Sigue la polémica en la elección del nuevo auditor general de la República; uno de los aspirantes está bastante cuestionado

Aunque la elección del Auditor General de la República no genera mayor interés en los colombianos, el proceso ha continuado y el Consejo de Estado tendrá que tomar una decisión en los próximos días para elegir a uno de los ternados por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, se conoció que, justamente, algunos magistrados tienen un malestar por un lobby que se está haciendo a favor de Carlos Silgado, uno de los ternados y que ha sido cuestionado en las últimas horas.

Sobre el ternado, se sabe que trabajó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, en la Contraloría de Bogotá, justo en los tiempos de Miguel Ángel Moralesrussi, quien fue condenado por el Carrusel de Contratación de Bogotá, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia en el país.

Aunque Silgado era subdirector de responsabilidad fiscal y Rodríguez era auditor en la entidad, ninguno de los dos detectó ningún hallazgo de responsabilidad fiscal y se generó todo el problema que ya el país conoce. El tema de fondo es que ahora supuestamente Rodríguez le está haciendo lobby a Silgado, quien aspira a ser auditor general de la República.

Lo que se escucha en los pasillos del Palacio de Justicia es que en el Consejo de Estado se analiza con lupa de cada uno de los candidatos. Actualmente, es escudriñado el caso de Silgado, parte de la Contraloría de Bogotá en los días de Miguel Ángel Moralesrussi.

Silgado también se ha desempeñado como gerente y representante legal de SH Constructores SAS, asesor de la Autoridad Nacional de Televisión y subdirector de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría de Bogotá. También trabajó como abogado de la Notaría 72 del Círculo de Bogotá, secretario general y jurídico de Corabastos, jefe de la Oficina Jurídica y juez ejecutor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asesor de la Gobernación de Cundinamarca y auxiliar de la Corte Constitucional.

Auditoría advierte despilfarro de dineros públicos en las regiones

A finales de abril, la Auditoría General presentó un informe en el que hizo una revisión exhaustiva y prendió las alertas. La Auditoría General de la Nación, que tiene bajo su sombrilla a las contralorías territoriales, puso el ojo en la contratación interadministrativa, que, por demás, se hace a dedo (contratación directa), la cual, debería ser solo para casos excepcionales, pero se está sobreutilizando, y generando así un desperdicio de dineros públicos que podrían ser usados de manera más eficiente en cubrir necesidades de la población más vulnerable.

Según el organismo de control, fueron analizados 76.785 contratos y convenios interadministrativos que habían sido suscritos en el territorio durante los años 2019-2022.

El valor registrado de dichos contratos fue de 27,1 billones de pesos, y 5,42 billones de pesos no generaron ningún beneficio para los ciudadanos, puesto que esa fue la suma que costó la intermediación, lo que debe constituirse en una alerta para las contralorías territoriales.

Si bien, el cobro por intermediar para ejecutar un contrato no es algo ilegal, el problema son los abusos que se están presentando y el riesgo de que se adjudiquen contratos a dedo de manera fraudulenta. “La contratación interadministrativa limita la libre competencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva”, advirtió la Auditoría.