“Sinvergüenzas”: el duro rifirrafe entre Quintero y sindicato de EPM por Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el sindicato mayoritario de trabajadores de EPM (Sinpro) nuevamente sostuvieron un rifirrafe en redes sociales por cuenta de un comunicado de la organización sindical donde hacen un llamado a la Contraloría para “proteger y preservar los recursos públicos representados en EPM y en el proyecto Hidroituango”, por lo cual pidieron tomar decisiones fuera de los intereses políticos y mediáticos.

En la comunicación hacen referencia al fallo en segunda instancia que deberá emitir la Contraloría General sobre la multimillonaria multa impuesta a 26 personas, entre estas nueve empresas, por 4,3 billones de pesos por el detrimento generado tras la emergencia en Hidroituango.

Frente a esto, el sindicato advierte que de ratificarse el primer fallo, se retrasarían las obras, habría mayores costos, nuevas multas, lo que pondría en serio riesgo la puesta en marcha del proyecto.

Asimismo, Sinpro precisó en el comunicado que un posible relevo de contratistas afectaría las labores de mitigación con comunidades aguas abajo de Hidroituango, las finanzas de EPM, así como un posible riesgo de perder al menos 60.000 empleos directos e indirectos de la compañía.

Adicionalmente, el sindicato explicó que la Contraloría no estableció corrupción en el proyecto y que ya se están recuperando los $4,3 billones, a través del pago de la póliza todo riesgo, construcción y montaje, y la de lucro cesante por parte de la aseguradora Mapfre.

Quintero responde

El comunicado y la postura del sindicato Sinpro fue rechazada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien desde el primer momento de su administración ha sido partidario de los responsables de la emergencia en Hidroituango asuman sus culpas. “Un Sindicato al servicio de contratistas y en contra de EPM. ¿Sabrá la ciudadanía que la mayoría de implicados en escándalo de Hidroituango al interior de EPM estaban sindicalizados en Sinpro a pesar de ser ejecutores de billones del presupuesto de EPM?”, manifestó el alcalde en su cuenta de Twitter.

Y en otros mensajes tildó de “sinvergüenzas” a los integrantes de la colectividad sindical: “Sinvergüenza Sinpro pide que contratistas no paguen por detrimento patrimonial en Hidroituango”.

¿Qué dijo la Contraloría en el primer fallo?

Mediante auto de apertura del pasado 8 de noviembre de 2019, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de $4 billones contra 34 presuntos responsables “como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango”.

Según información de la Contraloría, entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 gobernadores de Antioquia y varios contratistas. Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria —gobernador electo de Antioquia— firmaron el plan de aceleramiento en las obras de Hidroituango, que terminó en la construcción de un túnel que no estaba en los diseños originales y que finalmente colapsó. También se investiga al exgobernador Luis Alfredo Ramos y al exgerente de EPM, Juan Esteban Calle.

La suma del detrimento patrimonial se discriminó así: $2,9 billones debido de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

La respuesta de EPM

Alrededor del sonado caso de Hidroituango, que generó una crisis corporativa en EPM hace unos cuantos meses, siguen las decisiones de los organismos de control.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió una respuesta a la decisión en su momento, en la que además de señalar que aún desconoce oficialmente el fallo de responsabilidad fiscal por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), dice que el equipo técnico, jurídico y financiero de la compañía está haciendo las revisiones del caso. Acerca de su actuar, luego de dichas revisiones, adelantó que no se debe perder de vista que los listados como responsables fiscales tendrán cinco días hábiles para acudir al recurso de reposición y apelación, lo que implicaría que los efectos del fallo pueden suspenderse hasta cuando se resuelvan los recursos por la Contraloría General de la República.

EPM enfatizó en que su política es la de ser respetuosa de los fallos de las autoridades, en este caso, de la Contraloría. No obstante, indicó que “ha desarrollado estrategias para enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del sentido del fallo y su contenido, con el propósito de mitigar los riesgos y, de esta forma, blindar la continuidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”.