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Siguen diligencias por escándalo de la UNGRD. El turno para María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla
La Fiscalía la citó a una diligencia de declaración en la investigación por la llamada “empresa criminal”. Según las pruebas, Benavides habría sido encargada por el ministro para que los contratos, con los que supuestamente compraron votos en el Congreso, se cumplieran.
Durante la imputación de cargos que hizo la Fiscalía a Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo, la delegada del ente acusador aseguró que estaban frente a una empresa criminal que se gestó en el interior de esa entidad. En ese enredó, terminó salpicada María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Justamente, para definir cuál sería la participación de esta exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, enlace con el Congreso de la República, la Fiscalía la citó una diligencia de declaración para que allí explique cuál fue su papel, en lo que advirtieron se trató de una estrategia para apoderarse y controlar los contratos de la UNGRD.
La defensa de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró, tras la diligencia de interrogatorio, que estarán atentos a colaborar con la justicia en el marco del escándalo de la UNGRD. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/TudXuabCtp
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2024
María Alejandra Benavides, de acuerdo con las declaraciones que entregó Sneyder Pinilla, fue el enlace entre el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, y los congresistas que buscaban contratos en sus regiones, todo como una forma de tener a los legisladores del lado del gobierno.
A esta mujer, según las pruebas publicadas por SEMANA, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le habría dado la orden de hacer todo el seguimiento y verificación del cumplimiento de los “compromisos” con los congresistas de la Comisión de Crédito Público. En la práctica, monitorear si les repartieron de forma adecuada los 92.000 millones en contratos para los municipios de Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y la zona del río Bojaba, en Arauca.
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Según ha narrado la Fiscalía en las audiencias contra Sneyder Pinilla y Olmedo López, la orden estaba dada desde el primer “cónclave”, como bautizó el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, a los encuentros en la Casa de Nariño, en los que le decían cómo repartir de forma corrupta los contratos. Este se dio el 27 de noviembre del año pasado y participaron el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
La exfuncionaria del Ministerio de Hacienda fue citada como lo han hecho varios protagonistas de este escándalo, con el objetivo de entender, de los propios implicados, qué fue lo que ocurrió y si, activamente, las irregularidades denunciadas por el Olmedo López y Sneyder Pinilla tienen sustento.
Lo que sí resulta claro para el ente acusador es que hubo un entramado de corrupción, en cabeza del director de la unidad para la gestión del riesgo y quien lo sucedía en el cargo, de ahí la necesidad de avanzar en las indagaciones, para determinar si hay más personas vinculadas en lo que la misma Fiscalía consideró una empresa criminal.
La declaración de María Alejandra Benavides se fijó para este martes, en horas de la mañana, no han explicado desde la Fiscalía si se trata de una entrevista o un interrogatorio, que en el segundo caso, la obligaría a ir con un abogado y de alguna manera vinculada formalmente al proceso.