Siete años de prisión domiciliaria al ‘youtuber’ que se hace llamar HackerFiscalía por decirle “corrupta” a la jueza que definió el caso Uribe

Richar Maok Riaño Botina fue condenado a siete años y medio de prisión por utilizar, a mediados del año 2022, sus redes sociales para lanzar acusaciones constantes y sistemáticas en contra de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien para ese momento estaba resolviendo la solicitud de preclusión en el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras un año de juicio, en el cual el acusado no se hizo presente a las diligencias, el Juzgado 38 de Conocimiento de Bogotá determinó que el hombre, quien se presenta en sus redes sociales con el sobrenombre de HackerFiscalía, injurió y calumnió a la funcionaria judicial tras calificarla de “corrupta” y “cercana al uribismo”. Durante el proceso penal se determinó que esos señalamientos no contaban con ningún tipo de base ni sustento probatorio.

Pese a que alegó, por medio de su defensa, que esas publicaciones las hizo amparado en el derecho a la libre expresión, en el fallo se concluyó que este no es “absoluto” como lo ha señalado la Corte Constitucional y “no es absoluto porque no se permite que una persona lesione el derecho fundamental a la honra” de otra.

Igualmente, se tuvo en cuenta que, pese a que fue citado varias veces, nunca se presentó a una conciliación o se retractó de lo dicho contra la jueza Ortiz, por lo que se entiende que seguía convencido de que sus afirmaciones eran ciertas.

En este sentido, se advierte que el procesado sabía en su momento que no contaba con ninguna evidencia para decir lo que dijo y que este tipo de señalamientos afectaba la honra y el buen nombre de la funcionaria judicial. Para el juzgado, su actuar fue “inadmisible”, puesto que aprovechó “los medios masivos de comunicación para que, sin razón, ni soporte legal, haya señalado a aquella ciudadana como persona desleal con su profesión y dignidad como juez de la República, desarrollando un comportamiento no permitido por la ley o en contra de ella”.

“El procesado por medio de su canal de YouTube, el 6 de marzo de 2021 recepcionó una entrevista en la que no solo avaló las injurias y calumnias del señor (...) sino que en su propia expresión en reiteradas oportunidades, adujo que se tiene por demostrado que la doctora Carmen Helena Ortiz, como juez 28 penal del circuito, es corrupta”, precisa la decisión judicial emitida este miércoles.

En el fallo, se pidió verificar el país donde se encuentra el youtuber, puesto que en una oportunidad indicó que estaba en Canadá exiliado por las amenazas que ha recibido en su contra. Por esta razón, le pidió al Ministerio de Relaciones exteriores para que realice las “acciones diplomáticas correspondientes” con el fin de certificar su situación y ordene su traslado “a este país para el cumplimiento de la medida”.

En el análisis del caso se confirmó que Riaño Botina cuenta con un antecedente judicial, puesto que existe una anotación de 2006 sobre un fallo en su contra por el delito de abuso de función pública y utilización indebida de información privilegiada.

El juzgado rechazó la petición de la Fiscalía y la defensa de la jueza para que se ordenara la cancelación de todas las cuentas que tiene HackerFiscalía, esto debido a que estas “son empresas internacionales que manejan sus propias políticas internas y contratos con sus suscriptores. Sin embargo, se ordena comunicar de la sentencia aquí proferida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC) para su conocimiento y en uso de sus facultades y competencias adopte la decisión correspondiente”.

Tras conocer la decisión, el ahora condenado cuestionó al juez y se mofó de su independencia. “Si comenzaron conmigo así, lo que sigue es el #GolpeDeEstado al gobierno de @petrogustavo”, trinó en su cuenta con más de 69 mil seguidores.

La jueza 28 de conocimiento, el 28 de abril de 2022, rechazó la solicitud de la Fiscalía General para prescribir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación y presión a testigos, considerando que la Fiscalía había dejado varios vacíos en su solicitud de preclusión.