“Si hablamos nos matan y si callamos también”: se cumple un año de la masacre en Tacueyó

La gobernadora Cristina Bautista alcanzó a advertir sobre el peligro que corrían ella y la guardia indígena en las montañas del Cauca. Lo hizo en medio de la minga del año pasado en la vía Panamericana, donde se concentraron miles de indígenas para exigirle al Gobierno, entre otras cosas, planes integrales para acabar con la violencia en sus territorios. “Si hablamos nos matan y si callamos también, entonces hablamos”, dijo Cristina. Días después la masacraron cuando impedía el reclutamiento forzado de dos menores de edad.

Un año después de esas palabras, los indígenas siguen entre las balas y el Gobierno Nacional ni siquiera se toma el tiempo de escucharlos, aunque estén a pocas cuadras de la Casa de Nariño. Además de que se les ignora, hay sobre los casos de violencia una impunidad temible.

Ese 29 de octubre de 2019, Cristina estaba a cargo del resguardo, cuando le avisaron de una incursión de hombres armados en Tacueyó. Ella no dudó en acudir al llamado. Más de diez guardias indígenas la acompañaron. En la carretera lograron interceptar a los violentos, les cerraron el paso, recuperaron a los menores y retuvieron a quienes portaban las armas. Pocos minutos después ráfagas de fusil descendieron desde la montaña.

Cristina no alcanzó a encontrar refugio, las balas impactaron de lleno en su cuerpo. Cuatro guardias intentaron auxiliarla, pero también fueron asesinados. Los demás se lanzaron por una pendiente de más de 50 metros de altura; otros se refugiaron en la camioneta blindada que la UNP otorgó a uno de los líderes indígenas que acompañaban la misión de liberación.

Este crimen, así como otros asesinatos selectivos de autoridades indígenas, fue atribuido a la columna disidente Dagoberto Ramos. Esta estructura armada -una de las más grandes del Cauca- delinque en el nororiente del departamento, su centro de operación son los municipios de Miranda, Caloto, Toribío y Corinto.

Precisamente en estos municipios la guardia indígena realizó una caravana desde este miércoles. La idea era llegar hasta la vereda El Tierrero, terreno controlado por la Dagoberto Ramos para instalar la bandera de los pueblos nativos. La conmemoración se convirtió en una protesta y un nuevo cara a cara con los violentos.

Según datos de Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 250 indígenas en el Cauca. La atomización de la violencia convirtió en objetivo criminal a las comunidades nativas que defienden el territorio y buscan alejar a los violentos de sus tierras. “Decirles que no los queremos aquí, esa es la dinámica de esta actividad”, dice el Cric.

Sin embargo, la actividad fue suspendida este jueves tras el atentado contra el senado indígena Feliciano Valencia en una de las carreteras porosas que conducen a la vereda El Tierrero. De acuerdo con información preliminar, el vehículo del parlamentario fue atacado con tiros de fusil, a la altura del corregimiento de El Palo. “Gracias a la madre naturaleza salí ileso”, escribió Valencia en sus redes sociales.

Por su parte el colectivo Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, aseguró que el atentado se registró a eso de las 9:40 de la mañana. En un corto comunicado detallan que el vehículo del senador fue atacado con disparos de fusil entre el sector Pajarito y El Tierrero. La camioneta tiene tres impactos de bala en los costados y en la parte posterior.

“Rechazamos este intento de asesinato perpetrado en zona de influencia de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. Las autoridades habían manifestado preocupación por el amedrentamiento que en días previos habían realizado en contra de la comunidad que se movilizaría en memoria de los asesinados por este mismo grupo armado hoy hace un año”, dice el colectivo.