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Sneyder Pinilla.
Sneyder Pinilla. Corte Suprema de Justicia. Bogotá, junio 5 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: Juan Carlos Sierra

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Sneyder Pinilla regresa a la Corte Suprema de Justicia a declarar en la investigación contra Iván Name y Andrés Calle

En medio de la imputación de cargos que le adelanta la Fiscalía, el exsubdirector de la UNGRD declara nuevamente en la Sala de Instrucción del alto tribunal.

Redacción Semana
9 de agosto de 2024

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se presenta de nuevo a rendir versión libre frente al magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción, por la investigación que se adelanta contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

Pinilla llega a la Corte Suprema de Justicia a rendir versión después de que el pasado miércoles 7 de agosto, se presentó en los Juzgados de Paloquemao para ser imputado por la Fiscalía frente a su responsabilidad en todo el entramado de corrupción que se armó en la UNGRD a través del desvío de contratos.

El magistrado Francisco Farfán, integrante de la Sala de Instrucción, ya había citado en otras dos oportunidades al exsubdirector de la entidad para que entregara su versión sobre los graves señalamientos que hizo contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

En una primera diligencia, Pinilla guardó silencio parcial argumentando que estaba a la espera de la respuesta de la Fiscalía sobre su principio de oportunidad para seguir colaborando con la justicia. En la segunda citación, el pasado 5 de julio, la declaración se volvió a aplazar porque aún no existía respuesta sobre el preacuerdo que estaba buscando con la justicia.

En medio de ese proceso, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le presentó una carta al magistrado Farfán para que también lo vincularan a la investigación que adelantaba contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle de los partidos Alianza Verde y Liberal.

Con el tiempo corriendo, Pinilla terminó imputado por la Fiscalía por múltiples delitos y hasta lo señaló de hacer parte de una “organización criminal”, que se dedicó a desfalcar a la UNGRD, supuestamente para comprar congresistas que favorecieran las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Pero lo más grave es que la Fiscalía confirmó que en medio de la investigación lograron identificar que está perdiendo información de la entidad, por otros funcionarios que también estarían salpicados en el escándalo de corrupción.

La fiscal del caso detalló: “La Contraloría General de la República advirtió sobre la aparente pérdida de cinco de las 69 cajas respecto (sic). Hallazgo realizado el 9 de mayo del año en curso, y es que, señoría, permítame informarle que por la modalidad de contratación de la UNGRD no existe una digitalización de la documentación ni están subidas a las bases de datos que maneja el Estado”.

En medio de la investigación que viene adelantando la Corte Suprema contra Calle y Name, apareció en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra los dos congresistas argumentando que la “jurisprudencia ha señalado de forma reiterada que la misma ‘presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo psicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita’”.

El caso contra los congresistas del Verde y Liberal es completamente diferente a la que avanza contra los otros siete congresistas involucrados en la corrupción de la UNGRD, como el representante a la Cámara, Wadith Manzur. Según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, una decisión que obedece a los diferentes casos que estarían implicados.

El magistrado Chaverra aseguró: “Los casos entre Name y Calle están en cabeza del magistrado Farfán, pero cuando se estudió en el marco de la Sala lo relacionado con esa temática se pudo ver que esos casos están relacionados con presuntas coimas de un solo contrato: carrotanques”, y agregó: “Todo lo referente a los otros casos donde se involucra a siete congresistas, se habla de un presunto concierto para delinquir, ya es una situación de un entramado, según la investigación macro, que involucra varios contratos”.