Siguen los asesinatos de líderes, Yordan Tovar murió en Puerto Guzmán, Putumayo

La Red de Derechos Humanos del Putumayo confirmó la muerte de Yordan Tovar en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Con lo que se registran más de 20 muertes de líderes sociales en el país en los primeros 16 días de 2020, según datos de Indepaz.

El hecho habría ocurrido a las 7:25 p.m. en la vereda Teteyé, en el Corredor Puerto Vega Teteyé, municipio de Puerto Guzmán. El joven se encontraba en la tienda comunitaria del sindicato cuando hombres armados llegaron hasta el lugar y le dispararon en varias oportunidades.

Tovar era directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo (Sintcafromayo), organización filial a La Red, Fensuagro y Marcha Patriótica en Putumayo.

En los pasados días también se registró la muerte de Jorge Luis Betancourt Ortega, quien era un reconocido líder de San Francisco del Rayo, un corregimiento de Montelíbano (sur de Córdoba).

Hace pocos días la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 054-19 en el que señaló los riesgos que están corriendo los líderes comunales y organizaciones como Asodecas, Ascsucor, Coccam, Funsap, Anzorc y Cordoberxia debido al crecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo, los Caparrapos y el ELN, que se disputan las rentas ilegales de la cocaíca, la extorsión y la minería ilegal. Además, la Defensoría del Pueblo alertó los riesgos de más de 25.000 personas que viven en el Nudo de Paramillo.

Justo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, realizó un consejo de seguridad el sábado 11 de enero para analizar las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, donde aseguró que no serían un llamado auxilio en el desierto. Sin embargo, la situación de seguridad del sur de Córdoba parece desbordar a las autoridades.

Andrés Chica, líder de la Fundación Cordoberxia, llamó la atención: “Exhortamos al señor Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora y al señor secretario del interior, Camilo Berrocal, para que de manera urgente y perentoria insten y exhorten a las autoridades civiles y militares para que salvaguarden la vida e integridad de los líderes sociales (…) Nuestro llamado desesperado al Presidente Iván Duque para que la política de Paz con Legalidad pase a ser una verdad materializada y evidenciada en la casación de actos hostiles y de horror en el sur de Córdoba. Por último, insistir en que no es con millares de soldados únicamente que se recupera y gobierna desde el Estado en el sur de Córdoba. Las medidas netamente militaristas no sirven”.

No solo los habitantes de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño están en riesgo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año se han asesinado a 17 líderes sociales: cinco en Cauca, cinco en Putumayo, dos en Antioquia, dos en Huila, uno en Chocó, uno en Cesar y uno en Norte de Santander.

El director de Indepaz, Camilo González Posso, llamó la atención de las autoridades para que implementen de manera decidida se implemente una política de paz que proteja a los líderes sociales: “Defendamos la Paz está llamando al relator especial de genocidio para que se haga presente en Colombia y hay un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Preocupación internacional

La situación es preocupante, pues además de los 17 líderes asesinados en los primero catorce días de enero, en diciembre fueron asesinados 23. Justo este martes, Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó el informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el que destacó la persecución a los líderes y defensores de derechos humanos.

Para hacer una imagen panorámica de la violencia que azota a las comunidades rurales del país, Massieu citó casos particulares como el de la artista y líder social Lucy Villareal que fue asesinada el pasado 23 de diciembre en Nariño luego de dictar un taller para niños de su comunidad, el asesinato del excombatiente de las Farc, Benjamín Banguera, y el frustrado plan para atentar contra la vida de Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc.

Otro de los temas abordados fue la situación que atraviesa Bojayá, municipio que a lo largo de la historia se ha visto afectado por el conflicto. El representante citó la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN, y recordó el episodio vivido por la comunidad la semana pasada, en la que se denunció el desembarco por parte de trescientos hombres armados, a quienes llamaron paramilitares, en la comunidad de Pogue.

El jefe de la Misión también enfatizó en la importancia de aumentar la participación de las mujeres, en prestar especial atención a los 9.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales, en la importancia del desmantelamiento de grupos armados ilegales y en la necesidad de llevar a los autores intelectuales y materiales de los ataques contra líderes y excombatientes ante la justicia.