Denuncia: el discreto encanto de un lote junto al aeropuerto de Barranquilla

Entidades públicas, personas y empresas están centradas desde hace años en una intrincada controversia sobre 77 hectáreas de tierra estratégicamente ubicadas justo a un lado del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Soledad (Atlántico), que sirve a Barranquilla, un área que encierra un enorme potencial de desarrollo urbanístico.

Actualmente, en parte de esta franja de tierra en disputa hay barrios de invasión, en los que viven más de 3.200 familias sin títulos. Aún quedan allí 27 hectáreas libres. Varios proyectos han planteado levantarse allí desde hace décadas, entre ellos una zona franca, servicios para la terminal aérea y hasta un centro comercial.

La disputa por esta tierra se centra, inicialmente, entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y dos familias de origen campesino que alegan tener la propiedad desde hace al menos 30 años, algo que les reconoció a estos últimos el Juzgado Primero Civil de Soledad cuando en 2003 les entregó la propiedad del predio denominado Viña del Rey.

Aspecto del predio Viña del Rey. Foto: archivo particular

Sin embargo, el ministerio exhibe documentos de lo que también consideran su propiedad. En un cuestionario enviado por SEMANA, Mincit respondió que había recibido el lote como herencia del antiguo Ministerio de Desarrollo Económico, en el que hace más de 40 años fracasó un plan para levantar una zona franca aeroportuaria.

El certificado de tradición con el que contaba la cartera indica que el predio está ubicado “al lado” de la terminal aérea, en un área que aparentemente se superpone a Viña del Rey y que -según el documento- ocupa una área de 91 hectáreas. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre el inmueble de propiedad del ministerio se están adelantando investigaciones de carácter penal por parte de la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la denuncia por la posible adulteración de títulos, instaurada por este mismo ministerio”, añadió la contestación oficial.

En contexto: Los muertos registran propiedades y piden exoneración de impuestos en Soledad

El lío es que el Ministerio -que parece no saber cuánta tierra posee en realidad-  incurre en contradicciones. Si bien la citada matrícula anota que tiene 91 hectáreas -14 más que en el predio Viña del Rey-, el informe de estados financieros a 2017 del Mincit habla de un terreno “contiguo al aeropuerto de Barranquilla” de 21 hectáreas, tasado en la cifra de 7’700.000 pesos, valor que no ha cambiado en los últimos tres años.

Por otra parte, en 2015 el entonces ministro Santiago Rojas, en una visita al Atlántico, dijo que el lote tenía 60 hectáreas. Ese año la entidad firmó el contrato 505 de 2015 por 28 millones de pesos para limpiar dicho terreno, que se describió como de 24 hectáreas. Sus ocupantes afirmaron a SEMANA que no recuerdan que tales labores se hayan ejecutado. Finalmente, la Secretaría de Planeación de Soledad indicó que el terreno sobre el que se cobran impuestos al ministerio es de 77 hectáreas.

Interés soledeño

Precisamente, la otra entidad interesada en quedarse con el lote es el municipio de Soledad, cuyo alcalde, Joao Herrera, anunció el pasado 13 de octubre durante una reunión sobre el POT local que “después de una serie de conversaciones y discusiones de tipo legal y judicial con el ministerio de Comercio Exterior (sic), nos van a hacer una cesión gratuita al municipio de 77 hectáreas, de los cuales los soledeños tenemos el dominio de la propiedad”.

Esto último, en referencia a asentamientos subnormales como Renacer, Viña de Rey, Villa del Rey Villa Mónica, Zarabanda y 23 de Noviembre, cuyos habitantes se han tomado con el paso de los años al menos unas 40 hectáreas y viven en medio de una compleja situación social.

Pese a la proclama de Herrera, notario con más de tres décadas de servicio antes de ser alcalde, Mincit aclaró a SEMANA que por ahora dichos terrenos no se han entregado y que por lo pronto “se está analizando jurídicamente una solicitud en ese sentido” presentada por el municipio.

Puede interesarle: Restauran un San Antonio y sus rasgos “femeninos" causan polémica en Soledad

Los planes de la administración de Herrera son regularizar la situación de aquellos residentes que lleven más de una década en posesión de los terrenos y titularles la tierra. Sin embargo, gran parte de las humildes viviendas están en riesgo por su cercanía con la pista del aeropuerto, algo que contraría el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) que establece que nada debe significar un peligro operacional en un rango de 13 km a la redonda de una terminal aérea.

Por otra parte, dichos barrios de invasión no compaginarían con la segunda parte del plan: levantar una “zona aeroportuaria” que “cuente con grandes restaurantes, hoteles, almacenes, hangares y talleres”, según ha dicho el alcalde Herrera, lo que ha despertado la suspicacia de quienes han dicho que las familias allí asentadas, de llegar a titularles los terrenos, les sobrevendría la expropiación.

