Sindicatos de la Contraloría de Cartagena responden duro al alcalde Dumek Turbay: “No debería haber impedimento para permitir control fiscal”

El domingo, 5 de enero, se conoció una denuncia por parte de la Alcaldía de Cartagena en cabeza de Dumek Turbay en contra de la Contraloría Distrital por unas presuntas malas actuaciones de este órgano de control que habrían ocurrido el pasado 2 de enero, cuando realizaron una serie de allanamientos en dependencias del Distrito, sustentándose en las circulares 014 del 24 de diciembre y 015 del 30 de diciembre de 2024.

Estas acciones, orientadas al control fiscal previo, fueron rechazadas por el Distrito, que argumentó que la Constitución de Colombia reserva dichas facultades al Contralor General de la República.

La molestia se dio porque la Contraloría Distrital de Cartagena reveló un detrimento patrimonial superior a 264 mil millones de pesos en la ejecución de contratos suscritos entre el Distrito y dos entidades: la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) y la empresa Aguas de Cartagena en administraciones como la de William Dau y alcaldes anteriores.

Aunque en este 2025 comenzará la auditoria en la administración de Dumek Turbay que correspondería al año 2024, la Alcaldía se molestó y denunció las presuntas irregularidades.

En medio de ese cruce de mensajes, los sindicatos de la Contraloría de Cartagena se pronunciaron y respaldaron las actuaciones fiscales que se están adelantando y le preguntaron al alcalde Turbay por qué le molesta que se haga ese trabajo. “Si las actuaciones de la Alcaldía son transparentes y están ajustadas a derecho, no debería haber ningún impedimento para permitir la auditoría y el control fiscal”, dijeron.

Aseguran que no es cierto que las actuaciones de la Contraloría no tengan fundamento legal y que se tiene “el deber de realizar auditorías, inspecciones y actuaciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Esta función se encuentra establecida en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, que facultan a las contralorías territoriales para ejercer control posterior y selectivo sobre los recursos del ente territorial”.

Así mismo indican que no entienden la actitud de la Alcaldía porque las actuaciones de la Contraloría no son políticas y que se trata de un deber constitucional. “Rechazamos cualquier intento por desvirtuar nuestra misión mediante acusaciones infundadas y recordamos que nuestra labor es proteger los intereses de la ciudadanía, sin importar las tensiones políticas entre administraciones”.

Finalmente dicen que todo esto se está dando en medio de una reducción de presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría en 2025 y que ese no puede ser un mecanismo de presión para evitar el control fiscal.

Seguramente este tema seguirá generando debate porque las partes tienen posiciones contrarias y en los próximos días se sabrá en qué terminará todo este asunto.