Siguen matando líderes sociales en el país y no paran las masacres: ¿por qué ahora nadie se indigna?

Sus nombres eran Léider Alexánder Yule, Édgar Rodríguez, Diomedes Bermúdez, Ferdi Leandro Tapias y Uber Eliécer Tapias, todos líderes sociales y comunales asesinados durante los primeros días del nuevo Gobierno. Quizá nadie escuchó de su muerte, ni tampoco los lloraron –más allá de su familia–; todo parece indicar que el dolor colectivo que generaba este tipo de actos era político y no solidario.

Durante los primeros días del mandato de Gustavo Petro son cinco los líderes sociales asesinados, más de seis masacres y alrededor de 900 personas desplazadas por un conflicto que amenaza con desbaratar el orden social en el Cauca, pero estas acciones no han tenido el mismo eco en el panorama nacional.

Poco se habla de la indignación cuando se reporta el asesinato de un líder social. Las organizaciones dedicadas a informar sobre estos aconteceres ya no elevan sus voces de protesta para llamar a la comunidad internacional. Desde ya, la oposición habla de un cambio de narrativa por parte de los que ahora son Gobierno.

El congresista Miguel Polo Polo ha advertido en varios casos que los líderes sociales parecen no dolerle a nadie. “Seis masacres en ocho días de Gobierno Petro. Al paso que vamos no seremos potencia mundial de la vida, sino de asesinatos. ¿Y los derechos humanos? ¿Y la era de paz? Señor Petro, detenga el derramamiento de sangre. Que Dios nos ampare”, dijo.

Y es que el presidente Petro, que en campaña y en su rol de opositor era muy activo en Twitter para denunciar cada caso, ahora como mandatario no ha dicho una sola palabra sobre los recientes asesinatos. Solo aclaró que buscará que la responsabilidad recaiga sobre la fuerza pública. “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”, aseguró.

Los rostros de la muerte

Frente al silencio del nuevo Gobierno sobre el reciente asesinato de estos líderes, sus historias hablan para que sus muertes no queden en la impunidad. Por ejemplo, Léider Alexánder Yule tenía 25 años, era comunero del resguardo indígena de la vereda El Manzano, zona rural de Toribío, Cauca. Hombres armados lo retuvieron y luego lo atacaron con tiros de gracia cuando estaba de rodillas.

Léider adelantaba un proyecto social con jóvenes de ese resguardo y era parte activa de procesos productivos. Nadie sabe por qué lo mataron si no tenía problemas; su único pecado fue resistirse a la guerra entre disidencias de la zona.

Édgar Rodríguez tenía 54 años, era docente en un colegio de Cúcuta, Norte de Santander. Dos hombres en moto le dispararon en el barrio Torcorama. Allí mismo murió. Su trabajo siempre estuvo vinculado a la resocialización de jóvenes en sectores vulnerables, también pertenecía a un sindicato de educadores.

Diomedes Bermúdez Aguirre era integrante del Comité Asodipaz en Tolima y, además, firmante del acuerdo de paz en La Habana, Cuba. Lo asesinaron mientras transitaba por la vía que conduce de Rovira al municipio de Roncesvalle.

Ferdi Leandro y Uber Eliécer Tapias eran hermanos. El primero pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebradoncita, en zona rural de Ituango, y el segundo era el presidente de esa misma corporación. Estaban en una reunión familiar cuando hombres armados los asesinaron.

Sus muertes fueron un mensaje para la comunidad: no se vale llevarle la contraria a los violentos. A todo eso se suma el desplazamiento de 900 personas en Almaguer y Barbosa, municipios del sur del Cauca. Las comunidades de estos sectores claman por la paz, pero ante todo para que sus desgracias no queden en el olvido, ni en el silencio.