De hecho, algo similar ocurre con varios dueños de viviendas en el casco histórico de Soledad, cuyos dueños se han quejado de la advertencia oficial de que serán expropiados si no venden -a un precio que consideran irrisorio- para dar paso al proyecto de ampliación de la plaza central. Además habría terceros que intentan comprar los predios, incluso bajo amenaza.

Decisión de por medio

Pero eso no es todo. El plan del municipio de Soledad para con el lote adyacente al aeropuerto podría chocar con la decisión del Juzgado Primero de ese municipio, que desde el 16 de septiembre de 2003 le entregó la propiedad de Viña del Rey a Robinson Eberto Rocha de Moya vía prescripción extraordinaria de dominio, es decir, por haber vivido allí de manera continua e imperturbada por 10 años (más de 20 en su caso), lo que le dio derecho a pedir su titulación.

Según documentos públicos, Rocha habría obtenido en 2003 las 77 hectáreas como pago a su trabajo de toda la vida como jornalero en las tierras de Luis Carlos de la Torre Rojas, quien tenía una hacienda de unas 5.513 hectáreas. De hecho, siempre tuvo su rancho y usufructuó esa esquina del feudo.

En 2003, tras el intento de los herederos del dueño de la hacienda de negar este acuerdo, Rocha interpuso una demanda que fue fallada en su favor y que fue llevada por la abogada constitucionalista Rosa Madera Sánchez, ex secretaria privada del alcalde Herrera.

Parte de la argumentación jurídica de la jurista tuvo que ver con demostrar la tradición de Viña del Rey, que se origina supuestamente en una enorme hacienda conocida como El Carmen, predio de tradición colonial y que contaba con un área de “cuatro caballerías” -medida antigua e imprecisa sin conversión oficial- y que se sitúa en jurisdicción del actual Tubará y partes de Puerto Colombia, Galapa y Barranquilla. Pero no Soledad.

Le sugerimos: El multimillonario negocio detrás del suelo en la sabana de Bogotá

Cuando fue confrontada por la Fiscalía por esto y por presuntamente presentar tres testimonios falsos, no pudo evitar el juicio y le fueron imputados los delitos de fraude procesal e invasión de tierras, cargos que no aceptó. Su proceso casi no ha avanzado, pues ella y su abogado, Jairo Garzón, con quien está casada, varias veces han dejado de presentarse a las audiencias.

Cuando vio las irregularidades, Rocha le revocó el poder a Madera y la acusó de deshonesta y de servir a intereses de terceros. La abogada manifestó, por su parte, que su cliente la había manipulado. Lo cierto es que Madera ejerce como gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, dependiente de la administración municipal.
 
Tras muchas idas y venidas, incluyendo una actuación administrativa de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla en enero de 2014 para establecer “la situación jurídica real” de las matriculas que sustentaban la titularidad de Rocha, esta fue reconocida. Sin embargo, él ya había muerto. En abril pasado sus sucesores finalmente registraron la propiedad una vez el juzgado certificó que la sentencia estaba “debidamente ejecutoriada”.

Firma falsa

No es la primera vez que Soledad pide la cesión de los terrenos. La visita en 2005 del entonces ministro Santiago Rojas buscaba un compromiso similar, pero todo fracasó. Hubo una vez en que las tierras sí estuvieron a nombre del municipio, aunque de manera extraña y fraudulenta.

En 2012 la secretaria general del Mincit, María Pierina González, denunció ante la Fiscalía una dudosa escritura que le entregaba el área adyacente al aeropuerto al municipio de Soledad, que posteriormente le vendió 29,5 hectáreas a un particular a la Asociación de Agricultores del Atlántico, Agrodatlan.

El escrito narra que en 1977 el ministerio realizó las compraventas de cuatro lotes que englobó 11 años después bajo la escritura 1371 de la Notaría Octava de Barranquilla, pero el documento que protocolizaba la transacción “fue sustraído”.

El terreno, por su parte -dice-, “fue objeto de una inscripción de una demanda de pertenencia que fue expedida de forma irregular”, además de recortes, invasiones y ampliaciones de linderos irregularmente amparados con documentos para darles “apariencia de legalidad”.

Puede interesarle: Narcotráfico, tierras, política: el drama de los líderes asesinados

Pero no fue lo único. Una demanda presentada en 2016 a nombre propio por el abogado César Augusto Orozco, en favor de los intereses de Rocha luego de que este aceptara venderle una hectárea, indica que la cesión del ministerio al municipio fue posible gracias a un poder firmado presuntamente por la entonces titular de esa cartera Marta Lucía Ramírez y añade que ella “no sabe nada al respecto”.

