Sigilosamente: así logró ingresar el general William Salamanca a la Corte Suprema de Justicia sin alertar a los manifestantes y evacuar a los magistrados

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, atendió una llamada. Era el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Constitucional. Lo advertía de alteraciones de orden público en la sede la corporación en Bogotá. El oficial se dirigió al centro de Bogotá, sede del alto tribunal, y buscó la manera de ingresar a las instalaciones sin que los manifestantes lo notaran, esto con el ánimo de no provocarlos ni alterar aún más los ánimos.

El general intentó ingresar por una zona del Congreso con tal de entrar a las oficinas de manera sigilosa. Finalmente, accedió a la Corte Suprema de Justicia mediante una zona que está en obra, en construcción, ubicada en inmediaciones del Palacio de Justicia. Salamanca se dirigió al cuarto piso y habló allí con el magistrado Cheverra.

Ambos estuvieron de acuerdo en que tocaba mantener la calma ante la situación de personas protestando frente a la Corte Suprema de Justicia y algunos de ellos pateando las puertas del parqueadero con el ánimo de dañarlas y tal vez entrar a la edificación. Según se conoció, al encuentro se sumó Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y posteriormente se atendió la orden del presidente Gustavo Petro de llamar a efectivos de la institución para desbloquear el acceso al alto tribunal y permitir la salida de funcionarios y demás personas que allí estaban.

Vea la transmisión especial de SEMANA sobre la sitiada de manifestantes a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá:

Posterior a ello, la Corte Suprema de Justicia denunció un “bloqueo violento e ilegal” a su sede principal por parte de cientos de manifestantes que respondieron al llamado del presidente, Gustavo Petro, para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una terna propuesta por el mandatario.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de república (...) Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces”, dijo el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, quien fue evacuado junto con los otros 22 magistrados el jueves al final de la tarde, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Sindicalistas, estudiantes e indígenas respondieron a la convocatoria de Petro para manifestarse en las principales ciudades del país mientras los magistrados sostenían una reunión en Bogotá para elegir al sucesor del saliente fiscal, Francisco Barbosa, a quien Petro acusa de querer derrocarlo. Los manifestantes rodearon la principal sede judicial del país y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces. Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud. Algunos respondieron lanzando piedras a la fuerza pública, que retomó el control de la zona.

Los magistrados fueron evacuados en vehículos escoltados por policías sobre las 5 de la tarde. “Son mis órdenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento”, reaccionó Petro en la red social X (antes Twitter). Ninguna de las candidatas consiguió este jueves los 16 votos necesarios para asumir el cargo. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las ternadas. Así las cosas, la Fiscalía quedará de manera temporal a cargo de la vicefiscal general Martha Mancera.

Para la Corte, las manifestaciones afectaron “gravemente el derecho a la libertad de locomoción” y pusieron “en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes” del Palacio de Justicia. Las marchas fueron pacíficas durante la mañana, pero la situación escaló al mediodía, cuando el presidente del alto tribunal anunció que ninguna de las candidatas consiguió los 16 votos necesarios para asumir el cargo.

La falta de consenso se tradujo en que la vicefiscal general Martha Mancera, quien está llamada a suceder a Barbosa, su actual jefe, una vez este finalice su periodo el 12 febrero y hasta que los magistrados elijan a un nuevo titular.

“La función judicial solo está sometida al imperio de la ley”, enfatizó Chaverra. El tribunal no tiene un plazo máximo para designar al fiscal general y puede rechazar la terna del ejecutivo. En el pasado, los magistrados han llegado a demorar la decisión hasta el cambio de gobierno. De su lado, Petro sostuvo que “la Corte Suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente, y la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse”.

También pidió investigar la presencia de “infiltrados en las marchas con objetivos políticos” y divulgó un video en el que cinco hombres se abren paso entre la multitud y tratan sin éxito de derribar una barrera metálica en la entrada al Palacio.

En Medellín, Cali y otras cuatro ciudades también hubo manifestaciones en respaldo de Petro. Las autoridades no han dado un número estimado de asistentes. En enero, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según el organismo, éste habría recibido fondos del narcotráfico durante la campaña presidencial de 2022, en la que jugó un papel clave para ganar apoyos en el norte del país.

Nicolás Petro afrontará el juicio en libertad condicional y niega que su padre tuviera conocimiento sobre la entrada de dinero de narcotraficantes a su campaña.