Nación
“Si entran en razón podemos empezar a trabajar temas de fondo”: Emilio Archila, negociador, sobre el Comité Nacional de Paro
El Gobierno pidió que el comité rechace tajantemente los bloqueos, pero ellos los siguen justificando.
Hace más de diez días, el Gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro dieron un paso que trajo algo de esperanza, en medio de la incertidumbre de las protestas: se comprometieron a negociar. No obstante, el proceso ha sido más lento de lo esperado y ahora las partes se encuentran en un bloqueo, porque mientras los convocantes a las protestas justifican el cierre de vías, el Ejecutivo exige un rechazo explícito de su parte a estas acciones.
Uno de los puntos más importantes del acercamiento, es que los sindicatos y estudiantes exigieron un preacuerdo sobre las garantías al derecho a la protesta, cuando tras varias semanas de manifestaciones, se han presentado abusos por parte de la fuerza pública. Por eso, las partes hicieron un documento de la mano al que, se suponía, sólo le faltaba la firma del presidente Iván Duque, pero que sigue sin tenerla, precisamente por la necesidad de que los miembros del comité rechacen los bloqueos.
Además, porque actualmente lo siguen revisando los abogados del Gobierno, que tendría responsabilidades en los temas allí pactados. El protocolo se refiere a garantías para las personas que se manifiestan pacíficamente y a su distinción frente a quienes incurren en actos violentos, en lo que tiene que ver con el manejo del orden público.
En entrevista con Blu Radio, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y Consolidación, y que hoy es negociador con el Comité Nacional de Paro, explicó que desde el 17 de mayo, les dijo a los miembros de la organización que todos los colombianos necesitan garantías para sus derechos y no solamente aquellos que están protestando. Esto incluye, por supuesto, garantías en general y “eso hace referencia a los bloqueos”.
Lo más leído
Archila afirmó que el bloqueo de las vías limita los derechos de otros ciudadanos y que, además, todo esto ha provocado 10 billones de pesos en pérdidas. “Los bloqueos son ilegales que ocupan el espacio público y se limitan los derechos de todas las personas”, sostuvo.
Por todo lo anterior, el consejero dijo que si los integrantes del comité “entran en razón” como él espera que sea el caso, y el domingo logran llegar a un acuerdo sobre la condena de los bloqueos, será posible empezar a negociar los temas de fondo.
En las últimas horas, sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores emitió una declaración, en la cual rechazan los actos que destruyen la infraestructura y bienes públicos, así como los bienes privados en medio de las protestas.
No obstante, una vez más, dice que el Comité Nacional de Paro justifica los bloqueos como una forma legítima de protesta. “Los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas”, dice el documento.
Además, agregan que siempre han declarado y promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, los insumos para la salud, todo lo necesario para la prevención del aumento de contagios de covid-19, las muertes causadas y las misiones humanitarias.
“Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria”, agrega otro punto del comunicado.
Lamentablemente, la situación del país no refleja las afirmaciones del comité. Es posible que ellos no tengan verdadero control sobre cada uno de los bloqueos de vías en Colombia, porque lo que se ha visto en las últimas semanas es desabastecimiento en ciertas zonas, ataques a la misión médica, saqueo y vandalización de ambulancias, falta de oxígeno y pacientes muertos.