Nación
Sin pensiones y con deficiencias nutricionales: adultos mayores enfrentan difíciles condiciones, dice Defensoría
Para la Defensoría, es perentorio que el Gobierno nacional tome medidas urgentes para garantizar la protección de las personas mayores en el país.
Durante el Foro Académico y Social Vejeces, Justicia y Derechos, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Externado de Colombia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por la situación de las personas mayores en el país.
Según Camargo, el año pasado fallecieron 1.661 personas mayores debido a deficiencias y anemias nutricionales, y solo el 17 % de cada 100 personas mayores accedió a una pensión.
El defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome medidas que garanticen la protección de las personas mayores, ya que la problemática se extiende a diferentes escenarios y regiones del país.
Camargo Assis destacó que la falta de protección económica, la exclusión social y el maltrato que sufren las personas mayores de 60 años en Colombia “se agudiza cada día debido a la discriminación por edad en la vejez, llamada de manera general como edadismo, y particularmente para las personas mayores, como viejismo. Violencia que es ejercida por las familias, la sociedad y el Estado”.
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Estas violaciones, de acuerdo con el funcionario, forman parte de una serie de situaciones que se desarrollan a lo largo de la vida, lo cual genera “discriminación, segregación y desprotección” hacia las personas mayores.
El defensor del Pueblo también resaltó la necesidad de que el Estado adapte su ordenamiento interno de manera que esté acorde con los principios del derecho internacional, con el fin de identificar y abordar de manera oportuna, con un enfoque diferencial, las violencias contra este grupo de población.
La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo importantes acciones para promover y difundir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la cual se adhirió el Estado colombiano.
Además, publicó el informe ‘Hacia un cambio de paradigma sobre la vejez en Colombia: del asistencialismo a la garantía de los derechos’. Asimismo, elaboró un compendio normativo y ha realizado jornadas pedagógicas sobre la Convención, con el objetivo de fomentar su apropiación y un cambio de enfoque permanente.
Carlos Camargo Assis enfatizó en la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia contra las personas mayores e instó a las entidades competentes a generar acciones y estrategias para lograr su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
“Cualquier forma de violencia contra esta población debe ser erradicada, sean directas, indirectas o estructurales. Las entidades competentes deben generar acciones y estrategias para sostener su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, y de esta manera contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, señaló el defensor Camargo.
“La garantía y el respeto de los derechos de las personas mayores hablan de cómo estamos como sociedad y Estado, su cumplimiento debe ser una prioridad de todos, sin distinción alguna”, puntualizó.
Defensoría, preocupada por la reforma pensional
El proyecto de ley sobre la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro llevó a la Defensoría del Pueblo a exponer sus preocupaciones en relación con lo contemplado en el documento, radicado en el Congreso a finales de marzo.
En la actualidad, existen 18.6 millones de personas que cotizan en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), conocidos como fondos privados, y poco más de 6.7 millones de personas en el Régimen de Prima Media (RPM) a través de Colpensiones.
Según el proyecto de ley, aquellos que cotizan sobre la base de hasta tres salarios mínimos legales vigentes, que representa el 88% de los ocupados en Colombia con tres salarios mínimos o menos, así como aquellos que cotizan sobre esa misma base salarial en los fondos privados, deberán hacerlo en Colpensiones. Solo aquellos con ingresos superiores a los tres salarios mínimos podrán destinar aportes a los fondos privados.
Ante esto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación y aseguró que “se deben revisar con profundidad las implicaciones que esta reforma podría conllevar. Resulta fundamental que la reforma no viole el derecho a la libertad de elección a la hora de escoger entre los dos tipos de regímenes. Las personas deben estar en la capacidad de decidir si quieren pertenecer al Régimen de Prima Media o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”.
El texto de la reforma busca que la mayoría de los cotizantes realicen su ahorro en Colpensiones, donde a través de un fondo común se generará la distribución de las mesadas a las personas que ya han adquirido su derecho a pensión.
El defensor Camargo señaló que el Gobierno nacional ha tenido que cubrir la deficiencia del fondo público a través de impuestos de los ciudadanos, por lo que el traslado de fondos de un régimen a otro se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Camargo Assis también aseguró que “la reforma debe presentar soluciones estructurales a las deficiencias del sistema de pensiones actual. Debemos abordar las inconsistencias derivadas de la alta informalidad laboral en Colombia y las limitaciones fiscales del Régimen de Prima Media. Se debe permitir la libre elección del régimen y que las personas puedan continuar aportando a su pensión de acuerdo con su situación económica”.
El defensor del Pueblo agregó que tanto los jóvenes como los adultos deben tener la certeza de que podrán acceder a una pensión. “Desde nuestra Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacemos un llamado a revisar los diferentes tipos de beneficios, programas de ahorro y garantías de pensión mínima para que todos los afiliados al sistema puedan tener una pensión digna”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
