“Se resarció el nombre de mi hijo”: madre de Sergio Urrego sobre disculpa de sicóloga

La psicóloga Ivonne Cheque, implicada en el sonado caso del estudiante Sergio Urrego, quien se quitó la vida hace 5 años por ser atacado en su colegio por su orientación sexual, leyó en una audiencia pública un documento en el cual reconoció haber incurrido en actos de discriminación contra él. 

Esta declaración,que hace parte de los actos de reparación a los que se comprometió ante un juez, se dio el 31 de enero en audiencia pública, dos años después de haber sido condenada, con base en un preacuerdo. La exfuncionaria del Gimnasio Castillo Campestre aceptó su responsabilidad por los delitos de discriminación agravada y falsa denuncia en contra de persona determinada y, como consecuencia, fue condenada a una pena de 35 meses de prisión y al pago de una multa de 8,49 salarios mínimos legales vigentes.

En el video, la exfuncionaria de la institución educativa expresó sus excusas a las familias de Sergio Urrego y Danilo Pinzón, por los actos de discriminación que cometió, haciendo énfasis en momentos particulares. 

“Pido excusas porque solicité a Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdéz informar a sus padres sobre su orientación sexual diversa”, expresó. Cheque admitió que pidió a los estudiantes regular sus manifestaciones afectivas dentro de la institución y que solicitó a los padres de Danilo, a nombre de la rectoría, correo electrónico de la copia del derecho de petición que se promovió en contra de Sergio por el supuesto delito de acoso sexual.

Antes de finalizar, la exfuncionaria enfatizó en la importancia de proteger y respetar la igualdad. “Reiterar a los padres de familia y educadores el deber de fomentar y proteger la igualdad, así como enseñar a valorar y respetar las diferencias. Desde aquí, hago un llamado a todos los padres de familia, docentes y psicólogos de Colombia para que casos como el de Sergio Urrego y Danilo Esteban Pinzón nunca más vuelvan a ocurrir”.

Según la investigación del caso, Sergio Urrego, de 16 años, se lanzó desde la terraza del centro comercial Titán el 4 de agosto de 2014, en medio de una crisis emocional causada, al parecer, porque Amanda Azucena Castillo, ahora exrectora de la institución, e Ivonne Andrea Cheque, la sicóloga, presionaron a los padres de su excompañero, Danilo Pinzón, para que lo denunciaran por acoso sexual. 

Alba Lucía Reyes Arenas, madre de Sergio Urrego, manifestó que pidió publicar en redes el video de la última audiencia del 31 de enero, porque considera que es un precedente en el país. Para ella, "las disculpas públicas significan el resarcimiento del buen nombre" de su hijo y una reparación.

“Creo que es un gran ejemplo para la sociedad que una psicóloga, que le hizo daño a mi hijo y que muy seguramente lo llevó al suicidio, le diga a los docentes, a los colegios y a los sicólogos que no se equivoquen y que tengan en cuenta la pluralidad y el respeto por la diversidad en las escuelas”, dijo a SEMANA 

¿Que ha pasado con el caso?

La madre de Urrego ha estado luchando todo este tiempo para que se haga justicia. El 11 de septiembre de 2014, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, no discriminación, educación, debido proceso, verdad, justicia y reparación, que consideró vulnerados por el colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Décima de Familia de Engativá II y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos relacionados con la dignidad, buen nombre, intimidad y la honra familiar, y negó los relacionados con debido proceso, verdad y justicia y reparación. La Procuraduría apeló y el caso escaló al Consejo de Estado. 

En segunda instancia, el alto tribunal tumbó la decisión y determinó que la acción de tutela no procedía, argumentando que los derechos que se pedía proteger no fueron vulnerados a la madre, sino a Sergio, quien falleció. 

El caso pasó a la Corte Constitucional que, en la sentencia T-478 de 2015, revocó la decisión del Consejo de Estado y, en su lugar, “concedió la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y buen nombre, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al debido proceso de la accionante y su hijo fallecido por las actuaciones de acoso escolar y discriminación de las que fueron objeto por parte del Colegio Gimnasio Castillo Campestre”.

En 2016, ocurrió la primera condena por el caso. Rosalía Ramírez, quien se desempeñaba como veedora de la institución educativa, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su responsabilidad en los delitos de discriminación agravada y ocultamiento de elemento material probatorio.

Por estos delitos, fue sentenciada a 27 meses de prisión. En ese momento, la investigación arrojó que ella le impuso un memorando al estudiante, luego de que se conociera una foto en la que él aparecía dándose un beso con un compañero de clase. 

En 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Secretaría de Educación del departamento no cumplió su función de vigilar a la entidad educativa en temas relacionados con el ajuste del manual de convivencia y la activación de la ruta de atención para determinar la intimidación contra Urrego.

Ese mismo año se conoció que la exrectora de la institución, Amanda Castillo, no será procesada por el delito de discriminación, pues un juez penal decretó la preclusión del caso frente a ese delito. Sin embargo, se anunció que Castillo seguirá siendo procesada por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia contra persona determinada. 

La madre de Ureego considera que es muy importante que la Fiscalía General y los jueces le apliquen celeridad a lo que falta. “Llevamos cinco años. Las pruebas son muy claras. Estamos ad portas del juicio, pero no se ha logrado llegar a este y el caso puede prescribir”, expresó.