ANÁLISIS
Ahora que reaparecieron en una carta, ¿cuál es la situación real de El Paisa, Romaña y Márquez?
Los exguerrilleros del Estado Mayor Central de las Farc no han comparecido ante la JEP para rendir versión libre sobre los delitos cometidos en el conflicto armado, pero sí se pronunciaron para homenajear a Tirofijo. Así van sus casos en la Justicia Especial.
El pasado martes, Iván Márquez y ochos excombatientes de la guerrilla enviaron un extenso mensaje para conmemorar los once años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, fundador de las Farc, quien falleció en 2008 por causas naturales en medio de la selva.
La carta que publicaron en la Agencia Bolivariana de Prensa está firmada por Hernán Darío Velásquez “Oscar Montero o El Paisa”, Aldinéver Morantes, Henry Castellanos Garzón “Edinson Romaña”, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez, Villa Magdalena, Nelson Robles y el jefe negociador de las Farc; Márquez.
El documento hace un recuento de la vida de Manuel Marulanda, a quien ellos consideran como “el luchador consecuente por la verdadera paz” porque siempre -aseguran ellos- los instó a “buscar permanentemente el acercamiento con la clase política pensando en la salida negociada al conflicto”.
En otro párrafo de la misiva, los exguerrilleros hacen una invitación al Estado para que retire “el odio, la intransigencia de su guerra y toda la maleza jurídica” que se atraviesa en el camino exitoso de la paz que, según esta carta, desean mantener.
Sin embargo, esas palabras hicieron revivir la pregunta de por qué algunos de los firmantes de la carta no han comparecido ante la JEP, para contar la verdad tal como se habían comprometido en los acuerdos que suscribieron con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez o El Paisa y Henry Castellanos Garzón apodado como “Romaña”, son tres de los treinta y un integrantes del Estado Mayor Central de las Farc que fueron citados por la JEP para responder por el Caso 001 denominado "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP” o secuestro.
De esos excombatientes, solo diez han cumplido las citaciones. Márquez, El Paisa y Romaña hacen parte del grupo restante que no ha comparecido ante la Sala de Reconocimiento de la JEP para dar su versión; dejando así, a la justicia especial en el limbo ante cada aplazamiento que solicitan.
La magistrada Catalina Díaz, miembro de esta Sala, ayuda a comprender qué sucederá en cada caso si ellos deciden incumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz.
“Debería seguir el ejemplo de sus colegas”
Iván Márquez debió presentarse ante esta Sala el 14 de marzo de 2019, pero su abogada pidió el aplazamiento de la diligencia por razones de seguridad, argumentando que “su desplazamiento -el de Márquez- hacia Bogotá se ha visto constantemente amenazado”, tanto por disidencias de las Farc, como por la delincuencia común.
La solicitud fue aceptada por la Sala al considerar que el excomandante mostró disposición para rendir su versión y por eso lo citaron para el próximo 2 de mayo. Pese a esto, la ubicación del exjefe del bloque José María Córdoba es desconocida. Una zona de capacitación en Miravalle (Caquetá) es el último sitio donde se sabe que Márquez estuvo hasta que salió de ahí y las autoridades perdieron su rastro.
Para la magistrada Díaz, el caso de Iván Márquez es, entre los tres, el que menos zozobra genera a la JEP porque la petición de aplazamiento fue hecha con buena antelación por la defensa y se tiene el antecedente de otros miembros de la cúpula de las Farc que han comparecido sin importar algunos percances.
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“Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Pacho Chino, Joaquín Gómez y Carlos Antonio Losada han atendido la diligencia, que toma entre seis y siete horas (...) y por se espera que Iván Márquez siga el buen ejemplo de sus antiguos colegas de armas", dice Catalina Díaz.
