SIN CUOTA INICIAL Y SIN CARNET DE AFILIACION

ENTREVISTA MARIA EUGENIA ROJAS

15 de noviembre de 1982

SEMANA. ¿ Qué volumen de recursos necesita para elaborar el programa de vivienda popular?
MARIA EUGENIA ROJAS.
Necesito diez mil millones de pesos para cubrir el déficit que encontré en el ICT, que pueden discriminarse así: un déficit de tesorería, compuesto por cuentas por pagar por concepto de obras ejecutadas, con un valor de $ 3 .066 millones.
Y un déficit presupuestal, de obras con tratadas, que requieren $ 2.654 millones. Esto suma, en números redondos $6.000 millones. Adicional mente, necesito $ 4.000 millones para entregar diez mil soluciones de vivienda antes del 20 de diciembre del presente año.
Posteriormente, he solicitado, para la construcción de las cien mil viviendas anuales que me puso el presidente Betancur como cuota mínima, una adición presupuestal de $ 32.686 millones. En el proyecto de presupuesto del año 83 se in cluía para inversión una partida de $ 8.289 millones, lo que quiere decir que necesito un total de $40.976 millones.
S. ¿En qué término debe salir todo esto?
M.E. El ministro de Hacienda está de acuerdo en que sacar adelante el programa bandera del presidente Betancur es una necesidad prioritaria. Con la Junta Monetaria, se están buscando fórmulas para inyectar recursos al ICT.
S. ¿Hay algún tipo de estudio sobre la programación de las construcciones?.
M.E. Para realizar el ambicioso plan del presidente el ICT ya tiene 24.842 viviendas programadas para 1983. Y de acuerdo con una promoción que hice a través de la prensa nacional con el fin de convocar a los constructores del país, con una respuesta tan favorable que se presentaron 160 propuestas de firmas de todo el país, estoy en capacidad de realizar 45.583 viviendas adicionales. Hay otros planes a través de préstamos para asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, vivienda por auto-construcción y propietarios de lotes. Además, está el programa Duplicasa que consiste en utilizar las planchas para construcción de una segunda vivienda.
Finalmente, habrá adjudicacion de lotes con servicios. De acuerdo a nuestros cálculos, todas estas soluciones nos permitirán dotar con casa a 100.424 destechados en 1983 .
S. ¿Qué pasa sino obtiene los recursos necesarios?
M.E. La cuota son 100.000 viviendas al año. Cumpliré en la medida en que me sean dados los recursos.
S. ¿Es adecuada la actual infraestructura del ICT para realizar un programa masivo de vivienda?
M.E. En este momento la infraestructura del ICT no da para atender las exigencias del programa. Pero ya se contrató un estudio con técnicos de las Naciones Unidas para llevar a cabo una reestructuración. Yo sugiero la creación de dos departamentos nuevos. Uno, el departamento de trabajo social. Y además, el departamento de coordinación entre las asociaciones de vivienda y las cooperativas, para darles todo el apoyo necesario. En la actualidad, el Instituto tiene una planta de casi 3.000 empleados, 500 empleados oficiales y 2.500 em pleados públicos. Considero que no es necesario aumentar esta planta sino reclasificar sus funciones.
S. Se dice que el gobierno está im provisando un programa de vivienda popular para cumplir una promesa electoral que se hizo sin cálculos de ninguna especie. ¿ Usted qué opina?
M.E. Eso no es cierto. El gobierno tenía todos los estudios sobre la vivienda sin cuota inicial, realizados por gentes muy vinculadas a la construcción. Un equipo especializado en vivienda preparó todos los planes. Lo único que hasta el momento ha impedido el arranque del programa ha sido la aguda quiebra del país que encontró el gobierno del presidente Betancur.
S. ¿ Cuáles serán las condiciones para los adjudicatarios de casas del ICT?
M.E. Una casa de $ 400.000 puede quedar pagando una cota mensual de $ 3.900 aproximadamente, que es menos de lo que una familia está pagando por un cuarto de inquilinato. Además, en lugar de un cuarto ofrecemos un salón múltiple, dos alcobas, cocina y baño, en un lote de 60 a 72 metros cuadrados que permite un desarrollo progresivo de la vivienda. Eso es lo que yo llamaría la comparación básica. Esa vivienda será para quienes reciben el salario mínimo. La otra solución es la vivienda popular sin cuota inicial con un valor hasta de cien salarios mínimos. Una vivienda de $550.000 quedará pagando una cuota mensual de $5. 500, en un lote de 60 a 90 metros cuadrados y un área de construcción de 42 a 52 metros cuadrados .
S. ¿Cómo se otorgarán las viviendas que se construyan?
M.E. Los primeros beneficiarios deben ser quienes viven en casas de inquilinato o en tugurios. Consideramos que la necesidad de vivienda no tiene color político. El formulario de solicitud será publicado en la prensa y se entregará gratuitamente en algunos sitios que fijará el Instituto. La adjudicación se hará a través de un sorteo por la T .V. Es decir, la entrega de formularios y la adjudicación de vivienda al destechado no requerirá la compra del formulario, ni tener recomendaciones políticas, o carnet de afiliación a partido político alguno. Estamos preparando una información completa de todas las soluciones que el ICT puede ofrecer a los destechados a fin de que cada familia escoja el tipo de vivienda que satisface sus necesidades.
S. Hay quienes sostienen que el programa es inflacionario. ¿ Ud. qué opina?
M.E. Yo no quiero entrar a discutir lo relacionado con las tesis monetaristas que ha venido sosteniendo el equipo económico del gobierno. Pero lo que sí es un hecho incuestionable es que realizar el programa bandera del presidente tiene un costo y yo considero que el costo social es mayor al costo económico que tenemos que pagar los colombianos. Si estas medidas, como dicen, son inflacionarias en un dos por ciento, ese dos por ciento, distribuido entre 25 millones de colombianos para darle techo a 100.000 familias, mano de obra a 400.00 colombianos, y aumento en la producción de todos los materiales, estamos dispuestos a pagarlo los colombianos. El año pasado ya pagamos 27% sin una sola obra en favor del pueblo, luego este 2% adicional no lo vamos a sentir. Y lo que no sabemos es cuál sería el costo social si el programa se frustra.