SEMANA consultó con el despacho de la Vicepresidencia de la República y Ramírez, a través de su asesora de prensa, dijo no recordar nada del asunto ni de haberse manifestado sobre ello en aquel entonces. Ella era la ministra de Comercio en 1998, cuando presuntamente se otorgó el poder y se hizo la citada escritura, pero llevaba cinco años fuera del cargo cuando -según el registro- se registró la cesión. La Fiscalía ordenó echar para atrás la operación.

Pero hay más. El escrito de Orozco indicó que la compraventa entre Soledad y Agrodatlan no fue firmada por la entonces alcaldesa, Astrid Barraza, algo que dice constarle porque para entonces él era su secretario de Gobierno.

Ello le da pie al abogado para señalar como el pretendido depositario final de las tierras a Esualdo Cure y a su empresa Inversiones Cure y Compañía. Tanto Orozco como Mincit piden en sus respectivos procesos que la Fiscalía llame a responder penalmente a Cure.

El último dueño

Alguien que dice conocer muy bien las intenciones de Cure es Bertulio Vargas Narváez, la dupla de Robinson Rocha en su empeño de conseguir las tierras y con quien forjó una amistad que significó la unión sus familias para permanecer en Viña del Rey.

Mientras Rocha demandaba para reclamar la posesión, Vargas procuró obtener en 2002 un amparo policivo por perturbación de la posesión en la Inspección de Policía de Soledad, lo que les daba alguna tranquilidad de que allí permanecerían.

Bertulio, de sombrero blanco, ante lo que era el aviso de amparo policivo. Foto: archivo particular.

Vargas Narváez, un natural de Malagana (Mahates) en Bolivar, señaló a sus casi 60 años que tanto él como su compañero fueron sujetos de amenazas y de desplazamientos por parte de hombres armados que lo declararon ‘objetivo militar’ y que su único pecado ha sido “defender lo que les corresponde”. Por ello la Fiscalía ordenó a la Policía su custodia, algo que -dice- han incumplido.

Una vez fallecido Rocha en 2013, Bertulio tomó su testigo y adquirió la porción mayoritaria de los derechos herenciales de sus sucesores, ya hartos de peleas. Ha denunciado que es víctima de acoso y señala que no es raro que de vez en cuando vayan a su terreno policías adscritos a la estación de Soledad “con supuestas órdenes de desalojo, cuando son ellos los que deberían protegerme”.

De su interés: Así se disputan la tierra en Colombia

Para Vargas, detrás de las acciones en su contra está Cure, a quien señala de “hacer negocios ilícitos en tema de posesión de tierras, no solo en Soledad sino también en Galapa y Puerto Colombia”. También apunta a Cristian Sanjuan, excandidato a la Alcaldía de Soledad (por Cambio Radical) y la Asamblea de Atlántico (La U). Ambas personas son reconocidas como cercanas a Joao Herrera y a su administración.

De hecho, la madre de Sanjuan es la contratista que presta el servicio de patios para aparcar los vehículos inmovilizados por la autoridad de tránsito de Soledad y que aparentemente, de forma irregular, estaría instalada en tierras de Viña del Rey.

Pese a que en este caso operaría la cosa juzgada a favor de Vargas, aún corresponde a las diferentes autoridades disciplinarias, penales y de registro público adjudicar responsabilidades y desenredar esta intrincada historia, que trae títulos coloniales, desgreño administrativo, corrupción, amenazas y desplazamiento.

Este caso es un espejo de los muchos casos de disputa territorial en el Caribe colombiano, que arrastran problemas desde la época colonial, máxime si se tiene en cuenta que la por la región ingresaron los colonizadores al resto del actual territorio nacional.

Uno de varios

Muchas de las reclamaciones pueden irse hasta los antiguos títulos otorgados por la corona española y, ante el cambio de medidas y costumbres, presentan serios inconvenientes en asuntos básicos para su resoluciòn, como las medidas y los linderos.

En ese sentido hay pendiente una importante decisión del Consejo de Estado que definirá la entidad que debe encargarse del complejo trabajo de ‘traducir‘ las medidas coloniales (que podían variar según la región) al actual sistema métrico. Es una ‘pelota‘ que se han tirado por años la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Metrología.

También es un tema de seguridad jurídica de los predios. Son repetidos los casos de pérdida de escrituras en las notarías locales y de manipulación de los registros en las Oficinas de Instrumentos Públicos. De hecho, las oficinas de Soledad y de Cartagena están intervenidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Sobre la mesa hay múltiples intereses políticos y económicos. Esto se nota aún más en Viña del Rey, que está ubicado en un sector clave para el desarrollo de Soledad y del área metropolitana de Barranquilla.