Por ejemplo -menciona la magistrada- en el caso de Rodrigo Londoño su diligencia tardó 16 horas, razón por la que tuvo que comparecer dos días seguidos para terminarla. Mientras que Joaquín Gómez solicitó que la Sala se desplazara hasta Riohacha para poder dar su testimonio porque manifestó no poder abandonar este territorio.
Y por eso, aunque el tribunal de justicia “tiene un signo de interrogación” sobre lo que pueda pasar con Márquez; en la Sala están muy atentos a que él comparezca a las nueve de la mañana el 2 de mayo.
Al plantear la posibilidad de que el compareciente solicite otro aplazamiento, la magistrada afirma que el procedimiento a seguir sería "evaluar rigurosamente la solicitud” debido a que el tiempo entre una fecha y otra fue razonable y suficiente para que él lograra llegar a Bogotá.
“La sala decidió abrirle una incidencia de verificación”
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como “El Paisa” fue el único que no presentó el informe sobre sus actividades de reincorporación y del cumplimiento de sus condiciones para mantener los beneficios otorgados por el proceso de paz.
Cuando Velásquez Saldarriaga fue incorporado en el Caso 001, el excabecilla de la guerrilla no designó abogado y tampoco atendió la convocatoria que le hizo la JEP para hablar sobre los episodios de secuestro que promulgó durante el conflicto armado.
El 18 de marzo, El Paisa no hizo presencia y el abogado que le proporcionaron, según lo consignado en la relatoría, dijo que “no ha podido comunicarse con él, pero que sigue buscando hacerlo”; pues nuevamente los problemas de seguridad fueron la excusa.
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Por esto, “la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad decidió abrirle una incidencia de verificación del cumplimiento de las condiciones para establecer si está o no cumpliendo con los acuerdos pactados”, manifestó la magistrada Díaz.
La incidencia de verificación es un trámite procesal que consiste en que el abogado del excombatiente, o el mismo Velásquez Saldarriaga y el Ministerio Público conozcan todo el acervo probatorio, lo analicen y presenten sus alegatos, de considerarlo oportuno.
Las partes tienen 10 días hábiles, que se cuentan a partir de la notificación del auto -que aún no termina la Sala- para hacer estos alegatos y después de ese tiempo los magistrados tiene la misma cantidad de tiempo para citar la audiencia pública, donde se decidirá si el exguerrillero incumplió o no sus compromisos.
Aunque es competencia de la JEP verificar si los problemas de seguridad son ciertos, mientras se realiza este proceso no se suspende o posterga el trámite del incidente de verificación que la Sala adelanta contra Velásquez Saldarriaga. Atender los llamados de la justicia especial y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas son dos condiciones que se superponen sobre las dificultades que tenga el compareciente para dar su versión sobre los hechos.
Si la JEP determina que Velásquez Saldarriaga incumplió los compromisos del Acuerdo de Paz se levantaría la suspensión de las órdenes de captura que tiene a su nombre.
“Romaña siente inseguridad jurídica"
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Henry Castellanos Garzón o “Romaña” tampoco atendió al llamado de la versión voluntaria el 20 de marzo y en el tribunal reposa una solicitud de reprogramación que está siendo evaluada. Pero en esta oportunidad la justificación de ausencia se remite a la falta de una ley estatutaria porque dice sentir “inseguridad jurídica”.
“No tener la ley nos afecta, porque en ella están todas las fases del proceso ante esta Sala de reconocimiento y no tenerla hace más difícil el trabajo porque tenemos que recurrir a la interpretación de distintas fuentes normativas. Además, manda una señal de inseguridad jurídica y de ausencia de reglas claras a los excombatientes”, señala Catalina Díaz.
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Para ella, el compromiso serio que tienen la mayoría de excomandantes de las Farc, por hacer la paz, se opaca debido al tropiezo legislativo que sufrió la ley estatutaria con las objeciones planteadas por el presidente Iván Duque y teme que este sea un motivo para que otros comparecientes nunca lleguen a decir toda la verdad sobre lo ocurrido en cincuenta años de conflicto.
