Objeciones a la JEP: Lo que le espera a Duque en el Congreso

La fluidez con que el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno se propusieron manejar la relación con los partidos políticos en 2019 quedó en veremos por cuenta de varias decisiones relacionadas con el acuerdo de paz. Primero, el incumplimiento de los protocolos de ruptura de la negociación establecidos con el ELN. Segundo, la posibilidad de que el mandatario objetara la ley estatutaria de la JEP.

El conflicto tuvo lugar, sobre todo, con dos colectividades a las que el Gobierno buscaba acercar: La U y el Partido Liberal. Ambas son cruciales para lograr una gobernabilidad que, en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, hoy no existe. Apenas 53 senadores actúan en la coalición, y 86 representantes a la Cámara están firmes con el Gobierno. Ese número constituye casi la mitad de las curules en ambas corporaciones.

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Cuando los observadores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Duque objetara la JEP, Aurelio Iragorri, director de La U, envió una carta al Gobierno para pedirle no hacerlo y respaldar la justicia transicional. Además de Iragorri, en ese partido algunas figuras aún defienden la paz como bandera. Son pocas, pero tienen influencia interna y capacidad mediática. Entre ellas están, por ejemplo, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. Según el Estatuto de la Oposición, La U es hoy un partido de gobierno, pero podría eventualmente pasar a ser ‘independiente’.

En el caso de los liberales, en el Gobierno consideran que su bancada es la más importante para lograr mayorías. En más de una oportunidad Duque ha tratado de acercar a su jefe único, César Gaviria. Lo logró en el tránsito de la primera a la segunda vuelta, pero una vez en el gobierno no lo ha podido reconquistar.

Para nadie puede ser una sorpresa que el jefe de Estado tenga reservas y prevenciones frente a la forma como quedó estructurada la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, Duque fue el candidato más duro durante la campaña a la hora de expresar su descontento con los resultados obtenidos en el proceso de La Habana. No obstante, al llegar al poder sorprendió, e incluso indispuso a algunos de sus seguidores más radicales cuando se casó con la tesis de que el Estado colombiano iba a cumplir con lo pactado.

Pronunciamientos en los que legitimó el acuerdo ante la ONU y la Unión Europea también pusieron en aprietos al presidente con parte de su bancada. Algunos llegaron a decir que Duque recibía más ataques del ala radical del Centro Democrático que de la propia oposición. Ahora, si decide objetar la estatutaria, recuperará el corazón de los uribistas purasangre –en lo cual también ha avanzado por cuenta de su reciente tránsito a la mano dura–.Sin embargo, su relación con partidos necesarios para la gobernabilidad podría verse aún más debilitada.

Una vez el presidente le cuente al país los artículos que decidió objetar, los textos tendrán que pasar al Congreso para que este defina el futuro de la ley que reglamenta la JEP. Se trata de una jugada bastante arriesgada del Gobierno al no tener mayorías legislativas. Reabrir un debate ya terminado podría atrasar la agenda y distraer la atención del Gobierno.

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Para aprobar las objeciones, la Casa de Nariño tiene el apoyo obvio del Centro Democrático, del Mira, de Colombia Justa Libres y de Opción Ciudadana. También de los conservadores. Aun cuando en el Gobierno pasado la mayoría de esta bancada se la jugó toda por el proceso de paz de Juan Manuel Santos, hoy está del otro lado del espectro. En una auténtica voltereta política, los godos se declararon partido de gobierno y ahora se la volverán a jugar, pero esta vez por Iván Duque. A pesar de que en 2017 votaron a favor de la ley estatutaria, hoy le piden al presidente objetar todo lo que ellos mismos aprobaron.

Entre los partidos de oposición tampoco pasará nada sorprendente. Está más que establecido que los verdes, el Polo, la Farc, los decentes y el Mais van a oponerse a las objeciones presentadas por el Gobierno.

Así las cosas, la pelota estará en las canchas del Partido de la U, de los liberales y de Cambio Radical. Esos tres partidos podrían enredarle la pita al Gobierno, pues para aprobar las objeciones deben contar con el apoyo de las mayorías absolutas en el Senado y la Cámara. Si no pasan en ambas, se hunden del todo.

Las cuentas indican que La U estará dividida, y los liberales mayoritariamente rechazarán las objeciones. Frente a Cambio Radical, al cierre de esta edición el partido no había tomado una decisión. Aunque la balanza se inclina más del lado del Gobierno, varios miembros de esa colectividad defienden que sanciona la ley tal y como está. Entre ellos Rodrigo Lara, quien encabezó la lista al Senado de esa bancada.

Más allá de lo que suceda con la ley y el acuerdo de paz, en términos políticos el Gobierno asumirá un riesgo muy alto al objetar. Varios escuderos del presidente Duque le insistieron en que lo mejor era dejar la ley como estaba, con el argumento de que hacerlo generaba malestar entre los partidos independientes –Liberal y La U–, lo cual podría traducirse en votaciones negativas a proyectos estructurales como el Plan de Desarrollo. Además, significaría un desgaste para tramitar otros temas como las reformas política y a la justicia, y otras pendientes.

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A todo lo anterior se suma que el Gobierno ha hecho énfasis en su esfuerzo de acabar con la mermelada y que, por ello, muchos parlamentarios se encuentran descontentos. Las objeciones a la estatutaria son el típico tema que pueden votar negativamente para mostrar el hambre y los dientes.

Finalmente, no es claro que el Gobierno tenga el liderazgo político para sacar adelante las objeciones, en caso de presentarlas. Sin burocracia, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha tenido una capacidad de maniobra muy limitada.

Con la eventual objeción de la ley de la JEP, Iván Duque se jugará el todo por el todo en materia de gobernabilidad. En el campo legal, hasta ahora todo está en el terreno de las interpretaciones, pues no existe jurisprudencia sobre el tema. Pero en el campo político, las cuentas indican que las mayorías no jugarían, en esta oportunidad, en la cancha presidencial. La tesis jurídica que más ha tomado fuerza es que si las objeciones se hunden, el presidente estaría obligado a sancionar la ley sin modificaciones, lo cual sería una derrota política contundente.