SITP, ¿otro botín del carrusel de la contratación?

El Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp) está a punto de convertirse en el nuevo capítulo de las investigaciones del carrusel de la contratación que desangró las arcas de la capital durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Una conclusión que se desprende de las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la imputación contra Fernado Álvarez, exsecretario de Movilidad, señalado de los delitos de peculado y contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. 

El viernes el fiscal expuso apartes del contenido de varios interrogatorios a algunos de los protagonistas del carrusel, como los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, ambos condenados, y el abogado Manuel Sánchez, que relacionarían a Álvarez con el entramado que se tejió entre particulares, funcionarios y políticos para apoderarse del erario de la ciudad.

Según la Fiscalía, Tapia aseguró que conoció a Álvarez en el apartamento de Álvaro Dávila, conocido como "el abogado del carrusel" y a quien las autoridades tienen como el cerebro del saqueo a la capital. A ese lugar acudía Álvarez con frecuencia-según el relato de Tapia - para "informarle (a Dávila) del estado de los contratos que eran de interés (en la secretaría de Movilidad) para los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas", también condenados por el carrusel.

La Fiscalía asegura que contrastó esa información con la bitácora del edificio de Dávila y constató las visitas que recibió por parte de Álvarez, que antes de ser secretario de Movilidad había sido gerente de Transmilenio. Tapia le aseguró a los investigadores que Álvarez hacía parte de la "empresa criminal".

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En la misma dirección de esas declaraciones, Julio Gómez le aseguró a la Fiscalía que todos los funcionarios importantes de las carteras distritales eran cuotas, y señaló que Álvarez había sido apadrinado por Dávila.

Manuel Sánchez, por su parte, le habría dicho al ente investigador que participó en reuniones con Dávila y Álvarez, algunas se dieron en el club El Nogal. Álvarez "conocía de los intereses que se manejaban" y entregaba detalles de los términos de las licitaciones, aseguró el abogado, quien tiene un acuerdo de colaboración con la justicia.

Aunque Álvarez no erstá siendo procesado como parte del carrusel, esas declaraciones dan luces sobre el rumbo que desde 2013 tomaron las investigaciones sobre el saqueo a Bogotá. Desde hace un par de años, los investigadores sospechan que en la asignación de los operadores del SITP se repartió una buen tajada del presupuesto de Bogotá. Uno de los capítulos de esa investigación serían los contratos que se firmaron para asignar los particulares que se harían cargo del recaudo de los pasajes en las taquillas.

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Sin embargo, esas pesquisas aún no se destapan. Las menciones reveladas este viernes por la Fiscalía son un primer indicio del interés que habrían tenido los protagonistas del carrusel en los contratos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Lo concreto es que Álvarez está hoy en el ojo de la Fiscalía, que realmente lo procesa por las irregularidades que se habrían cometido a la hora de contratar un estudio sobre los oferentes que querían operar el sistema zonal de transporte (los buses azules).

Los 801 millones refundidos

Para 2009, la Secretaría de Movilidad y la Univesidad Abierta y a Distancia (UNAD) suscribieron el convenio interadministrativo 1229 que tenía como objeto la realización de campañas pedagógicas. Por esos días, al Distrito le llegó la hora de contratar a los privados que operarían el nuevo servicio de transporte público de la ciudad, el SITP.

Entonces, la secretaría de Movilidad se puso a la tarea de buscar una entidad para que analizara las propuestas de los oferentes. En 2010, Martha Hernández, subsecretaria de Movilidad (con el conocimiento de Fernando Álvarez, según la Fiscalía) decidió usar el convenio con la UNAD para tal fin.

La Secretaría suscribió la adición 2 al convenio con la UNAD, con el fin de que adelantara tal estudio. La Fiscalía asegura que dicha entidad no tenía la capacidad técnica ni financiera para hacerlo, por eso imputó a Álvarez el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales.

Pero ahí no paran las presuntas irregularidades. La falta de capacidad, asegura el fiscal del caso, quedó evidenciada en el hecho de que la UNAD contrató a CITEC para que adelantara el estudio, y esa firma, a su vez, buscó a KPMG, una multinacional reconocida en todo el mundo por sus servicios de auditorías y asesorías. Esa última entidad fue finalmente la que elaboró el estudio, y para hacerlo fijó una tarifa de 24 millones de pesos por cada oferta que revisara.

En ese primer momento, la firma internacional analizó 22 propuestas, que costaban 528 millones de pesos. Sin embargo, para la adición del convenio la Secretaría desembolsó 850 millones de pesos. La Fiscalía indaga qué pasó con los 322 millones de pesos restantes.

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Al proceso de licitación por el que se adjudicaría la operación del SITP se siguieron presentando oferentes, por lo que la Secretaría suscribió una nueva adición al convenio interadministrativo. Esta vez fue por $910 millones. El nuevo desfase es de 190 millones de pesos, pues KPMG revisó en esta etapa 30 propuestas, que habrían costado 720 millones, según los cálculos de la Fiscalía.

Finalmente se realizó una nueva adición, esta para digitalizar las extensas propuestas presentadas por los oferentes. La Secretaría desembolsó $761 millones, pero KPMG solo habría cobrado 472 millones. No hay rastro de 289 millones.

En total, la Fiscalía encontró que faltan 801 millones de pesos en esas cuentas, por eso le imputó el delito de peculado a Álvarez.

Hay otros asuntos pendientes alrededor de ese proceso. Al parecer, el estudio que hizo KPMG no fue tenido en cuenta por la Secretaría de Movilidad a la hora de adjudicar los contratos, y algunos de los particulares que fueron elegidos habrían sido rajados en el examen que practicó la multinacional. Pero el motivo para desechar tal estudio, de momento, es otro interrogante abierto.

Fernando Álvarez se declaró inocente de los señalamientos de la Fiscalía. El lunes un juez determinará si el exsecretario de Movilidad debe ir a prisión mientras avanza su proceso.