descuento del IVA para la importación de bienes de capital y que entra a sumar a favor de los contribuyentes en el impuesto de renta.

Otro informe del Banco de la República, contenido en la ponencia, trae cifras mucho más preocupantes: dice que por esta gabela y otras rebajas de impuestos a las empresas el país dejará de percibir 8,7 billones de pesos en 2020, otros 9,9 billones en 2021 y 11 billones en 2022. 

Cuando el Gobierno radicó la iniciativa ante el Congreso, buscaba recoger 14 billones de pesos para tapar el hueco presupuestal que advirtió a su llegada. Pero la propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar provocó tal alboroto que la iniciativa desapareció en los primeros debates, a petición incluso del partido de gobierno y del senador Álvaro Uribe en particular. Esto llevó a que el texto finalmente aprobado en diciembre de 2018 solo consiguiera un recaudo de 7,5 billones de pesos.

El 3 de septiembre de 2019 los magistrados de la corporación tocaron por primera vez el tema. En la sala se expresó la necesidad de practicar más pruebas alrededor de este asunto espinoso que podría golpear al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y al Gobierno.

Por ello, ordenaron practicar pruebas para identificar el impacto económico y fiscal que tendría el hecho de que prospere la demanda instaurada contra la totalidad de la Ley de Financiamiento; en especial, teniendo en cuenta que la Constitución en su artículo 334 consagra que la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. 

Las entidades convocadas por la corte a pronunciarse sobre este tema son el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, el Departamento Nacional de Planeación, Fedesarrollo y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). También entidades académicas como la Universidad Nacional, la de Antioquia, los Andes, la Icesi, la Javeriana, la Universidad del Norte, la Sabana. La corte abrió un plazo que va hasta el 4 de octubre para que emitan conceptos sobre el impacto que tendría la declaratoria de inexequibilidad completa o parcial de la ley para los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

Las posturas

En el paquete de demandas instauradas ante la corte, dos llevan la delantera y representan un peligro para la estabilidad de la norma. Por un lado, la que presentaron los ciudadanos Daniel Libreros Caicedo y David Clemente Retamoso, cuyo estudio le correspondió al magistrado Alejandro Linares. Por el otro, la presentada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que revisa el magistrado Carlos Bernal.

De entrada se sabe que los dos magistrados tienen posturas opuestas en un tema fundamental, recurrente entre quienes buscan tumbar la norma. Se trata de la supuesta violación al principio de publicidad, atribuida al hecho de que los congresistas habrían ‘pupitreado’ el proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes (último debate) sin haberlo publicado en la gaceta del Congreso.

Esto, para algunos, constituiría un error insalvable, pero otros ven atenuantes. Dicen, por ejemplo, que el senador David Barguil hizo una exposición del texto en la plenaria de la Cámara por casi 15 minutos, antes de su votación final. Y sostienen que eso sustituiría la publicación oficial.

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Sobre este tema, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insistió que tanto el Gobierno como los secretarios de Cámara y Senado están tranquilos. Que hicieron el trámite dentro de los principios que ordena la ley y que el cuestionamiento proviene de una confusión en torno a “si se necesita, en pleno siglo XXI publicar en papel y lápiz las diferentes etapas de la discusión o si basta con lo que hace el 90 por ciento de la gente, que no lo mira en papel”.

Sin embargo, preocupa sobre todo que algunos artículos que hacen parte de la ponencia del magistrado Linares tendrían problemas de constitucionalidad. La ponencia recoge las cuentas de dos entidades muy respetables en el ámbito económico: el Banco de la República y Fedesarrollo. Al analizar el impacto de mantener la norma tal como la aprobó el Congreso, sus pronósticos son poco alentadores.

El magistrado Alejandro Linares recogió esta información en la ponencia y concluye que desde el punto de vista fiscal lo mejor sería que se cayera la totalidad de la Ley de Financiamiento.

El magistrado Alejandro Linares presentó una ponencia que la corte comenzaría a discutir esta semana. Detrás de este estudio viene el proyecto de fallo de Carlos Bernal.

La ponencia que está en estudio es la del magistrado Linares, que plantea un camino intermedio: eliminar solo los cambios introducidos en el último debate, o sea los más cuestionados.

Este camino podría generar mayor incertidumbre pues en la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso se introdujeron a última hora aclaraciones importantes en el articulado. Si los magistrados acceden a la ‘peluqueada’, sufrirían sobre todo los temas que fijan sanciones penales a quienes evadan impuestos, las exenciones tributarias del IVA a los alcoholes carburantes, y el impuesto al consumo de inmuebles, que podrían quedar cojos.

También se caería la inmunidad penal y fiscal que crea la ley para quienes antes del 25 de septiembre realicen la normalización tributaria, es decir, traigan del exterior sus activos no declarados y solo paguen una sanción del 13 por ciento, o del 6,5 por ciento si deciden reinvertirlos en el país. 

En este contexto, Linares le pide a las entidades que se pronuncien para que calculen cuál sería el escenario si se cayeran los recaudos de intereses tributarios en el IVA plurifásico de cervezas y el impuesto al consumo de bienes inmuebles. También si se tumban los impuestos a personas naturales y jurídicas, incluyendo el de normalización cuyo plazo se vence el 25 de septiembre.