Solicitan vigilancia especial en investigación por violación de menor indígena

La representante a la cámara, Ángela María Robledo y el senador, Iván Cepeda Castro, solicitaron al procurador general de la nación, Fernando Carrillo, que se adelante una vigilancia especial a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de una menor de edad indígena de la comunidad embera katio.

De acuerdo con los congresistas, se debe adelantar una estricta vigilancia al proceso con el fin de esclarecer los hechos desde la instancia judicial, sancionar a los responsables, así como restablecer y reparar los derechos de la víctima.

De igual forma, le solicitaron al jefe del Ministerio Público que se adelante un proceso administrativo en el Ejército Nacional y en el Ministerio de Defensa Nacional, “con el propósito de determinar las condiciones institucionales que permitieron que ocurriera este crimen y que se establezcan medidas provisionales de protección para la menor de edad indígena, así como para su familia y para la comunidad embera katio, quienes se han expuesto públicamente denunciando estos hechos y defendiendo los derechos de la niña”.

“Para nosotros no solo como congresistas sino como defensores de derechos humanos, es imperativo que se tenga en cuenta en estos procedimientos la Ley 1719 de 2.014 –de la cual somos autores- en la que establecimos que, en casos de protección como este, se incorpore un enfoque de derechos humanos hacia las mujeres, generacional y étnico y que sea extensivo al grupo familiar y a la propia comunidad indígena” manifestó la representante a la cámara Ángela María Robledo.

Por su parte el senador Iván Cepeda, dijo que se le ha pedido a la procuraduría que, observe el desarrollo de este proceso y ejerza la vigilancia, puesto que la tipificación de este hecho no satisface los estándares que debieran ser aplicados en este caso. “Se debe tipificar como un hecho de acceso carnal violento y agravado, así como también, la circunstancia de que hubo un secuestro. Igualmente, el hecho de que se hayan llevado los soldados a un sitio de reclusión en una guarnición militar y no a un establecimiento carcelario”

Los congresistas igualmente dirigieron otra carta a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, en la que le piden que “fortalezca y garantice el acceso de protección, acompañamiento, atención en salud y psicosocial para la víctima y su núcleo familiar y le reiteran su preocupación dado que en un principio la menor de edad fue trasladada a un hogar sustituto del ICBF, desconociendo su entorno familiar y comunitario como primordial en el restablecimiento de sus derechos”.

“Realmente estamos muy preocupados por los casos que se han conocido, cuando pensábamos que había un límite para el horror, apenas hace pocas horas nos enteramos que otra niña también indígena de la comunidad nukak makú fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de integrantes de la fuerza pública en el Guaviare”, señaló la representante a la cámara, Ángela María Robledo.

Agregó que “algo debe estar fallando al interior de las fuerzas militares para que este tipo de hechos repudiables se sigan presentando. Yo precisamente desde el año 2012 he venido denunciando los abusos de integrantes del Ejército colombiano frente a la población indígena en Colombia y me parece que no se han tomado las medidas pertinentes para frenar este delito”.

Según el Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN, a partir de datos de la Red Nacional de Información –RN –en el periodo comprendido entre enero y el 31 de marzo de 2020, 168 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, de ellos 124 son niñas y niñas adolescentes y 44 niños y niños adolescentes.